El Gobierno de Canarias ha ocultado el expediente administrativo del proyecto de ampliación del muelle de Agaete. La Justicia había requerido a Puertos Canarios (que depende del Ejecutivo regional), que entregara este informe antes del 4 de marzo. Sin embargo, el tiempo ha expirado.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria pedía el pasado 25 de febrero a Puertos Canarios que informara en el plazo de cinco días el motivo por el que no había remitido dicho expediente e impone una multa de entre 300 y 1.200 euros a quien Puertos Canarios designe como responsable hasta que entregue la información requerida.
Las diligencias han sido anunciadas este jueves por la plataforma Salvar Agaete, que llevó este proyecto a los tribunales. El colectivo considera que este hecho “no hace sino confirmar la estrategia de ocultación de Puertos Canarios y del propio Gobierno de Canarias que ha negado en todo momento el acceso a este expediente”.
Además, la plataforma reprocha que el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, negara en el Parlamento de Canarias la existencia de un estudio socioeconómico encargado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tras ser preguntado por esta cuestión por la socialistas Nayra Alemán. Sin embargo, unos meses antes explicaba en una entrevista en la Cadena Ser que muy pronto se daría a conocer un informe con datos actualizados de la ULPGC.
Esta noticia llega después de que Bruselas destrozara el principal argumento del Gobierno para seguir adelante con la ampliación del muelle de Agaete. Bruselas ha confirmado a través de una respuesta parlamentaria que “este proyecto no ha sido todavía seleccionado formalmente para la financiación con cargo al FEDER” y que aún no se ha transferido ningún pago. Por tanto, la urgencia que defendía el Gobierno queda injustificada.
El consejero de Obras Públicas y Transportes ha insistido en los últimos meses en que la obra comenzaría a finales de 2018 para poder justificarla con los fondos europeos en 2022. De ahí las prisas para adjudicarla el pasado verano por un importe de 44 millones de euros a la UTE formada por Sato Trabajos y Obras y Hermanos García Álamo. Sin embargo, los planes del Gobierno se han complicado y el proyecto no ha dejado de perder argumentos.