El Juzgado de Paz de Teror mantiene en su fachada simbología de la dictadura franquista. En el edificio se puede apreciar el yugo y las flechas de la Falange Española de las JONS tallado en piedra y el escudo con la espiga, pico y pluma del sindicato vertical, el único permitido durante la dictadura. Una situación que fue alertada por el concejal de la confluencia Sí Se Puede Teror Francisco López en 2015. Un año después, el 14 de abril de 2016 coincidiendo con el aniversario de la República, se aprobó en pleno eliminar todos los símbolos de la dictadura en el municipio, para dar así cumplimiento a la Ley de memoria histórica.
La votación de esta iniciativa de Sí Se Puede se aprobó con los votos en contra del PP (seis en total) que consideró que estos elementos pertenecen a la historia del municipio. No obstante, PSOE , NC, CC y Alternativa por Teror sí que apoyaron la propuesta. En diciembre del año pasado, tras haber pasado ocho meses desde la aprobación de la retirada de estos elementos en pleno, Sí Se Puede presentó un escrito pidiendo que se diera cumplimiento a lo acordado y en enero de 2017 la formación recibió como respuesta del Ayuntamiento que este inmueble no es de su propiedad, por lo que no podía proceder a su retirada.
La actual concejala de Patrimonio Municipal, Tewise Ortega (PSOE), asegura que desde su llegada al gobierno (en junio de 2016, tras prosperar la moción de censura contra la entonces alcaldesa Isabel Guerra) ha intentado dar solución a esta demanda y cumplir con lo que se aprobó en pleno. No obstante, señala que este edificio no es de titularidad municipal, el Ayuntamiento lo utiliza pero en realidad pertenece a la antigua Cámara Agraria, cuyos inmuebles pasaron a ser de titularidad de la consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.
La socialista explica que ya ha presentado un escrito a la oficina de Patrimonio Cultural del Ejecutivo, pero aún no ha obtenido respuesta. Además, señala que “repasando la Ley de memoria histórica” advirtió que en el artículo 15 se hace mención a aquellos edificios que pudieran tener consideración histórica o valor arquitectónico “lo previsto en el apartado anterior (retirada de monumentos franquistas) no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Como este inmueble se encuentra en una zona que es Bien de Interés Cultural (BIC) el casco histórico de Teror decidió pedir información al respecto al Cabildo de Gran Canaria.
Ortega señala que la corporación insular le contestó el miércoles pasado solicitándole documentación:“Piden la titularidad del inmueble y un informe de un historiador”, explica. Unos documentos que asegura que enviará a fin de que el Cabildo emita un informe dando las directrices de qué debe hacer el Consistorio.
El arquitecto municipal sí que ha realizado un informe señalando que “no ve” la retirada de los símbolos porque tienen su importancia dentro del catálogo de edificios protegidos del Plan Especial de Protección del Casco de Teror. No obstante, aclara que esperará a que se pronuncie tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Gobierno.
“Si se tratara de un edificio municipal se retirarían sin problema, pero es que no son de nuestra propiedad y pueden ser reclamados por el propietario”, señala la concejala. Para Ortega “en estos temas hay que ser prudentes”, aunque reconoce que entiende la postura del concejal de Sí Se Puede.
Por su parte, Francisco López asegura que seguirá insistiendo hasta que el consistorio tome medidas ya que “pasa el tiempo y se sigue incumpliendo la Ley de memoria histórica y no entiende que esta cuestión se siga dilatando después de un año aprobado en pleno. A la denuncia por esta causa también se ha sumado el Foro Canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo.