Doris Ramos (80 años) siente que no tiene elección. Su hermano, de 90, continúa ingresado en una planta del Hospital del Sur de Tenerife pese a que han pasado ya dos meses desde que recibiera el alta médica tras una neumonía. Él padece desde hace años un deterioro cognitivo que se ha ido acentuando y ella es su único soporte familiar. “Lo he tenido en casa mientras he podido, pero ya no puedo físicamente, ha perdido toda su autonomía”, cuenta. Hace más de dos años comenzó a tramitar el reconocimiento del grado de Dependencia para su hermano, que fue valorado el pasado mes de noviembre. “Hasta la fecha, no sé nada”, dice.
A la espera de que ese expediente camine y de que pueda obtener una plaza en un centro sociosanitario público, la otra opción que ha barajado para que abandone el hospital es el ingreso en una residencia privada. Pero los números no cuadran. Su hermano recibe una pensión de unos 700 euros y tiene una vivienda en Sevilla (donde residía hasta hace unos años) que Doris está intentando acondicionar para poder alquilarla y obtener unos ingresos “de unos 500 o 600 euros”. Una cantidad que sigue siendo insuficiente para sufragar la estancia en uno de estos centros. “En las residencias nos piden hasta 2.500 euros”, lamenta.
“Es una burrada que siga en el hospital, voy a verlo casi cada día, pero estoy colapsada. Lo peor es que no veo salida. Puedo hacer hasta donde puedo, no puedo más. Solo me tiene a mí y yo también estoy sacrificando muchísimo mi vida. Tengo una hija viviendo en Nueva Zelanda y unas nietas y ya no puedo ir a verlas”, explica la jubilada, que trabajó como matrona en un centro de salud del sur de Tenerife y que tiene otra hermana nonagenaria con una cuidadora.
Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, más de 300 mayores viven en los hospitales públicos de Canarias con el alta médica. En algunos casos, durante años. Son los denominados pacientes sociales. No disponen de plazas en residencias para recibir la atención sociosanitaria que requieren y tampoco pueden retornar a sus domicilios. Además, al quedar ocupadas esas camas durante prolongados periodos, la capacidad de ingresos en los hospitales se ve mermada. Es uno de los factores que dificultan la gestión en los episodios de alta presión asistencial. La falta de camas en las plantas impide el traslado de pacientes desde los servicios de urgencias, de manera que se produce un colapso en estas áreas y las personas en camillas se hacinan en los pasillos.
Las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales aprobaron en febrero una orden conjunta para facilitar la derivación de los pacientes sociales a centros “de tránsito” hasta que puedan obtener una plaza permanente dentro del sistema de Atención a la Dependencia. Según manifestó el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en una comparecencia parlamentaria a finales de noviembre, durante esos primeros ocho meses de vigencia se habían trasladado a centros sociosanitarios en virtud de esa orden a 401 pacientes. La mayoría (337), a privados.
El problema no es nuevo, pero se está agravando con el envejecimiento de la población y el consecuente aumento de las necesidades de cuidados de los mayores. Dolores Fabelo, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, diferencia entre tres casuísticas para explicar por qué una persona acaba viviendo en un hospital tras haber recibido el alta médica. Primero, las situaciones de “claudicación familiar” por falta de apoyo comunitario. Segundo, los casos de “abandono” de mayores, que “haberlos haylos, aunque son los menos”. Y tercero, las personas que viven solas. De estas últimas, “cada vez hay más”, advierte.
“Las familias siempre empiezan con voluntad, con ganas, pero cuidar de una persona dependiente es un trabajo sacrificado. Al final, muchas terminan claudicando porque no hay apoyo de ningún tipo en el ámbito comunitario”, sostiene. Para ilustrar la insuficiencia de recursos, Fabelo alude a esos servicios de ayuda a domicilio que se reducen a una hora al día o a la demora de dos años para gestionar el reconocimiento de la situación de Dependencia.
Maribel, residente en el sur de Tenerife, sufrió esas carencias con el caso de su madre, fallecida hace ya un año. “Se cayó y se rompió la cadera, le tuvieron que poner una prótesis. Cuando fui a pedir ayuda al ayuntamiento (en La Laguna, donde residía su progenitora), me dijeron que podían ir una hora para bañarla. Lo que necesitaba era que estuviera en un centro de día, que fuera por la mañana y que volviera por la tarde. Yo trabajaba a 80 kilómetros de la casa de mi madre y tengo una discapacidad del 54%”, remarca Maribel, que recuerda que esperó “tres o cuatro años” por la tramitación de la ayuda a la dependencia.
