El Cabildo de Gran Canaria prevé presentar en enero de 2018 la hoja de ruta que deberán ejecutar todos sus departamentos para propiciar la accesibilidad universal de la isla, un “requerimiento legal” que se cumplirá con la eliminación de las “barreras arquitectónicas e invisibles”.
Así lo ha adelantado este martes en una rueda de prensa la consejera de Política Social de la corporación grancanaria, Elena Máñez, al presentar el I Plan Insular de Accesibilidad Universal del Cabildo de Gran Canaria, un trabajo que ha encargado, por 43.000 euros, a la entidad Ilunion Tecnología y Accesibilidad, perteneciente al grupo de La Once.
Esta empresa desarrolla en la actualidad la primera fase del proyecto, relativa a una evaluación y diagnóstico de la situación de partida, para la que, además de trabajar con los técnicos del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, prevé realizar cuestionarios a entidades privadas y sociales para recabar sus demandas y su visión sobre la accesibilidad de Gran Canaria, según ha explicado la consultora social Mercedes Turrero.
Una vez identificadas las necesidades en la materia, Ilunion procederá a proponer actuaciones concretas, evaluar su coste estimativo y ofrecer las soluciones más adecuadas para cada una de las iniciativas que se considere oportuno ejecutar, lo que configurará la hoja de ruta a seguir para garantizar la accesibilidad universal de la isla.
Mánez ha estimado que con este plan el Cabildo de Gran Canaria irá más allá de las labores de sensibilización y concienciación que desarrollan hasta el momento tanto la corporación como el propio sector de la discapacidad organizada, ya que, en su opinión, esa tarea “no es suficiente”, sino que debe ir acompañada de “políticas integrales que tengan un impacto transformador en la vida de las personas”.
Por eso, el Cabildo ha querido “dar un salto y contar con un instrumento que permita a cada una de sus consejerías contar con un diagnóstico sobre el que poner en marcha acciones para ir eliminando barreras”, arquitectónicas “e invisibles, las que afectan a la discapacidad intelectual”, que impiden “ejercer plenamente sus derechos” a quienes les afectan.
La consejera ha recalcado que el objetivo de este plan es “tener un instrumento que sea útil, que permita propiciar líneas de colaboración con los municipios, ya que las barreras están donde vivimos, no en el Cabildo, y que sirva de ejemplo para otras administraciones”.
Tanto Máñez como Turrero han subrayado que la accesibilidad no es un fin en sí misma, sino que, además de un beneficio para toda la sociedad y un requerimiento legal a todos los niveles administrativos, es la vía para garantizar la inclusión social de todas las personas.