Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife fijarán un sistema similar en los próximos días para regular el control de los viajeros que se beneficien de la gratuidad del transporte público y reducirán el número de viajes obligados, hasta ahora un mínimo de quince al mes.
Según ha informado a EFE este martes el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, ampliarán además a tres meses los controles de viajeros que se efectuaban mensualmente con el fin de fidelizar el uso del transporte público y evitar que se emplee de forma “ociosa” para alcanzar el cupo de viajes obligado.
El consejero ha considerado también que la aportación del Estado y del Gobierno de Canarias no es suficiente para subvencionar la demanda del transporte público en la isla.
El Ejecutivo canario, ha agregado, debe demandar más dinero al Gobierno central para sufragar el transporte público gratuito, pero también debe aportar más de lo destinado hasta el momento.
En el caso de Gran Canaria, ha explicado que el coste ha sido de 71 millones de euros, de los cuales 48 millones han sido financiados por el Estado; el Cabildo, casi 20, y el Gobierno de Canarias, cuatro millones de euros.
La Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias comunicó ayer a la mesa interadministrativa del Transporte su decisión de no exigir los 15 viajes como mínimo al mes para disfrutar del bono gratuito y trasladó a los cabildos la decisión de fijar el modo para regular el control de los viajeros habituales, que son los que pueden disfrutar de esta ayuda.