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Intersindical critica que el Consejo General del Poder Judicial “se inmiscuya” en cuestiones de personal

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

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Intersindical Canaria ha criticado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se “inmiscuya” en una cuestión sobre la que no tiene competencias, como es la organización de personal, y ha advertido al órgano de gobierno de los jueves de que se comporta como una “casta frente a la tropa”.

Este sindicato reacciona de esta manera al requerimiento formal que el CGPJ ha enviado este jueves a los Gobiernos de Canarias y Andalucía para que garanticen el cumplimiento de los servicios mínimos acordados en Justicia, algo que ahora no ve asegurado, en vista de determinadas decisiones que suponen, opina, “una sustancial reducción” de funcionarios trabajando en los juzgados. “Esta situación de emergencia parece que genera en los poderes tradicionales una conciencia de casta, de su propia importancia frente a la tropa, como si de generales escondidos en sus cuarteles dirigieran ejércitos”, replica Intersindical.

Este sindicato se pregunta “qué hace un órgano siempre tan celoso de su independencia”, como el gobierno de los jueces, “inmiscuyéndose en competencias que les son ajenas, como la gestión del personal de la Administración de Justicia”.

“Parece que hay quienes añoran en la actual coyuntura de estado de alarma 'los viejos y buenos tiempos'. Sin embargo, quienes pretenden erigirse en guardianes del cumplimiento de los servicios esenciales, no hacen mención a que estos han de estar garantizados también por el colectivo de jueces y magistrados, ni parece que sea necesario garantizar su presencia. Esto sí está en sus competencias”, añade.

Intersindical defiende que las soluciones por las que se ha optado en los juzgados de Canarias, primando la disponibilidad del personal sobre su presencia física en las oficinas judiciales, “no afectan apara nada al cumplimiento de los servicios esenciales”.

“Y, si no, que lo justifiquen, en lugar de hacer apreciaciones subjetivas”, apostilla esta organización laboral, que acusa al Poder Judicial y a la Comisión de Seguimiento de Incidencias en Canarias de “no saber estar a la altura, de exigir a otros sacrificios que ellos no están dispuesto a dar y de primar intereses profesionales en lugar de aunar esfuerzos para salir de esta”.