Las organizaciones políticas Canarias por la Izquierda en Gran Canaria, Alternativa por Tenerife-Sí Se Puede y Alternativa Ciudadana 25 de Mayo de Lanzarote consideran que la expulsión del activista uruguayo José Morales se debe a una larga persecución por parte de la Delegación del Gobierno y la Policía.
Según estas organizaciones, “el motivo de fondo es el papel jugado por Morales en las luchas y movimientos sociales y de solidaridad internacional en su isla de Lanzarote.” La expulsión se adoptó por la Delegación del Gobierno, “sin garantías ni supervisión judicial alguna, sin tener en cuenta las pruebas documentales y testifícales aportadas en contra de las falsas afirmaciones vertidas en los expedientes policiales.” “El mismo que denuncia, el poder ejecutivo, es el mismo que juzga”, señalan.
Destacan que la expulsión se produce acogiéndose a una “perversa norma legal”, como es la modificación de la Ley de extranjería hecha por el anterior gobierno del PSOE, que “introdujo un procedimiento sumarísimo que deja sin amparo la tutela judicial de los derechos políticos de la comunidad inmigrante, al darle absoluta preeminencia a los informes policiales.”
Las organizaciones subrayan que en el primer expediente de expulsión abierto a Morales se intentó evitar aclarar “lo que era el auténtico problema que se dio cuando un funcionario policial, franco de servicio, fotografió a los participantes en un acto de recibimiento a los niños saharauis que llegaban a Lanzarote dentro del programa vacaciones en paz”, y se preguntan si el policía “actuaba en una misión al servicio del estado español o formaba parte de la intensa colaboración que se mantiene con las fuerzas represivas marroquíes.”
En cuanto al segundo expediente, acusan a la Delegación de “fabricarlo” con la finalidad de amedrentar “a un potente movimiento social en contra de las injustificables prospecciones petrolíferas de la multinacional Repsol.”
“El ensañamiento político es ya claramente innegable cuando el procedimiento de expulsión se acelera al denunciar José Morales Brum la grave intromisión en su honor por parte del Subdelegado del Gobierno en Canarias que pretende enturbiar las auténticas razones de su expulsión, intentando revivir hechos claramente negados en resoluciones judiciales, con la única finalidad de debilitar el apoyo a José Morales”, señalan los tres partidos en un comunicado, que califican la medida como “más propia de los tiempos de la dictadura fascista que de una sociedad democrática.”