“Gente sin casa y casas sin gente”. La situación de la vivienda en Canarias se asemeja cada vez más a la canción de Silvia Pérez Cruz. En las Islas hay más de 138.000 viviendas vacías que no están en alquiler, según la información que maneja el Instituto Canario de Estadística. Al mismo tiempo, los datos del Gobierno regional reflejan que hay 11.600 familias a la espera de una vivienda de promoción pública, aunque muchas ya no constan en el registro porque se han cansado de esperar después de tantos años de parálisis en la construcción de este tipo de casas. Además, hay 17.500 solicitantes de ayudas al alquiler que viven con la incertidumbre de si se les concederá la subvención para hacer frente a estos pagos.
El problema de la vivienda es uno de los principales temas que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de mayo. La crisis y la precarización laboral dificultan la posibilidad de adquirir un inmueble o incluso de vivir en régimen de alquiler en Canarias. Los precios de mercado se encuentran entre los más altos de todo el país, en torno a los 800 euros al mes de media, según los estudios de distintos portales inmobiliarios.
Precisamente, los desahucios por impago de alquiler han llevado al Gobierno de Canarias a tener que acelerar políticas en este sentido y en una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada de ASG Melodie Mendoza y con fecha de 22 de febrero de este año, la Consejería de Políticas Sociales explica que en lo que va de año ha intervenido en 198 casos de desahucios en Canarias, ya sea con fecha de desahucio determinada o pendiente de fijar. De ellos, 58 se debieron a impago de las cuotas de arrendamiento y 140 responden “a ocupaciones ilegales o desahucios en precario”. Un tema en el que colectivos como el sindicato de inquilinos, asesorado por la abogada Isabel Saavedra, también está siendo clave para detectar casos.
En otra respuesta parlamentaria a la diputada socialista María Teresa Cruz Oval, la consejería admite que la coyuntura económica actual está haciendo especial daño al sector de la vivienda. Esto lleva a muchas familias a perder su vivienda habitual o a padecer el riesgo de perderla. En el escrito se subraya que a través del Instituto Canario de Vivienda se está llevando a cabo el programa Canarias + vivienda x familia para frenar los desahucios. Sin embargo, los datos siguen siendo alarmantes.
Los juzgados de Canarias ejecutaron el año pasado 3.808 desahucios, 284 más que en 2017 (+8,1%), debido al aumento de casos relacionados con problemas para afrontar el pago de los alquileres, según datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 2018 terminó con 2.450 casos ejecutados (354 más que el año previo).
La consejería destaca en la respuesta a la diputada socialista que el problema de la vivienda además está generando un “incremento exponencial del número de personas sin hogar”, una situación que considera que irá en aumento y que requiere de una intervención conjunta de todas las partes implicadas. En el mismo documento, explica que, tomando un informe de Cáritas como referencia, en el que se retrata el perfil de personas sin hogar que esta asociación ayuda, se constata “la gravedad de situaciones de emergencia habitacional que estamos viviendo en Canarias”.
Años de parálisis
Años de parálisisTras años de parálisis en la ampliación del parque público de vivienda, el Gobierno de Canarias anunciaba a finales del pasado año la adquisición de 358 pisos en Añaza. Una medida que se argumenta en la amenaza de que estas casas fueran compradas por un fondo buitre, pero que se ha realizado sin realizarse un concurso público. No es el único anuncio que se ha realizado a tan solo unos meses de las elecciones. También se ha proclamado la explotación de 38 viviendas en Moya para destinarlo a arrendamiento a precios asequibles; también 24 nuevas viviendas en Valverde o la firma entre el Ejecutivo y Cajasiete para poner a disposición de las familias más vulnerables 13 viviendas.
Antes de que termine la legislatura, el Gobierno de Canarias ha anunciado que publicará el Plan de Vivienda de cara a los próximos seis años, un documento necesario para fijar directrices en este sentido, planificar la construcción y del que no se dispone desde el año 2012.
Precisamente, el problema de la vivienda en Canarias es uno de los que han reflejado un mayor número de quejas en el informe anual del Diputado del Común. El documento refleja el malestar de los ciudadanos con el incremento del número de desahucios, la necesidad de acceder a una vivienda o la falta de resolución de las ayudas al alquiler. Durante el año 2018 se han tramitado en esta Área de Vivienda un total de 147 quejas, de las cuales, 97 han sido incoadas en dicho periodo 2018. Esto supone un incremento del 12.79% de las quejas presentadas con respecto al año 2017.