“No puede haber personas de 80 años cuidando también a sus parejas de 80 o 85 años solas. No hay nadie que les dé ayuda y eso es muy triste. Están abandonados”, añade Maribel, que también ha trabajado como auxiliar de enfermería en centros sociosanitarios.
Una situación parecida vivió hace seis años Fabiola (nombre ficticio a petición de la entrevistada). “Mi padre tenía Alzheimer. Habíamos solicitado la ayuda y tardó tres años en llegarle. Solo la tuvo los seis últimos meses de su vida y ya estaba en el HUC (Hospital Universitario de Canarias)”, donde había ingresado por una infección de orina. Cuando le dieron el alta médica, su familia se negó a llevárselo a casa. “No teníamos centro al que trasladarlo y su enfermedad estaba en un punto muy delicado. Era mi madre la que soportaba el peso de sus cuidados, con nuestra ayuda, y era una persona también mayor. Él necesitaba cuidados especiales y ni mi madre ni nosotras (sus hijas) podíamos dárselos”, sostiene.
Fabiola señala que, dos semanas antes de que su padre falleciera, le comunicaron que había una plaza disponible en un centro del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife. “Al final no se produjo el traslado porque mi padre estaba encamado, no tenía movilidad, y el montacargas del centro no funcionaba”.
Abandono y soledad
Dolores Fabelo admite que las trabajadoras sociales también se encuentran en su labor diaria con algunos casos de abandono familiar, aunque no se trata de un comportamiento habitual. “Hay familias que usan los recursos económicos de sus padres y madres cuando están en hospitales o que no se los llevan porque es muy caro cuando a lo mejor el paciente sí que tiene recursos económicos propios. O que no le gestiona una residencia privada, a pesar de que por condiciones económicas podría hacerlo, porque prefiere que vaya a una pública. Existe ese punto, sobre todo el de aprovechamiento de los recursos económicos, aunque afortunadamente son los menos”, explica la presidenta de la organización colegial.
En el tercer grupo, cada vez mayor, encuadra a las personas que viven solas. “Hay gente que no tiene a nadie alrededor y que tampoco tiene el soporte adecuado de la comunidad para garantizar que pueda estar sola en su domicilio. A esa persona, una hora de ayuda a domicilio dos veces en semana no le sirve. Necesita que la bañen todos los días o que le preparen un plato de comida todos los días”. Fabelo apunta que hay personas que llegaron hace décadas de otras comunidades y de otros países, sobre todo de Alemania y el Reino Unido, atraídos por el clima y las condiciones de Canarias, se asentaron en las Islas, rompieron el vínculo con sus familias de origen y ahora carecen de contactos y de soporte para sus cuidados.
Fernando (nombre ficticio también a petición del afectado) tiene 62 años y hace veinte que llegó a Tenerife procedente de Venezuela. Es diabético y un par de meses antes de la irrupción de la pandemia de Covid-19 sufrió una trombosis en su pierna derecha que acabó derivando en su ingreso en el Hospital de La Candelaria y en la amputación de la extremidad. Cuenta que permaneció siete meses en ese centro y otros siete en el Hospital del Sur, ya con el alta, hasta ser trasladado a una residencia de mayores situada en Bajamar (La Laguna), en el norte de la isla, a pesar de que vivía en el sur, en San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona.
“Soy músico y lo que ganaba me daba para solventar el pago del alquiler de mi apartamento. En el tiempo que estuve enfermo, como dejé de trabajar me quedé sin ingresos y me embargaron. Lo poco que tenía ahorrado me lo comí convaleciente en el hospital. Estoy solo, no tengo familia aquí y el único apoyo es un amigo que me ha acompañado durante todo este tiempo, pero él también tiene que luchar por su parte con una enfermedad”, cuenta
Fernando relata que, antes de ser ingresado, estaba tramitando una ayuda social en el ayuntamiento. “La pierna se me había gangrenado, ya no podía caminar ni trabajar. La intención era mudarme a un piso más barato, pero todo se quedó paralizado porque caí en el hospital”. A la semana de quedar internado en la residencia pidió un traslado. Se muestra muy crítico con la atención que le están dispensando. “El centro mezcla a pacientes terminales, pacientes psiquiátricos, pacientes seniles… Me siento encerrado, no quiero seguir aquí, quiero que me arreglen los papeles y que me den la ayuda”, dice el afectado, que se ha puesto en contacto con la plataforma Residencias Dignas para Mayores y Dependientes para dar a conocer y denunciar su situación con el fin de que “llegue a manos de la Fiscalía”.
