Entrevista | Emilio Silva, sociólogo y activista por la Memoria Histórica

Emilio Silva: “No hace falta una ley para quitar el monumento a Franco, sino cultura política democrática y antifascista”

En Tenerife sigue en pie un monumento en honor a Franco y en toda España más de 5.700 vestigios de la dictadura permanecen en las calles. Emilio Silva es sociólogo, periodista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y esta semana se encuentra en Canarias, donde ha participado, primero en la Bienal de Arte de Lanzarote (allí, ha podido visitar la exposición sobre el Monumento a La Oscuridad) y después ha viajado hastaTenerife, donde ha intervenido en la iniciativa Imágenes contra el olvido. Un diálogo contra la impunidad del franquismo en el Aguere Cultural. En la capital tinerfeña ha recorrido y comprobado los vestigios y monumentos franquistas que aún permanecen en ella, entre ellos el ilegal monumento a Franco, que el catálogo de vestigios de Canarias ya ha señalado como uno de los elementos que deben retirarse en cuanto se publique la orden en su boletín oficial. “Mantener esos monumentos que celebran asesinatos, detenciones ilegales, torturas y a las mujeres convertidas en infraciudadanas, que celebran la persecución de los disidentes morales, el exilio de miles de personas que se murieron sin volver a abrazar y pisar los lugares que amaban, que dice que todo eso era bueno para esta sociedad …. pues eso debe reventarlo cualquier institución que tenga una cultura democrática. Lo triste es que encima haga falta una ley”, señala. 

En Canarias se encontraba Silva mientras la Ley de Memoria Democrática pasaba su último trámite en el Senado, pero aunque valora que se retiren los títulos nobiliarios a los herederos del franquismo, es muy crítico con la norma. “Hace un censo de víctimas y no de verdugos, va a enseñar la historia de quienes construyeron la democracia, pero no de quienes la destruyeron”, lamenta. También pide una oficina a la que puedan acudir las víctimas que quieran recuperar familiares, y que esta recuperación no esté sujeta a subvenciones. 

¿Qué balance hace de esta nueva Ley de Memoria Democrática? 

La Ley responde entrecomillas a que en 2014 se hacen públicos los informes de dos organismos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada y el del relator especial para la Justicia y Reparación de la ONU. Las conclusiones eran bastante duras contra lo que no ha hecho el Estado español, porque no lo ha hecho ninguno de sus gobiernos. El preámbulo de la ley es como una gran declaración de intenciones que luego esas 20 veces que dice: verdad, justicia y reparación no están en el articulado. La ley dice 28 veces la palabra víctima y cero veces la palabra verdugo, eso es una goleada de la impunidad. Y no cita a la Iglesia Católica como una de las grandes herramientas de la represión. Habla de hacer un censo de víctimas pero no de hacer un censo de verdugos. Si uno tiene que relatar un suceso no puede hacer con las víctimas como si hubieran convertido en víctimas casi por azar, descontextualizándolas y no haciendo el relato de quién decidió que lo fuera, cómo lo hizo y para qué lo hizo. Entonces, la ley habla de verdad, pero no se puede contar la verdad; se habla de justicia, pero no se deroga la Ley de Amnistía y la impunidad sigue en nuestro ordenamiento jurídico. Se habla de reparación, pero no se va a reparar a nadie, ni siquiera en el caso de los desaparecidos.  Se habla de la responsabilidad del Estado en la búsqueda de las desapariciones, pero no se sabe qué es. 

La ley dice 28 veces la palabra víctima y cero veces la palabra verdugo, eso es una goleada de la impunidad

Usted ha sido muy crítico con que las exhumaciones estén ligadas a subvenciones… 

No hay un organismo al que puedan ir los familiares a pedir ayuda, la ley no crea una institución o una forma de acceder al Estado para que ejerzas un derecho. La política va a seguir siendo algo tan terrible como convocar unas subvenciones para obligar a los familiares a competir entre ellos para ver quién deja fuera a otro grupo y que se tengan que unir los recursos. Eso, en materia de Derechos Humanos es gravísimo. En principio, lo que da a entender la ley es que esa responsabilidad del Estado se arregla con subvenciones, pero la responsabilidad del Estado se llama Convención contra la desaparición forzada que España ratificó en 2008 y que le obliga a muchas cosas que no están en la ley, que también depende de la voluntad política en temas como la apología del franquismo. Tenemos una ley desde 2007 que prohíbe los monumentos de exaltación de la dictadura, y en España hay más de 5.700 vestigios 15 años después. Quien ha tenido que ejecutar esa ley no ha tenido la voluntad política de que se cumpla a rajatabla. 

