El Gobierno va a impulsar un plan de choque contra la explotación de menores ante la gravedad de los últimos casos conocidos en centros tutelados por varias comunidades y se ha fijado el plazo de un mes para presentarlo a las autonomías para su aprobación, ya que son las que tienen la competencia en este ámbito.
Los secretarios de Estado de Igualdad y de Derechos Sociales, Ángela Rodríguez y Nacho Álvarez, se han reunido este viernes con responsables de comunidades, de otros ocho ministerios y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para coordinar una respuesta “ante la extrema gravedad” de los casos conocidos en Madrid, Comunidad Valenciana o Baleares. “No podemos mirar para otro lado, es una cuestión en la que todos y todas tenemos que ser responsables y las instituciones tenemos que colaborar”, ha asegurado Rodríguez, quien ha expresado la preocupación del Gobierno por un tema que va a abordar con mirada de protección a la infancia y también feminista, “porque las víctimas son niñas”.
El plan va a incluir medidas específicas que tengan que ver con la lucha contra las violencias sexuales y la explotación sexual en particular, ha anunciado la responsable de Igualdad, basado en tres pilares: formación de profesionales que trabajan con menores, guía de actuación ante estos casos y un plan de reinserción sociolaboral.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Nacho Álvarez ha explicado que el plan “busca garantizar que el sistema de acogida de menores vele por sus derechos y por el interés superior del menor” y ha insistido en que “es un problema común, que no solo afecta a una o dos comunidades, sino que se da en ocasiones en muchos sitios”.
La iniciativa incidirá en la formación de los profesionales para que sean capaces de detectar casos de explotación sexual o de cualquier forma de violencia sobre las mujeres que va a realizar Igualdad. También trabaja en la elaboración de una guía para saber qué hacer ante una situación de este tipo. “Ya existen muchos protocolos de actuación en relación con los distintos tipos de violencia que sufren los menores, pero ante la violencia machista vamos a hacer unas instrucciones más claras sobre los protocolos de derivación y a qué recursos pueden acudir las víctimas”, ha detallado Rodríguez.
Además, dentro del plan de inserción sociolaboral para las mujeres en contexto de prostitución del Ministerio de Igualdad, se destina una parte a trabajar con las niñas y adolescentes, en este caso a través de un plan de inserción social y educativo.
Con el mismo objetivo de reforzar la protección de los menores, Derechos Sociales está elaborando los protocolos previstos en la ley de protección de los menores y en una estrategia para avanzar hacia un sistema donde se prime la acogida familiar de los menores y sean pocos los que residan en residencias. Para ello, se han destinado a Infancia 200 millones de euros de los fondos europeos hasta 2023 y 25 millones de euros de los presupuestos generales del estado a la aplicación de la nueva ley de infancia, concretan desde este departamento.
“Vamos a seguir trabajando en las próximas semanas, con las aportaciones de las comunidades; es un problema que llevamos enfrentando hace tiempo y las soluciones tienen que ser coordinadas”, ha asegurado Álvarez al término de esta primera reunión convocada para avanzar hacia ese plan de choque.
Desde Derechos Sociales, el secretario de Estado ha recordado que algunos de los fondos ya han sido transferidos a las comunidades dentro de la estrategia de desinstitucionalización de los servicios sociales.