Orden de derivación
Los colegios profesionales no están de acuerdo con la orden conjunta de derivación aprobada el pasado mes de febrero por las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales. Según Dolores Fabelo, esta norma supone una “puerta de entrada B” al sistema de Dependencia. “Si tengo a mi padre en casa y la trabajadora social me dice que tardo dos años en gestionar el reconocimiento de la situación de Dependencia para que pueda ir a una residencia, pero de repente veo que puedo llevarlo al hospital, que ahí me pueden elaborar un informe y puedo acceder por la vía rápida, voy a utilizar este recurso”, señala. En contra de esta postura se manifestó el consejero de Sanidad en su comparecencia parlamentaria de noviembre. “Que nadie piense que es un atajo para lograr plaza en centros sociosanitarios”, advirtió Trujillo, que también recordó que se trata de un problema “muy viejo, de décadas” cuya solución pasa por “poner de verdad” los recursos sociosanitarios necesarios para la población, una tarea que implica tanto a la Consejería de Derechos Sociales como a los cabildos.
“La mayoría de los ancianos que tienen el alta médica y continúan en los hospitales están esperando una plaza en una residencia. Debemos tener en cuenta que hay un déficit de alrededor de 8.000 plazas sociosanitarias y que en Canarias no se construyen residencias públicas desde hace años mientras las privadas siguen aumentando, sobre todo en la isla de Tenerife”, subraya la plataforma Residencias Dignas para Mayores y Dependientes.
Este colectivo señala que hay “muchas familias” que tienen a todos sus miembros en paro o con trabajos precarios y que no pueden permitirse asumir el coste de una residencia privada. “No olvidemos que también hay situaciones en los que la persona que cuida tiene importantes problemas de salud”. A ello se le suman los casos en los que los domicilios no están habilitados para las necesidades de las personas dependientes en cuanto a accesibilidad y recursos. “Urge la creación de plazas sociosanitarias públicas”, concluye la plataforma.
Más ayudas de cercanía y menos residencias
Para el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, en cambio, la solución debe pasar por otra fórmula. “Nosotros abogamos por que el sistema de Dependencia se estructure y se dote de manera adecuada, por que los servicios y los recursos se generen en el ámbito comunitario, en las administraciones más cercanas a la ciudadanía, en los ayuntamientos”, señala su presidenta. “Vamos a preguntarles a todas esas familias o a esas personas que están solas dónde quieren estar. Y te van a decir que en sus casas. El objetivo final de nadie es conseguir una plaza en una residencia, sino estar en sus casas, con sus cosas, en su entorno, y terminar sus procesos vitales alrededor de los suyos”, apunta Fabelo.
Para la presidenta de la organización colegial, la orden conjunta de Sanidad y Derechos Sociales y la apuesta por un sistema basado en “las macrorresidencias” contribuyen a “deshumanizar a las personas” y no persiguen una atención “centrada en la persona ni en sus necesidades, sino en el problema sanitario, en la ocupación de camas”. “Es un problema y es grande, pero la solución no es parchear el hospital, porque lamentablemente la población envejece y los hospitales se van a seguir llenando”. Según Fabelo, hay que dotar a la comunidad de recursos, de “un sistema potente de apoyo al ciudadano en todos los sentidos”, en el transporte, en los servicios de ayuda directa, a domicilio. También en atención primaria., para “que estés tranquila porque sabes que si a tu padre o a tu madre se le sube el azúcar durante dos y tres días seguidos y no lo puedes controlar puedes llamar a tu médico de cabecera y se puede acercar a ver a esa persona dependiente sin esperar una semana”.
El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas apuesta por dotar presupuestariamente a los ayuntamientos para que esos servicios de ayuda a domicilio, de proximidad, funcionen. “Ahora están saturados. Están limitando la atención a 45 minutos para bañar a la persona mayor, a una hora dos veces por semana para aseo… Estamos hablando de que debe haber una provisión de cuidados, no es un favor que hace el ayuntamiento”. Lo que plantea esta organización es que el dinero que el Gobierno de Canarias da a los centros sociosanitarios privados se destine a las corporaciones locales para que puedan incrementar sus plantillas y, con ello, aumentar y dar calidad a los servicios que prestan a sus vecinos.
“Evidentemente, siempre va a haber personas que necesiten atención residencial por su patología, pero son los mínimos en proporción a las personas que podían estar en sus domicilios con un buen soporte comunitario”, concluye Fabelo.