El Gobierno de Canarias ha aprobado la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria (ECTI), planificada a 16 años vista y que persigue dotar a la población de “una base cultural que afiance el derecho a crecer en plena igualdad” y sin discriminaciones por “orientación sexual, identidad, expresión de género o cualquier otra consideración personal relacionada”.
La estrategia, que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y en el Portal de Transparencia, la ha impulsado la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y pretende combatir las desigualdades de manera integral a través de la investigación, el análisis de los modelos culturales, la comunicación y la educación.
El Consejo de Gobierno ha encomendado a la Consejería de Derechos Sociales la realización de cuantos actos, medidas y acciones sean necesarios para impulsar su implantación, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.
La declaración institucional del Gobierno de Canarias con motivo del 25 de noviembre de 2019 anunció la puesta en marcha de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria con el fin de lograr “una Canarias libre de miedo a las violencias y al futuro”. Se trataba, pues, de emprender un proyecto para poner en práctica una efectiva igualdad social, “libre de discriminación hacia mujeres, hombres y personas no binarias”.
Para ello, “se parte de reconocer una Canarias diversa derribando las fronteras físicas o simbólicas que limiten el libre desarrollo de toda la población, desde una igualdad sin matices, es decir, una igualdad real y efectiva para mujeres, hombres y personas no binarias llevada a su máxima expresión con el objetivo de vivir en ausencia de prejuicios y estereotipos relacionados con la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género”.
La ECTI se enmarca dentro de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, resultante del proceso participativo de contextualización (o localización) de la Agenda 2030 de la ONU en Canarias, y recoge las metas específicas del archipiélago para la consecución de los 17 ODS, fijadas a través del consenso entre representantes de la sociedad civil, del sector empresarial, del tercer sector, de la academia y de centros de investigación, y de las administraciones públicas de toda Canarias.
Entre esas metas se encuentra la de “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, y “avanzar en la aplicación y evaluación de un marco normativo autonómico amplio que contribuya activamente a eliminar y evitar la discriminación por razones de género en todos los ámbitos de la vida social, económica, jurídica y profesional desde un enfoque de género incorporando la perspectiva de la interseccionalidad y abordando sus realidades diversas”.
La ECTI cuenta con dos grandes objetivos estratégicos que la guiarán durante el tiempo previsto para su implementación: integrar la igualdad y la diversidad en la ciudadanía canaria como valores sociales básicos e irrenunciables, haciendo de cada persona una aliada en la eliminación de las desigualdades y las discriminaciones en nuestro territorio, y diseñar una metodología e instrumentos de análisis científico que permitan generar nuevos indicadores entorno a la diversidad que hagan efectivo el derecho a la igualdad social.
Además, contempla siete líneas de trabajo: Escuelas que suman, Familias que suman, Cultura que suma, Deportes que suman en los ámbitos sociales más vulnerables, Administraciones públicas que suman y Empresas que suman.
El Consejo de Gobierno también acordó este jueves que Derechos Sociales destine 4,2 millones de euros al servicio regional de atención a menores con graves trastornos de conducta en régimen de acogimiento residencial.
A través de este servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, se atiende a menores con un desajuste emocional, familiar, social, educativo o por consumo de tóxicos muy grave y cuyas intervenciones en los hogares de protección no han dado resultados positivos.
El centro, de ámbito regional y con capacidad para 14 plazas, ofrece a los menores con este tipo de patologías el acceso a un proceso de intervención terapéutica global que incluye atención psicológica, psiquiátrica, familiar, social y educativa.
El acogimiento residencial en el centro de menores con graves trastornos de conducta se lleva a cabo cuando no es posible la intervención a través de otras medidas de protección, de tal forma que, a través del mismo, se proporcione al menor un marco adecuado para su educación, la normalización de su conducta y su reintegración familiar cuando sea posible, así como el libre y armónico desarrollo de su personalidad, en un contexto estructurado y con programas específicos en el marco de un proyecto educativo.