Quedan apenas dos semanas hasta la entrada en vigor de las medidas para abaratar el transporte público colectivo en España, con sus diversos formatos y categorías, adaptados tanto a los sistemas de movilidad como a los territorios en los que estos se despliegan. Sobreviven sin embargo las incógnitas sobre el resultado de tales medidas en lo tocante a los motivos por los cuales el Gobierno de Pedro Sánchez se embarcó en este ambicioso programa de subvenciones. ¿Contribuirá este esfuerzo financiado con recursos públicos al ahorro energético necesario en los meses de otoño e invierno? ¿Supondrá un incremento en el uso del transporte público en detrimento del desplazamiento privado? Apenas se habla sobre ello, absortos como estamos en una discusión pueril sobre uno de los aspectos del plan: la gratuidad de algunos trayectos ferroviarios, los de cercanías y media distancia, para aquellos pasajeros que acrediten utilizar dichos servicios de modo frecuente. Y como en Canarias no tenemos trenes, se ha abierto la posibilidad de plantear un nuevo agravio, que es algo así como el corpus doctrinal de la política canaria en las últimas décadas. Y visto lo visto la tendencia solo amenaza con empeorar.
Me van a permitir que les plantee un ejemplo personal. Es el mío, seguramente el único sobre el que puedo argumentar con cierta autoridad. Soy usuario diario de los sistemas de transporte colectivo, básicamente en la isla de Tenerife y, con mucha menor frecuencia, en Gran Canaria. No es el mío lo que se dice un acto de sensibilización ni mucho menos de heroísmo energético-climático. Mi viejo Seat León me dejó tirado semanas después del confinamiento derivado de la pandemia y, ante lo costoso de su reparación, opté por darle una merecida jubilación camino de la chatarra. Ocurre que, si bien quiero aclarar de entrada que me encanta conducir, mis circunstancias personales actuales me permiten prescindir del vehículo privado (y de su coste en adquisición, mantenimiento, seguros y combustible): mis hijas ya son mayores y por tanto autónomas, lo que me libera de esa condición de chófer que acompaña a la paternidad en estos tiempos. De modo que mi trato con el coche privado está relacionado con los fines de semana o momentos de ocio, y para eso suelo tomar prestado el vehículo de mi hermano (José Joaquín, soy un caradura, espero que nunca leas este artículo). Y como quiera que buena parte de mi actividad profesional se desarrolla en la vecina isla de Gran Canaria, mi trayecto más frecuente tiene como destino el aeropuerto Tenerife Norte, que dispone de un servicio de Titsa razonablemente eficiente. Para todo lo demás, tengo las guaguas urbanas de la misma compañía y el servicio del tranvía metropolitano, cuestiones ambas que justifican de sobra la adquisición del bono mensual que por 38 euros me permite disponer de todo el abanico de transporte colectivo en la isla. Por cierto, es el bono residente canario más caro de los siete ahora en circulación, pero aun así siempre consideré que dicho coste (subvencionado por el Gobierno de Canarias, conviene recordarlo) es bastante asumible para mi bolsillo. A partir del 1 de septiembre, ya no serán 38 euros sino 19, en aplicación de la rebaja financiada por el Ejecutivo central, y que en las Islas alcanzará el 50% de los bonos de transporte público en guagua más el tranvía en el caso de la isla de Tenerife.
La cuestión que me planteo, y que atañe a mi caso, es la siguiente: la rebaja a la mitad de la factura del transporte público, ¿incentivará mi ánimo para recurrir al mismo? Con toda seguridad, no, porque los trayectos que haré serán básicamente los mismos. Lo que ocurre es que me saldrá más barato, cuestión que por supuesto agradezco. Aquí entramos, por tanto, en el primer aspecto vidrioso de la medida, y tiene que ver con la equidad. ¿Rebajas para todos o para quienes más necesitan del transporte público y más problemas tienen para costearlo? Es un asunto controvertido, aparte de difícil de resolver en la práctica por lo engorroso de su plasmación práctica en el plano burocrático. Pero sirve para suscitar una segunda pregunta relacionada con el objeto de la polémica política durante las últimas semanas en Canarias: y si la tarifa plana de la guagua me saliera no por 38 euros ni por 19, sino gratis, ¿haría mayor uso de ella? Probablemente tampoco, pero podría ser así para otros muchos usuarios, cuestión sobre la que apenas se ha hablado en Canarias, atontados como estamos en el dilema sobre si es procedente exigir a Sánchez que nos ponga algún servicio gratuito para compensar que en las Islas aún no tenemos trenes (y ojalá no los tengamos, me atrevería a añadir, pero ese ya es otro debate).
