“El primero de los problemas que se plantean en Canarias es el actual y elevado número de demandantes de vivienda frente a la oferta disponible”. Es una de las frases que aparecen en el Plan de Vivienda 2020-2025 aprobado en diciembre en el Parlamento regional, que refleja la existencia de un total de 17.023 demandantes de vivienda, más de la mitad de promoción pública. Una de las herramientas para hacer frente a esa demanda es la empresa pública de viviendas de Canarias (Visocan), cuyo consejero delegado, Agustín Fernández Clemente, reclama mayor presupuesto para cumplir con sus objetivos sociales. Según la auditoría correspondiente a 2020 elaborada por PriceWaterhouseCoopers Auditores SL. ese año la sociedad cerró con un superávit de 8,1 millones de euros y un remanente de tesorería de 17 millones, 3,6 más respecto al final del año anterior.
Durante el mes de julio comenzaron a acampar frente al edificio de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife varias personas afectadas por desahucios. Entre ellas se encontraban 17 familias en El Tablero (ubicado en la capital isleña), a quienes el consejero delegado de Visocan, quien compatibiliza ese puesto con el de administrador solidario de una inmobiliaria, garantizó que la entidad pública adquiriría las casas en agosto de este año y no tendrían que abandonar los inmuebles, aunque matizó que era preciso que el Ejecutivo regional ampliara los fondos de la empresa para llegar a más personas en dinámicas similares.
Su postura les fue trasladada durante una reunión que convocó el propio Casimiro Curbelo, líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), uno de los cuatro partidos que sustenta el pacto regional. El presidente del Cabildo de La Gomera acudió a la zona de acampada y concertó un encuentro entre los afectados y su yerno, es decir, el consejero delegado de la sociedad. Visocan es una de las empresas públicas que controla Curbelo, fruto de las negociaciones para formar el llamado pacto de las flores tras las elecciones. En respuestas a este periódico en mayo de 2020 sobre su influencia en la entidad pública, Curbelo recordaba que el presidente es Sebastián Franquis, del PSOE, y su director gerente continúa siendo Víctor González, designado durante el gobierno de Coalición Canaria. “Lo único que no tiene es dinero, que se lo aportará el Gobierno cuando corresponda para hacer vivienda”, añadía. En los últimos diez años de sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, los últimos ocho con este director gerente al frente de Visocan, no se construyó una sola vivienda de promoción pública en el Archipiélago.
Que una empresa pública como Visocan haya obtenido un remanente de tesorería de 17 millones en 2020 se explica, en parte, por el aumento del capital realizado por el accionista único de la sociedad en febrero de 2019, la Comunidad Autónoma. En concreto, emitió 681 nuevas acciones con un nominal de 3.000 euros cada una, lo que supuso un incremento del capital de 2 millones de euros, hasta 13 millones, con un número total de 4.383 acciones. También las subvenciones o los ingresos recibidos el año pasado por alquileres (23,4 millones), fuente principal de financiación de la entidad, han contribuido a que el resultado financiero de Visocan sea de 6,6 millones antes de impuesto de sociedades, que lo aumenta hasta los citados 8,1 millones. En este sentido, la entidad solicitó en 2013 acogerse al régimen fiscal de arrendamiento que conlleva una bonificación fiscal del 85% en la cuota generada por la actividad de arrendamiento. Es decir, soporta un tipo impositivo efectivo del impuesto de sociedades muy inferior al general, del 25%.
Pero, desde el otro punto de vista, también se entiende el beneficio obtenido si se observan los gastos de la sociedad. Según la auditoría, durante 2020 el mayor gasto, de 6,1 millones, se produce en la amortización del inmovilizado, es decir, la depreciación de los activos. A su vez, también se detecta un deterioro de 5,8 millones en el valor de las viviendas. Con una plantilla de 55 personas, entre directivos, administrativos, técnicos o eventuales, en este apartado los gastos ascienden hasta los 2,2 millones. En servicios exteriores, como reparaciones, seguros o abogados, la cantidad fue de 3 millones.
Para una sociedad con unos activos por valor de 315,8 millones de euros supone un gasto escaso. Visocan suma un patrimonio neto de 176,9 millones y unas existencias (terrenos, solares, obras en construcción o construidas) de 24,6 millones de euros. Sin embargo, en este apartado la auditoría manifiesta que dentro de esta partida existen 8,1 millones que no ha podido verificar, es decir, que pueden ser, en todo o en parte, correspondientes a deterioro o recuperable. La sociedad cuenta con una rentabilidad económica del 28% (beneficio por ventas) y del 3,7% de rentabilidad de sus acciones.
