El Gobierno de Canarias está preparando una ley que servirá, entre otras cosas, para encajar dentro de la legalidad a casi todos los establecimientos hoteleros con licencias anuladas que no encajaban dentro del nuevo Plan General de Ordenación de Yaiza.
El anteproyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y sociales, que es como se llama, se tomó en consideración el pasado mes de diciembre en Consejo de Gobierno y deberá pasar por los informes del Consejo Consultivo de Canarias y del Consejo económico y social antes de llegar al Parlamento.
Lo que hace este anteproyecto es redundar en la solución prevista en el Plan General, que a su vez recogía lo que preveía la nueva Ley de Modernización Turística, que permite el aumento de la edificabilidad en un cincuenta por ciento para aquellos hoteles que vayan a mejorar sus zonas comunes sin aumentar el número de camas. Esta medida estaba pensada para la rehabilitación de establecimientos pero en la práctica se van a poder acoger a ella los hoteles con licencia anulada que hubieran superado el número de plazas que se les permitía, y así convertir esas plazas en zonas comunes y adaptarse al planeamiento.
Ahora la nueva ley recoge, según la página web del Gobierno, que “el incremento de edificabilidad será igualmente admisible en parcelas con establecimientos turísticos que pretendan la mejora de sus zonas comunes, sin aumento de la capacidad de plazas establecida, cuando así lo prevea el planeamiento o el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, sin que en ningún caso se supere el doble del coeficiente de edificabilidad de la parcela”. Es decir, dobla el aumento de la edificabilidad, que en el Plan de Yaiza se había fijado en el cincuenta por ciento, hasta el cien por cien.
La ley pretende aclarar «diversas leyes en vigor que requieren ahora su actualización para una mejor aplicación efectiva». Los cambios afectan a materias como hacienda, agricultura, ganadería y alimentación, obras públicas, transportes, etc. En política territorial, también establece criterios de interpretación del contenido que han de tener los planes y normas de los espacios naturales o los órganos competentes para evaluar el interés general.
Con el aumento de la edificabilidad del cincuenta al cien por cien se facilita a varios establecimientos que acaben encajando en el planeamiento municipal, insular y regional. A cambio del aumento, los hoteles deberían obtener la licencia y pagar las plusvalías correspondientes, así como abonar el 15% del aprovechamiento urbanístico.
La inclusión en el Plan General de esa disposición que aumentaba la edificabilidad ya había recibido críticas y alegaciones en el Plan, por considerar que después de haber incumplido la normativa, se regalaba a esos hoteles la posibilidad de ampliarse usando una disposición pensada para la rehabilitación. La Fundación César Manrique consideraba en sus alegaciones al Plan que, en caso de poner en práctica esa medida se estaría “generando una gran inseguridad jurídica”, una “clara desviación de poder» y ”se quebraría el principio de igualdad, en relación con los establecimientos que desde el principio se ajustaron a las leyes“.
El Gobierno, cuando se anunció esa medida que ahora se pretende aumentar, argumentó que no estaba hecha ad hoc para legalizar los hoteles de Playa Blanca. Responsables de la Consejería de Política Territorial aseguraron entonces que «está pensada para toda las parcelas, no para las que tienen las licencias anuladas“.