La Dirección General de la Función Pública ha revisado los protocolos de actuación para la realización de pruebas selectivas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, según recoge la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
La medida da cumplimiento al compromiso adquirido en este sentido por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, en la Comisión de Presidencia, Justicia, Igualdad y Diversidad celebrada el día 8, donde explicó el episodio de suplantación de identidad del exalcalde de Firgas, Manuel Báez.
Como afirma su exposición de motivos, la resolución busca garantizar el ejercicio del derecho fundamental al acceso a un empleo público en condiciones de igualdad respecto de quienes participen en los procesos de selección de personal funcionario y laboral, y garantizar la transparencia, la publicidad y la libre concurrencia, señala la Consejería en una nota.
Se adoptan así medidas de organización y de seguridad respecto del procedimiento de verificación de la identidad de las personas aspirantes, de evitación del uso de dispositivos electrónicos o cualquier otro medio que permita la realización fraudulenta de los ejercicios, así como se adoptan medidas que preservan la cadena de custodia de los exámenes y la inalterabilidad.
El protocolo revisado dirige parte de las medidas a un mayor protagonismo de las personas aspirantes en determinadas actuaciones, implicándoles en su realización, como son los sorteos que deban llevarse a cabo, el carácter público de las sesiones en las que se realicen los ejercicios, e incluso en determinadas correcciones, en los procesos de identificación de las personas aspirantes, o en el aseguramiento de los exámenes realizados.
Este nuevo protocolo será de aplicación a partir de este miércoles a todos los procesos selectivos que se convoquen en adelante, y también a los que se encuentran en curso, siempre y cuando respecto de éstos últimos se garantice que su aplicación se hará a todas las personas aspirantes por igual.
La resolución prevé también que la Dirección General de la Función Pública pueda ir incorporando nuevas tecnologías a los procesos de selección en futuras convocatorias, que se incluirán en el protocolo de actuación dentro de los límites legales existentes, esto es, preservando en todo caso la protección de los datos de carácter personal y el derecho a la intimidad de las personas aspirantes.