Te encuentras esta semana en Santa Cruz de Tenerife, donde perviven símbolos franquistas y un monumento en honor a Franco. ¿Has podido verlo? ¿Cómo es posible que se haya mantenido en estos años? ¿Faltaron sanciones a la anterior ley? 

Sí, he podido verlo. El Estado puede denunciar la prevaricación cuando no se cumple la ley conscientemente y tiene herramientas y abogados para hacer cumplir la ley. Si un ciudadano mañana no hace la declaración de la renta, va a aparecer el Estado a tirarle de las orejas y si un alcalde no incumple la ley de 2007, podría imponerse a ese municipio y ser el Estado el que quitara ese monumento. Si alguien hiciera en el País Vasco un monumento dedicado a un grupo terrorista no haría falta que fuera un ayuntamiento a quitarlo, iría la Audiencia Nacional. 

No hay justificación para que se haya mantenido… 

Es algo que también está en los informes de la ONU, que no puede haber una discriminación entre víctimas de distintas violencias. Y no puede ser que a los asesinos que decían defender una España “grande y libre” no les pase nada penalmente y si los asesinos de otras personas dicen que quieren “romper España”, se les persiga. Aquí, sí hay víctimas de primera y segunda. Mantener esos monumentos que celebran asesinatos, detenciones ilegales, torturas y a las mujeres convertidas en infraciudadanas, que celebran la persecución de los disidentes morales, el exilio de miles de personas que se murieron sin volver a abrazar y pisar los lugares que amaban, que dice que todo eso era bueno para esta sociedad …. pues eso debe reventarlo cualquier institución que tenga una cultura democrática. Lo triste es que encima haga falta una ley.

Tenemos una ley desde 2007 que prohíbe los monumentos de exaltación de la dictadura, y en España hay más de 5.700 vestigios 15 años después

Durante los últimos años se han puesto diferentes excusas, desde su posible valor artístico e incluso un concejal del PP habló del valor turístico del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. 

La Ley de 2007 es muy laxa y creó un refugio para el valor artístico, pero si mañana un escultor creara una escultura muy bonita con el símbolo de un grupo terrorista, ¿alguien diría, bueno, tiene valor artístico, lo dejamos? No puedes hacer una esvástica bonita, una esvástica significa lo que significa. El arco de triunfo de Madrid que celebra la victoria a Franco parece que no le ha molestado a ningún presidente. No hace falta ninguna ley para quitar eso, hace falta cultura política verdaderamente democrática y antifascista, que en una democracia no debería ser una cosa de un grupo que se presentan como gente radical, debería ser una cultura política natural en una democracia. 

Las asociaciones son las que han impulsado la búsqueda de familiares y las que han luchado en estos años, pero ¿cómo han sido estos años desde que el Gobierno de Rajoy derogó de facto la ley al dejarla sin financiación? 

Eso es un truco. No le hizo falta derogar porque las subvenciones las empieza a dar el Gobierno de Zapatero en enero de 2006 y la ley se aprueba en diciembre de 2007, 23 meses después. El primer Gobierno que incumplió la ley fue el primero que la escribió, que estuvo gobernando cuatro años. Dejó a Franco en el Valle de Los Caídos y a Primo de Rivera donde está, permitió que se siguieran haciendo actos de exaltación de la dictadura en el Valle cuando están prohibidos por la ley de 2007. Yo, por Transparencia pedí hace unos meses a la Policía saber cuántas personas habían sido denunciadas por exaltación de la dictadura, que te metes en redes sociales y ves montones de fotos hechas a partir de 2007 con banderas franquistas y cero denuncias. Eso demuestra la voluntad política. Si doy una instrucción a la Guardia Civil de que no dejen pasar ni una, no dejan pasar ni una. 