Viviendas adquiridas
En cuanto a su principal objeto social, la promoción de viviendas de protección oficial, en la auditoría de 2020 también se refleja que Visocan adquirió mediante un segundo concurso público, tras quedar el primero desierto,15 casas en Icod de los Vinos por 1,5 millones a la promotora Inversiones y promociones Carmiteide SL; 11 en Puerto del Rosario (1 millón) a la Sareb y 15 en La Laguna (1,4 millones). Un cálculo del precio de estos inmuebles da como resultado una medida de entre 70.000 y 100.000 euros por cada vivienda.
Los fondos que permitieron estas acciones fueron ingresados en 2018 por el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI). En concreto, 11,6 millones para la adquisición de un total de 180 viviendas destinadas al alquiler durante 2019 a 2021. Dicha subvención se imputa a los resultados a medida que se amorticen los inmuebles adquiridos. También durante 2020, la entidad aplicó bonificaciones a sus inquilinos por la pandemia por valor de 635.268 euros que exoneraba del pago del alquiler o lo reducía al 50% a sus inquilinos durante los meses de abril, mayo y junio.
Además, Visocan aprobó en 2020 un Plan de Rehabilitación 2021-2023 por 30 millones, que se financia prácticamente en su totalidad con la aprobación de una carencia de tres años, 2020-2022, en el préstamo que la sociedad mantiene con el Gobierno regional, sin que se deba devolver en ejercicios posteriores. En este sentido, la sociedad mantiene una deuda de 41,1 millones con un tipo de interés del 1%. Y la deuda financiera que mantiene con entidades de crédito asciende a un total de 67,6 millones de euros, en concreto, con el BBVA, La Caixa, Bankia, Bankinter, Santander o el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En total, suma 124,5 millones de deuda, pero al ser pasivo corriente, es decir, devoluciones a largo plazo, en 2020 tan solo se contabilizan 2 millones de pago en este concepto.
Parque de viviendas
Al cierre de 2020, la sociedad gestiona un total de 5.754 viviendas en diferentes regímenes, casi todas en explotación. La mayoría (78%) son casas cuyos inquilinos son adjudicatarios públicos, es decir, por el ICAVI, que a su vez asume una parte de la renta que ingresa a la sociedad. Uno de los principales problemas es el retraso en los pagos a demandantes de fondos para sufragar el alquiler, una situación que ha llevado al ICAVI a contratar al Instituto Tecnológico de Canarias para agilizar los trámites ante la falta de personal.
Pero Visocan tiene otros modelos de gestión, como el alquiler sin ayudas públicas a los inquilinos que deben registrarse como demandantes de viviendas protegidas adquiridas por la sociedad mediante concurso público. Hay otra modalidad similar a esta, pero que incluye la posibilidad de compra de los inmuebles, aunque a efectos prácticos es residual, ya que en los últimos años tan solo ha recibido 879.419,19 euros de siete viviendas y dos garajes libres.
Y la sociedad también gestiona viviendas en las que la sociedad es la propia arrendataria y hace de intermediario con los inquilinos y la propietaria: desde 2019 y durante siete años, acordó la cesión de 40 viviendas en Las Chafiras con la promotora Comercial Guzmán SL y otras 109 viviendas en Icod de los Vinos con Inversiones Carmiteide SL (desde 2019 por 7 años) y con Building Center Caixabank (desde 2020 y durante cinco años). En total, debe abonar 1,3 millones de euros en los próximos años por contratos de arrendamiento no revocables. También ha llegado a acuerdos similares con La Sareb para gestionar 17 inmuebles.
Alquileres
El pago de los alquileres en el arrendamiento sufragado por el ICAVI se realiza en función de los ingresos de los inquilinos y en la gestión sin ayudas públicas en viviendas de alquiler y calificadas en venta, el importe mensual de la rentas oscila entre los 200 y los 450 euros. La sociedad relata en su informe de gestión que durante los últimos ejercicios se ha incrementado el nivel de morosidad de los inquilinos a causa de la crisis económica, una situación que, dice, se multiplica cada anualidad. Aunque la entidad relata que lleva a cabo acciones para firmar acuerdos, dicha acción no mitiga la situación.
