El Gobierno de Coalición Canaria y PP ha impulsado la derogación del Catálogo de Vestigios Franquistas de Canarias, por petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que siempre se opuso a este documento aprobado y publicado en la anterior legislatura. El informe incluye una de las esculturas que incumplen con la ley de Memoria Democrática, el monumento a Franco, además de casi cien símbolos solo en esa ciudad en un documento de más de 3.000 páginas.
El consistorio, liderado por José Manuel Bermúdez (CC), llevó incluso este asunto a los tribunales en su cruzada contra el documento, que solo recogía los vestigios de esta ciudad pero en el que se aclaraba que se irían incorporando progresivamente los de resto de municipios. De hecho, antes de terminar la legislatura anterior, se presentó el catálogo del resto de capitales canarias, que aún sigue sin publicarse en el BOC por el Gobierno actual.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este miércoles una orden por la que se da trámite de audiencia al expediente de revocación de ese catálogo, impulsado por el Gobierno anterior liderado por el PSOE junto a NC, Podemos y ASG.
“Visto el requerimiento interadministrativo formulado por el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 7 de julio de 2023, para que se derogue/revoque y, en consecuencia, se prive de todo efecto jurídico la Orden n.º 654/2022, de 4 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de Canarias ...” (es decir, la primera fase del Catálogo de Vestigios franquistas).
Según se recoge en la resolución, el 16 de abril se procedió a aceptar dicho requerimiento. Ahora, se abre un periodo de diez días para que los interesados puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
La batalla de Santa Cruz de Tenerife contra este Catálogo se evidenció desde un principio en la Comisión Técnica de Memoria Histórica, donde el alcalde votó en contra. Más tarde, un juez dio a la razón tanto al Ayuntamiento como a otras dos asociaciones contrarias a las Ley de Memoria Histórica y se protegió cautelarmente el monumento a Franco.
Cabe recordar que el Catálogo de Vestigios, coordinado por la catedrática de Historia del Arte María Isabel Navarro tiene como precedente otro trabajo también coordinado por ella y encargado por el propio José Manuel Bermúdez, y que llegaba a conclusiones similares, como en la referida a la retirada al monumento a Franco.
El Catálogo de Vestigios de Canarias fue publicado en noviembre de 2022 con todos los elementos que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife debía eliminar de su callejero. Se comenzó por esta ciudad porque ya existía ese trabajo previo encargado por José Manuel Bermúdez en 2018 para eludir responsabilidades en el juzgado cuando el abogado experto en memoria histórica Eduardo Ranz llevó ante la Justicia el monumento a Franco. Desde el anterior Gobierno de Canarias (liderado por Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Memoria Democrática) siempre se mantuvo que el catálogo se iría completando con el del resto de municipios de las Islas y, de hecho, existe un convenio de colaboración con las universidades canarias para completarlo hasta 2025.
La cruzada legal contra el catálogo
En enero de 2023 llegaba uno de los pronunciamientos más polémicos del TSJC, que ordenaba proteger de forma cautelar el monumento a Franco. El auto, del que es ponente Juan Ignacio Luque Casariego, estimaba un recurso de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel en contra de la decisión del Cabildo de Tenerife de no declarar como Bien de Interés Cultural dicha escultura. Por tanto, concluyó hasta que no quedara resuelto ese expediente, consideró que debía protegerse la estatua. El expresidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, recordó que ni los técnicos de Patrimonio de la corporación ni la ULL encontraron valor artístico en dicho monumento para declararlo Bien de Interés Cultural o que justifiquen su mantenimiento.
En mayo, el TSJC ordenó publicar de forma íntegra el Catálogo de Vestigios de Canarias en el BOC y apenas unos días después el Gobierno de Canarias subsanaba este error. No obstante, pronto llegarían otros autos ante los recursos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la asociación San Miguel Arcángel y la asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces.
Sobre el recurso presentado por el Consistorio, el TSJC compró el argumento defendido por el consistorio que hacía referencia a que el documento solo incluye los vestigios de Santa Cruz de Tenerife. En él se afirma que es un “grave quebranto” de forma la aprobación de un catálogo autonómico bajo la consideración de aprobación inicial. Una cuestión que considera “arbitraria” y afea que el Gobierno de Canarias no explique por qué se comienza por Santa Cruz de Tenerife. También la Sala destaca que esta decisión genera “indefensión” al Ayuntamiento porque no le permite tener criterios comparativos con otros municipios.
Asimismo, la Sala ve “difícilmente explicable” la falta de audiencia en la elaboración del catálogo, que no se hubiera publicado de forma íntegra en el BOC y que “solo se ha diseñado en exclusiva” para Santa Cruz de Tenerife cuando es un documento de rango autonómico. No obstante, cabe recordar en este punto que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sí que fue invitado a la Comisión Técnica de Memoria Histórica que aprobó el Catálogo de Vestigios Franquistas. Tanto el alcalde como el concejal Guillermo Díaz (PP) votaron en contra.
Una cuestión que llama la atención de este auto es que se entra en el contenido del catálogo. Por ello, la resolución judicial contó con el voto particular del magistrado Evaristo González, que se desmarcó de algunas de las afirmaciones realizadas en la misma, en especial a las afirmaciones “de carácter histórico” realizadas sobre personajes como Calvo Sotelo. Para dos de los jueces, para eliminar un nombre del callejero “no basta” con que ese personaje al que se alude tenga “cualquier relación con el franquismo”, sino “una participación activa y relevante en la sublevación” o la ocupación de cargos de “máxima importancia”