Lo que queremos es que se abra una oficina a la que puedan ir los familiares. No convocar unos recursos limitados que se acaban

Rajoy no derogó nada porque la ley no le ataba a nada. Lo triste es que si la Ley le hubiera atado a algo, él tenía que haber hecho el esfuerzo de haberla derogado en el Parlamento. Y, si hubiera incumplido de verdad, le hubiéramos denunciado por prevaricación. Lo que hizo el PSOE es el relato de que dejó sin partidas a la ley, pero la ley no tiene partidas económicas y no queremos subvenciones, lo que queremos es que se abra una oficina a la que puedan ir los familiares. No convocar unos recursos limitados que se acaban. Es un derecho y es universal.  Otra de las cosas que tiene la Ley es que va a haber un día, el 31 de octubre, para conmemorar a todas las víctimas de la guerra ¿Por qué tengo que celebrar ese dia el asesinato de mi abuelo y el de los golpistas que murieron dando un golpe a la vez? 

¿Considera que tenemos que avanzar mucho más en el ámbito de la Educación, pese a los pequeños pasos que se han dado de intentar incluir la memoria democrática en los currículum?

La Ley habla de afrontar la historia de hombres y mujeres desde el Trienio Liberal (1820-23), que arranca la construcción de la democracia española. Me parece perfecto, para gente como mi abuelo y gente que está en las fosas, el mejor homenaje está unido al texto, pero lo que no puede ser es que me cuentes eso y no quiénes destruyeron la democracia, quiénes fueron capaces de dar ese golpe. Lo que no puedes hacer es lo que hace esta ley y que la conecta con el modelo de impunidad que se construyó en la transición y es “no vamos a molestar a las élites franquistas”. Las que están vivas y disfrutan de las empresas que usaron esclavos políticos, los que robaron propiedades a punta de pistola, los que hicieron negocios gracias a la corrupción política y económica del régimen. Esos que no se preocupen que ni los vamos a mencionar. 

¿Cree entonces que la ley no es tan ambiciosa como debería para no molestar a esas élites que hoy día perviven?

Claro, hace un censo de víctimas y no de verdugos, va a enseñar la historia de quienes construyeron la democracia, pero no de quienes la destruyeron. Nosotros hemos pedido al Gobierno por registro hace unos días que cree una exposición donde se cuente qué fue el 18 de julio de 1936, quién lo organizó, quién lo disfrutó y quién se benefició de toda esa corrupción. Jamás se va a hacer algo así. 

En cuanto al punto en el que se habla de retirar los títulos nobiliarios a herederos del Régimen, ¿Cómo lo valora?

Sí, está bien, pero sería mejor contar quiénes eran esos nobles en los libros de texto. Nosotros fuimos los primeros que luchamos. Descubrí en el año 2008 en el BOE la renovación de los herederos de Emilio Mola y me puse a hurgar en el BOE y vi que desde la muerte de Franco hasta 2009 se habían estado renovando esos títulos. Me parece muy bien que se los quiten, pero me parece mejor que cuenten que la vida de esos nobles de una dictadura vaya a los libros de texto y eso no va a pasar. 

Ha habido generaciones que no tocaron nada de esto en los libros de texto y se ha perdido esa conciencia de memoria democrática, pero ¿cree que las generaciones actuales están un poco más informada? y ¿qué peligro suponen los avances de los extremismos en Europa en este sentido?