En concreto, al cierre de 2020 el importe acumulado de recibos devueltos de inquilinos asciende a 11,9 millones, con un incremento durante el ejercicio de 1,9 millones. De estos, se ha llegado a acuerdos con inquilinos por valor de 1,4 millones, de los cuales 868.192 euros corresponden a firmas con vencimientos a largo plazo y 559.698 euros a finales del año pasado. Además, “con el fin de no perjudicar a estos ciudadanos, y siguiendo directrices tanto de diferentes ayuntamientos como del ICAVI se han suspendido las medidas de presión y se han paralizado todos los expedientes de desahucio, para los inquilinos que reciben ayudas al alquiler”, señala Visocan.
Se refería a los hechos sucedidos desde finales de 2019, cuando se desató una polémica por el intento por parte de Visocan de desahuciar a familias en Añaza (Santa Cruz de Tenerife), unos inmuebles que la sociedad compró al banco Santander y que se gestionan bajo el modelo de ayudas públicas. El gerente. Víctor González, firmaba las cartas en las que reflejaba la subida del importe del alquiler y conminaba a pagar la deuda para evitar lanzamientos. El ICAVI, entidad de la que depende Visocan, salió al paso negando que se fuera a ejecutar ningún desahucio, una declaración defendida poco después por Sebastián Franquis, consejero de Vivienda.
En este sentido, el informe de gestión de Visocan refleja que “la morosidad en Tenerife, en promociones sin ayuda a los inquilinos, tiene especial incidencia de dos promociones de Añaza (358 viviendas) adquiridas por la Sociedad en 2019. En la compraventa, la sociedad asumió deuda contraída por los inquilinos con el anterior propietario”.
Esta situación se repitió con otras viviendas en San Matías, en San Cristóbal de La Laguna. La acción fue la misma que en Añaza: a los inquilinos les llegó una carta en las que se les informaba de una subida del precio del arrendamiento (en algunos casos de 50 a 262 euros) además de apremiar al pago de la deuda (que podía ascender a 3.000 euros). Esto provocó protestas de los vecinos y llevó a que se acordara “la no conveniencia social de no interponer demandas de desahucios”, refleja la auditoría.
Tribunales
Visocan se ha visto envuelta en una maraña de demandas judiciales desde que aplicara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a la plantilla entre 2012 y 2016. Esta decisión, causada por la crisis económica, derivó en una suspensión de las tablas salariales pero, una vez finalizó el periodo, no se restablecieron, sino que en 2017 se acordó una reducción del sueldo a los trabajadores que tuvieron un incremento después del ERE con el objetivo de equipararlos con el del personal de la Comunidad Autónoma. En 2018 se firmó un acuerdo con los trabajadores para establecer un nuevo convenio colectivo, renovando el de 2008, que conllevaba un aumento del 2% del salario, pero al cierre de 2020 aún no ha obtenido el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y Planificación de la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos.
Al no poder aprobarse, se mantiene la tabla salarial vigente durante el ERE. Y esto ha dado lugar a que gran parte del personal demandara a la sociedad. Las acciones se dividen en tres tipos: de aquellos que reclaman llevar a cabo funciones de superior categoría como consecuencia de la reducción de plantilla; de trabajadores que piden cobrar su sueldo anterior al ERE y de 14 personas a las que primero se incrementó su salario y luego se le redujo. Muchas están aún pendientes de resolución y la litigiosidad tiene un coste estimado de 81.727 euros.
Este periódico ha preguntado al responsable de comunicación de Visocan, Santiago Negrín, sobre el coste medio de las viviendas que adquiere la sociedad o del metro cuadrado de un inmueble de promoción pública, entre otros asuntos. Pero el director de prensa se ha limitado a reenviar las cuentas que refleja la auditoría. Negrín, que fue el máximo responsable de Radio Televisión Canaria (RTVC) durante una etapa del Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), fue nombrado en la sociedad en marzo de 2021 ante la previsión del incremento de actividad “durante los próximos ejercicios”, principalmente a consecuencia del plan de Rehabilitación. En concreto, el informe de gestión firmado por el consejo de administración de la entidad en abril de 2021 explicaba que se iniciaron dos procesos de selección de personal con carácter temporal: uno destinado a la selección de un responsable de comunicación y otro para la selección de cinco arquitectos técnicos y/o ingenieros de la construcción. En la actualidad, Visocan cuenta con una plantilla de 61 personas que suponen un gasto de 2,4 millones de euros.