Un interesante reportaje firmado en este diario por el periodista Toni Ferrera ha intentado poner luz donde todo ha permanecido hasta ahora bajo la niebla derivada de las medidas de Sánchez y su presunto agravio hacia las Islas, que sin duda no será el último. El presidente del Gobierno central ha optado por sumarse al coro sobre la conveniencia de ofrecer cierta gratuidad en los servicios de transporte público, pero lo único que ha conseguido hasta la fecha es despertar los espíritus animales (en definición de John Maynard Keynes) de administraciones locales y autonómicas, que se miran de reojo como los escolares en un reparto de bocadillos en el recreo, planteando una cuestión cargada de simbolismo, pero también de puerilidad: ¿y a mí qué me das gratis? Esto al parecer nadie lo vio venir en el Ejecutivo central y tampoco en el canario, desde donde se argumenta ahora un planteamiento difícil de objetar, pero limitado en el plano emocional que domina la política en estos tiempos: la subvención del 50% a todas las guaguas (urbanas e interurbanas, es un matiz relevante) es mejor negocio para Canarias que el 30% en los autobuses y el tren gratis para el resto de España. Es lo que dicen los números con toda su certeza y frialdad. Pero… ¿qué pasa, que para nosotros no hay nada gratis?
El reportaje de Ferrera incide en algunas conclusiones de valor derivadas de la experiencia en aquellos territorios donde se ha aplicado la gratuidad en el transporte colectivo. Con la mayor intensidad, en la capital de Estonia, Tallin. Primero: el transporte gratuito incrementa el número de usuarios con carácter general, pero en un porcentaje bajo, porque aquellos que ya cogían la guagua mantienen su pauta de conducta, pero sin coste para su bolsillo, mientras se suman los usuarios oportunistas que (esto en el tranvía de Tenerife podría ser clamoroso) optan por usar el transporte público para realizar trayectos cortos que en condiciones normales realizan a pie. De modo que, oh paradoja, con el transporte gratuito no se reducen coches en las ciudades y carreteras, sino peatones en entornos urbanos. Tiene toda la lógica del mundo: veo que llega la guagua y me subo a ella para bajarme en la parada siguiente, que así me ahorro la caminata y más con este calor de justicia que amenaza con acompañarnos durante el otoño. Por cierto, para reducir coches en las ciudades no basta con potenciar el transporte público, también hay que imponer restricciones al vehículo privado, porque, como ocurre en muchos aspectos, la zanahoria solo funciona con un poco de palo añadido. La condición humana, que dejó escrito Malraux.
¿Hay excepciones a esta pauta dominante de conducta? Las hay, como revelan los estudios disponibles. Aparecen en aquellas zonas residenciales donde los ingresos medios son muy bajos, que es donde la factura del transporte público adquiere cierta relevancia para el bolsillo. El transporte gratuito sí animaría a estas capas de nuestra población (a muchos de nuestros conciudadanos canarios, no lo olvidemos) a salir del aislamiento provocado por la escasez material que sufren, con efectos beneficiosos en los planos laboral y hasta anímico. Son los mismos ciudadanos para los que la ya muy tensionada factura eléctrica supone un porcentaje elevado de su renta disponible. Eso por no hablar del coste del carrito del supermercado, la vivienda, el butano, etcétera.
Por tanto, quizá es sobre este segmento de población sobre el que deberíamos mantener un debate adulto para ir luego a Sánchez con nuestras reclamaciones. ¿Qué líneas de guagua son susceptibles de recibir una subvención que suponga la gratuidad para los ciudadanos con ingresos bajos? Desde luego no las que comunican con los aeropuertos, porque el traslado en avión ya presupone cierta capacidad económica. Quizá los corredores de la GC-1 y GC-2, y los de la TF-1 y TF-5, es decir, las grandes autopistas que comunican las áreas metropolitanas, pueblos y zonas turísticas intensivas en empleo, así como sus homólogas en Lanzarote, Fuerteventura y quizá La Palma. Es una suposición, porque esta cuestión deberían aclararla los expertos en movilidad, que permanecen en silencio en medio de toda la hojarasca inútil del agravio. Desde luego sería más útil que seguir inmersos en esta batalla dialéctica sobre la gratuidad de las guaguas, a la que resulta muy fácil sumarse, pero que en realidad aporta poco. Un ejemplo más de hasta qué punto en Canarias somos capaces de encontrar argumentos para discusiones improductivas. Ya sean, como en este caso, en dirección a Madrid como entre nosotros mismos, como está ocurriendo con la estrambótica pelea por acoger sedes de organismos estatales y europeos que aún no hemos conseguido o ni existen aún. Eso es materia para otro artículo.