No ha cambiado. O sea, te comes en Segundo de Bachillerato la historia de Atapuerca a la Transición, 250 mil años y no ha cambiado. Y luego ves los libros de texto y salvo pequeñas excepciones se centran en la guerra de lo bélico, en batallas. Llevamos 22 años haciendo exhumaciones y en el 99% de los casos las hemos hecho en sitios donde jamás hubo una guerra, donde la gente no estaba en una trinchera pegándole tiros a la otra. O sea, ese discurso se mantiene y al final si tú políticamente dices esto pero no tienes la voluntad de que eso se haga en las aulas y que expresos políticos que viven hoy día vayan a colegios, ¿por qué no van los que quedan vivos y que conocieron esa dictadura y pueden contar cosas? Incluso las familias de los alumnos han estado implicadas en esa historia. Los abuelos del Estado Español han atravesado eso, y se pueden ir a casa y preguntar. Yo tuve la suerte de tener una profesora me dio la historia de España desde el presente hasta el pasado y cuando llegamos a los años 30 cada uno tuvo que hacer un trabajo sobre sus abuelos en la guerra y eso es muy fácil hacerlo hoy. Hay lugares como Catalunya que tienen que hacer un trabajo de investigación en Bachillerato y muchos eligen este tema y eso lo puedes fomentar. Es una experiencia muy interesante que los chavales de Bachillerato empiecen a rascar en sus historias familiares. Pero solo lo hacen algunos profesores. 

Todo lo que hemos hecho en 22 años lo debería haber hecho el Estado y ojalá hubiera una ley que dijéramos mañana hacemos una fiesta porque disolvemos la asociación.

España es una democracia que no ha exhumado a todas las víctimas del franquismo y me decías antes que no se debe ligar a las subvenciones… pero ¿cómo se afronta esta misión ahora mismo? ¿Qué avances se han producido en los últimos años?

Este Gobierno ha financiado 300 exhumaciones y solo ha identificado al 3,7% y el planteamiento es, les interesa buscar fosas y no desaparecidos. Nosotros cuando hacemos alguna investigación lo hacemos con nuestros recursos y antes de ir a un sitio y movilizar recursos tenemos que buscar voluntarios, pagar una excavadora … pues hacemos una investigación potente para saber a quién buscamos, tener familiares y a dónde vamos. Este Gobierno ha identificado al 3,7% ¿Cómo se puede trabajar tan mal? Un Estado tiene decenas de laboratorios de ADN en todo el territorio y universidades públicas para investigar y es dueño de los archivos de muchas fosas. Pero el Estado y todo su nivel institucional es el que tiene esos documentos. Lo que tiene muy triste la política de subvenciones es que es caciquil. 

Podríamos haber aprendido de Argentina

Ojalá. Aquí ni se les va a juzgar, ni condenar. Ni siquiera se les va a señalar. Y las víctimas, que me expliquen a dónde tienen que ir para localizar a un familiar desaparecido. Es perverso el mecanismo partidista porque lo que hace es distribuir el dinero a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Un ayuntamiento interesado en exhumar una fosa, al que normalmente se lo va a pedir una asociación a la que se lo ha pedido un familiar. Por tanto, siempre hay un montón de intermediarios para que el familiar no contacte con la institución porque yo creo que si un familiar fuera a una institución del Estado que ha ratificado la convención por desaparición forzada y el familiar le reclamara, en esa conversación se daría un contrato. Pero se hace con intermediarios para que no se produzca ese encuentro. Lo perverso es que estamos creando una discriminación adicional porque si mi familiar está en una fosa de un ayuntamiento dispuesto a pedir la subvención, tengo posibilidades de una ayuda, pero con el mismo caso y mismo derecho si hay un gobierno que no, no tengo esa posibilidad y eso está regulado y vuelve a ser gravísimo. Es como si de los resultados de unas elecciones en el País Vaco dependiera que las víctimas del terrorismo tuvieran alguna reparación o no. Se acaba de enviar otra partida hace poco a la federación y es lamentablemente un juego partidista. 

¿El sistema no es garantista entonces? cree que ¿no se ha escuchado suficiente a las asociaciones?

En materia de derechos humanos es gravísimo, porque los derechos humanos se basan y así dice la declaración de 1968 en la universalidad y no en el carné de un señor que está presidiendo un pleno, un Gobierno o una Comunidad Autónoma y lo que se hace con esta política es que dependa de eso. Llevamos 22 años ayudando a familiares a encontrar fallecidos y documentos y escucharlos, oírlos llorar a que nos cuenten cosas que nos digan que es la primera vez que las cuentan. Todo lo que hemos hecho en 22 años lo debería haber hecho el Estado y ojalá hubiera una ley que dijéramos mañana hacemos una fiesta porque disolvemos la asociación.