Ocho de la mañana del jueves 11 de noviembre. En el módulo A de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, con capacidad para 22 boxes, se acumulan 43 pacientes. De los 21 que permanecen en camillas, muchos en pasillos de tránsito frente a ascensores de uso común y entre biombos, quince esperan que se desocupe una cama en las plantas de hospitalización para poder ser trasladados o aguardan una derivación a un centro concertado. En otra unidad del mismo servicio, dos usuarios llevan más de veinte horas sentados en un sillón recibiendo aporte de oxígeno. Tampoco hay lugar para ellos en otras zonas. La sobreocupación del área asistencial roza el 200% y en total son 74 los pacientes pendientes de ingreso, 69 en otras partes del complejo y cinco en clínicas privadas. A ello se le suma un repunte de Covid-19 en la isla con “nuevos casos inesperados por ausencia de síntomas o antecedentes epidemiológicos”.
Es, resumido, el parte diario que han elevado los médicos de urgencias a la dirección del complejo hospitalario para dejar constancia de su disconformidad con una situación con la que, dicen, no pueden asegurar “la seguridad clínica, confidencialidad, dignidad ni humanidad” en el trato a los usuarios. La congestión de pacientes se sucede “sin excepciones” jornada tras jornada. Una carta firmada por 22 facultativos de urgencias ha vuelto a alertar de las “pésimas condiciones” del servicio debido al déficit de personal, que les ha obligado durante los últimos cuatro meses a duplicar su actividad laboral y a hacer, de media, entre ocho y nueve guardias al mes, y a la “afluencia masiva” de usuarios, algunos de ellos con “remisiones inadecuadas de centros privados y de atención primaria” y otros que acuden a urgencias porque “no encuentran solución a su enfermedad por otras vías”. Como resultado, “una suma interminable de usuarios que empeoran las condiciones” en las que se presta el servicio, apuntan los profesionales. “No queremos trabajar menos, sino asistir con dignidad a los enfermos”.
En el escrito remitido a la Consejería de Sanidad, a la dirección del área de salud de Gran Canaria y a la gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, los médicos denuncian que algunos pacientes tienen que esperar entre cuatro y seis horas para poder ser atendidos y que, una vez son asistidos, deben permanecer en camillas en los pasillos de urgencias o radiología. Los profesionales llevan años advirtiendo de esta situación, sin encontrar más respuesta que la promesa de habilitar un nuevo espacio, un edificio cedido por el Cabildo de Gran Canaria, el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP).
Hace un mes, los facultativos ya dirigieron otra carta a la dirección en la que alertaban de una situación “crítica” en el servicio con el personal “extenuado y sobrepasado”. Desde entonces, han mantenido dos reuniones con la gerencia, pero siguen sin atisbar soluciones efectivas a corto plazo.
La dirección del centro señala que se ha activado un plan de contingencia para atender el incremento de la demanda asistencial. Entre las medidas adoptadas, cita la apertura del área de traslados durante 24 horas, el acondicionamiento de una estancia para las altas o la creación de un nuevo módulo para pacientes Covid que “permita aumentar el espacio derivado a esta patología e incrementar los recursos estructurales del servicio”. En materia de personal, asegura que se ha contratado a dos médicos especialistas adicionales, a seis auxiliares de Enfermería para el nuevo áreas de traslados, y a otros cinco auxiliares, cinco enfermeras y cinco celadores para el nuevo módulo Covid, además de mantener a los trabajadores incorporados para reforzar durante la pandemia “independientemente del volumen generado por esta patología”.
En el último escrito, los médicos advierten de que la situación continúa empeorando e incluso llegan a afirmar que la seguridad clínica (la prevención de lesiones al paciente o de eventos adversos no intencionados como consecuencia de los procesos asistenciales) está “gravemente comprometida”, con pacientes ingresados durante días “sin que se les pueda pasar visita, sin que se detecten complicaciones de forma precoz, sin que se reevalúen tratamientos”.
“No queremos marcharnos del servicio, nos gusta lo que hacemos, pero no estamos dispuestos a provocar daño o latrogenia (perjuicio ocasionado de manera no intencional) por unas condiciones que tienen que ser solucionadas por la administración y la dirección médica”, agrega la carta. “Queremos hacer nuestro trabajo y aportar seguridad a los pacientes”.
Para ello, reclaman a la gerencia agilizar la salida del servicio de los pacientes pendientes de ingreso en planta o que puedan ser derivados a las clínicas concertadas tras al alta todos los días de la semana, sea festivo o no. También piden que se investiguen y corrijan las causas por las que a diario tienen que asistir dolencias “que no son urgencias hospitalarias y saturan el sistema”, bien por “la incapacidad del profesional que deriva” o bien por prácticas instauradas en el complejo, como la de desviar a este servicio a pacientes de diferentes especialidades, sobre todo quirúrgicas, para “tratar complicaciones menores” por no poder acceder a consultas externas con mayor agilidad.
En la misma línea, exigen que no se siga usando urgencias para ingresar a usuarios de diferentes servicios y que el tránsito sea directamente desde las consultas externas hasta las plantas de hospitalización. “Somos médicos de urgencias, no internistas, neumólogos, cardiólogos... Sabemos hacer nuestro trabajo, que no es pasar diariamente planta de múltiples especialidades que permanecen hasta una semana en urgencias”, añaden los firmantes, que lamentan las “condiciones de habitabilidad” en el servicio y no tener, por ejemplo, un despacho para poder comunicarse con las familias de los pacientes.
El colapso del servicio hace que la distancia de seguridad entre los pacientes, “incluso en los peores momentos de la pandemia”, así como “la privacidad y la dignidad” de los usuarios, se hayan visto “seriamente comprometidas”. Los sanitarios señalan que la saturación les impide revisar tratamientos evolutivos o reevaluar y modificar tratamientos urgentes, una labor “primordial”, y les expone a los enfados de los usuarios e, incluso, al riesgo de ser agredidos por la demora en la atención. Exigen también “más tiempo” para “asistir a la muerte de pacientes terminales o de cuidados paliativos”.
El escrito llama además la atención sobre el hecho de que se esté utilizando “como fuerza de trabajo” a médicos residentes, en formación, “sin la adecuada supervisión” y también que se esté exponiendo a una plantilla de enfermería “extremadamente joven”, sin experiencia previa, a una “masificación sin precedentes” y sin posibilidad de apoyo porque los sanitarios “no dan abasto”. “Cada día nos vamos quedando sin alternativas”, concluyen.