La empresa Guaguas Municipales ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria el archivo de las diligencias abiertas contra la compañía por presuntas irregularidades cometidas en contratos de 2021 por un importe de 1,8 millones de euros, a raíz de una denuncia de la Fiscalía.
En un comunicado, Guaguas Municipales ha informado de la solicitud del archivo tras publicar este lunes el periódico Canarias 7 que la empresa estaba siendo investigada por estos contratos, ante un informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizó de manera programada los contratos de 2021 a siete sociedades municipales que gestionan el transporte colectivo urbano de viajeros en Córdoba, Málaga, Madrid, Valencia, Palma, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria.
Tras las conclusiones de la prueba pericial practicada por el juzgado, se ha solicitado el archivo de las actuaciones, como ya ha sucedido con las empresas municipales de transporte de Sevilla y Valencia, donde los juzgados han procedido al archivo de la causa tras las denuncias y posteriores investigaciones, indica la nota de la empresa pública de viajeros de la capital grancanaria.
Según Guaguas Municipales, dependiente del Ayuntamiento de la ciudad, estas diligencias tienen su origen en una denuncia de Fiscalía de Las Palmas que forma parte de la normalidad dentro de las labores de control que efectúa el Tribunal de Cuentas que, además en su informe, realizó una valoración positiva a nivel global.
Asimismo, precisa que las empresas fiscalizadas se encontraban en 2021 “en proceso de adaptación de sus sistemas de contratación” a los nuevos procedimientos.
En cualquier caso, Guaguas Municipales ha indicado que presentó ante el juzgado un extenso informe jurídico relativo a la fiscalización realizada, dando una explicación detallada sobre cada uno de los contratos sobre los cuales el Tribunal de Cuentas basó su informe.
En ese informe jurídico se ha demostrado que las contrataciones no solo obedecieron a la cobertura de necesidades básicas para la correcta prestación del servicio público, sino que además se ajustaron en origen al marco legal vigente en el momento de su contratación, recalca el comunicado.
En él se detalla que la Fiscalía solicitó la práctica de una prueba pericial a fin de corroborar lo manifestado en el informe remitido por Guaguas Municipales y en ella se llegó a conclusiones que refuerzan la postura de la empresa, refiere la nota.
Tras esa prueba, según Guaguas Municipales, no se detecta un uso ineficiente de los recursos de la empresa en 2021 ni ha habido falta de transparencia y la ausencia de contratación de proveedores nuevos (bajo el nuevo marco legislativo) en 2021, a su juicio, no puede entenderse como indicio del delito de prevaricación administrativa.