Empleados públicos temporales en huelga rechazan las oposiciones y piden su regularización

Empleados del Gobierno de Canarias catalogados como temporales pese a llevar más de una década en sus puestos de trabajo han vuelto a reclamar este jueves paralizar los planes de sacar sus plazas a concurso público como requisito para desistir la huelga que iniciaron el lunes.

La vicepresidenta de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Pefralca), Julia Jiménez, ha afirmado que abandonarán la huelga solo si obtienen la garantía de no enfrentarse a lo que describen como “la amenaza de oposiciones de libre concurrencia”, que podrían enviar al paro sin derecho a compensaciones por su despido a esos trabajadores -al menos 3.000 personas cuya edad media es de 50 años-, les llevaría a abandonar esa medida de presión.

Esta portavoz ha reiterado además la demanda del colectivo de que el consejero autonómico de Administraciones Públicas, Julio Pérez (PSOE), se avenga a negociar una solución a su situación, tras rechazar la oferta que la interlocutora fuera la directora general de Función Pública del Gobierno, Laura Martín.

Jiménez ha planteado estas exigencias a preguntas de periodistas durante una nueva concentración de protesta ante la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, tras varias más que su organización ha convocado desde semanas atrás en distintos lugares de Tenerife y Gran Canaria.

La situación de estos trabajadores, tanto en las islas como en el conjunto del país, es producto de “una contratación temporal abusiva que es culpa de los políticos, que han incumplido su obligación de convocar oposiciones años y años”, ha planteado la portavoz de Pefralca.

En esa línea ha afirmado que los proyectos de sacar los puestos de trabajo que ocupan a oferta de empleo público han surgido, en Canarias y en el resto el territorio nacional, después de que instancias europeas hayan exigido a las autoridades del país corregir la situación ilegal en que se encuentran.

Y ha subrayado que los afectados están de acuerdo con esa exigencia, pero rechazan que la solución sea “convocar unas oposiciones de libre concurrencia, de mucho riesgo para quienes llevan años y años al cargo de los servicios públicos demostrando su valía”, porque eso -ha sostenido- supondría “castigar a las víctimas de las prácticas abusivas de los políticos”.

En lugar de ello, Jiménez ha reclamado que “se adopten las disposiciones legales que sean precisas para regularizar la situación de esos trabajadores”, algo que ha asegurado que es viable.

Como argumento, ha aducido la obligación de las autoridades españolas y canarias de “respetar lo que es el principio de primacía, que significa que el Derecho Europeo está por encima de la legislación nacional, de tal manera que, si una normativa de un país va en contra de una disposición europea, tienen que acatarla”.

La vía para cumplir con esa obligación sería que los políticos del país y las islas “reformen las leyes necesarias para aplicar la directiva europea que obliga a la fijeza de los empleados públicos que lleven más de tres años de contrato”. Algo que, “de hecho, España ya lo ha hecho en el sector privado”, ha apostillado.