El Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST) ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una petición de medidas cautelarísimas que suspenda la obligatoriedad de presentar un Certificado COVID para poder acceder al interior de los locales de hostelería, así como a teatros o cines, en las islas en nivel 4 de alerta sanitaria (actualmente, solo Tenerife).
Fuentes del TSJC han informado de que esta cuestión se resolverá, previsiblemente, en las próximas horas y se le comunicará al Gobierno de Canarias, que se encuentra desde las 10.30 en su reunión semanal del Consejo de Gobierno.
De aceptar esa petición, se paralizaría de forma inmediata la obligatoriedad de presentar ese documento y sería el cuatro varapalo judicial contra las restricciones aprobadas por el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, tras no aceptar que se aplicasen ni el toque de queda ni los cierres perimetrales en las islas tras decaer el estado de alarma en mayo; ni las restricciones en los aforos en el interior de la hostelería en nivel 3; ni, por último, el toque de queda en Tenerife, o en algunos municipios, dada su alta incidencia del coronavirus en esta quinta ola de la pandemia.
El CEST, presidido por Roberto Ucelay, ya se posicionó también en contra de las medidas adoptadas para el sector de la hostelería en nivel 3, al considerar “excesivo” el decreto del Gobierno con aquellas restricciones e “injustas” las medidas aplicadas al sector de la hostelería. “Primero porque cierra interiores sin justificación científica y segundo porque reduce los aforos, cuando ya se había consensuado con el Gobierno el distanciamiento social de un metro y medio o dos metros entre las sillas”, explicó entonces.
El TSJC, finalmente, tumbó esas restricciones en nivel 3, y por tanto, el Gobierno las eliminó también del nivel 4. Ahora, con ya pocas opciones para frenar los contagios, se adoptó el Certificado COVID, obligatorio desde el pasado lunes, pero también esta medida ha sido recurrida.
“Lo mejor para la salud”
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este jueves que “respeta” que quien quiera, de manera individual o colectiva, acudir a los tribunales, pero que su Ejecutivo seguirá defendiendo “lo que sea mejor para la salud”. Torres ha admitido que cada vez cuenta con menos herramientas y, por tanto, “más difícil va a ser” contener la pandemia. “Nuestra obligación es seguir actuando como lo hemos hecho todos estos meses con medidas que han funcionado, como limitar el número máximo de personas en reuniones sociales”, medida que el Gobierno canario ha solicitado al TSJC prorrogar hasta finales de agosto.
Preguntado por si debieron ser más contundentes los argumentos del Gobierno para defender la aplicación de esas restricciones tumbadas por la justicia, Torres ha respondido que la contundencia está en las cifras diarias de ingresos hospitalarios, UCI y contagios. “Datos más objetivos que esos no tenemos”, ha defendido.