El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad su Ley de Renta de Ciudadanía. Un martes y trece histórico en el que todos los grupos han apoyado la necesidad de contar con este mecanismo que ayude a paliar las cifras de pobreza estructural que arrastra esta comunidad autónoma. Se trata de una herramienta que se prevé que llegue a aquellas personas a las que no llega el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que sustituirá a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que se irá extinguiendo en los próximos meses. Además, incluirá varios complementos como a la vivienda y la educación y hace mención especial a varios perfiles como personas que perciben pensiones no contributivas. También incluye complementos a los ingresos del trabajo, entre otras medidas encaminadas a lograr una mayor inserción laboral.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, resaltó que es una “ley que trasciende al Gobierno y al Parlamento” y apuntó que será una norma pionera. Tras la aprobación con todos los votos a favor de los grupos de la Cámara, se produjo un amplio momento de aplausos hacia todas las personas que han trabajado para que sea posible. El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, subrayó que esta Cámara ha cumplido hoy con el mandato que se propuso en 2018 con el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Por el grupo parlamentario socialista, David Godoy, afirmó que con ella se está garantizando a las personas “un nuevo derecho” y se da un “paso gigante” en la lucha contra la pobreza y exclusión social. Destacó que es una ley consensuada no solo con los partidos, también con la FECAI (Federación Canaria de Islas) Y la FECAM (Federación Canaria de Municipios). Así mismo, recordó que se aceptó la mayor parte de las enmiendas de los grupos en su trámite y por ello insistió en que es “una ley certera”. “Garantizar los derechos, programas y acceso a la inclusión social son los hitos que nos hemos marcado”, agregó.
Godoy también hizo referencia al importante papel que tendrán los ayuntamientos, como colaboradores necesarios y a quienes se le garantizarán los recursos económicos para poder actuar. “Por fin, podemos decir que Canarias se suma a ese tren de sumar derechos a la ciudadanía que ya venían haciendo en la Península”, añadió.
Desde el grupo parlamentario Nueva Canarias, Carmen Hernández sostuvo que es una “renta para la vida” e incidió en que no hay forma más importante de acabar el año que aprobando una ley para el planeta (la de cambio climático) y otra para la vida. “No siempre este Parlamento estuvo de acuerdo con tramitar una renta ciudadana”, recordó la diputada, que recordó que su compañero Luis Campos defendió esta iniciativa en 2019 en el Parlamento y se rechazó porque había “incertidumbre” económica. Hernández señaló que ahora se vive un período de incertidumbre y que no es “excusa”. “Tenemos el mejor Gobierno para el peor momento”, resaltó.
Hernández afeó que pese a que Canarias lleva muchos años con esas altas tasas de pobreza hoy haya quién reproche que esta no sea una ley perfecta. No obstante, celebró el consenso con el que ha contado la norma. “Hoy es un gran día para Canarias”, indicó a también alcaldesa de Telde, que cree que es “una cuestión de justicia social”. “La falta de ingresos en una parte de la sociedad afecta al consumo y en consecuencia al empleo”, agregó para quienes tienen dudas o no creen en esta renta. Además, recalcó que es una renta estable, que protegerá a pensionistas no contributivos y a menores extutelados. “Esta es una gran ley”, remarcó.
La diputada María del Río (Sí Podemos) enfatizó que Canarias, siendo la comunidad que lidera los datos de pobreza, va a ser la última en aprobar una ley de renta garantizada y afeó a Cristina Valido que no apoyara esta ley en la pasada legislatura cuando su partido la trajo a la Cámara. Apuntó que es un día histórico como ocurrió con la aprobación de la ley trans autonómica (que también salió adelante con consenso de todos los grupos). La diputada insistió en que “vivir dignamente” es una de las cuestiones más básicas y para ello es imprescindible el acceso a educación, vivienda, sanidad, servicios sociales o cultura, entre otras áreas. Esta norma es “inclusiva” y “para la inclusión”.
“El objetivo es que a nadie le falte lo mínimo”, destacó del Río, que defendió que Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias pretende ser la antesala de una Renta Básica Universal que su formación defiende como una cuestión fundamental a la que deberían tener acceso todas las personas por el hecho de nacer.
Jesús Ramón Chinea de la Agrupación Socialista Gomera dio la enhorabuena a todas las personas de los distintos grupos que han trabajado en ella. “Hemos puesto todos de nuestra parte para desarrollar este texto final”, reflejó el diputado. Resaltó la importancia de los complementos a vivienda y educación y las mejoras que ha incluido la norma, como el itinerario personalizado de inserción.
Una ley apoyada por la oposición
El diputado del PP Poli Suárez aseguró que la ponencia de esta norma ha sido “ejemplar” y reflejó la importancia que tiene para la ciudadanía que los políticos se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante el “documento más importante de esta legislatura”. Hizo referencia al trabajo del letrado en la redacción de la misma y a la colaboración para que esta ley llegue a buen puerto. Subrayó que, mientras en la ley de cambio climático hubo cierta polémica (este grupo y Ciudadanos votaron en contra), pero en esta norma, se han incorporado enmiendas de los grupos. “Hemos logrado en este grupo introducir en el texto más del 60% de sus enmiendas”, celebró el diputado, que resaltó que son más de 40 que el grupo popular consideraba básico para que esta ley favoreciera la inserción laboral y protegiera a la infancia, entre otras cuestiones.
Además Suárez resaltó que se ha presentado una transaccional para garantizar a cada municipio un profesional del trabajo social para este fin, que se incremente de forma proporcional a la población. Otro acuerdo “conseguido hace unos minutos” con el Gobierno ha sido el de otorgar incentivos a empresas que contraten a personas beneficiarias de la renta. “Hay que garantizar la contratación de personal”, insistió. “Hoy debemos felicitarnos porque estamos más cerca de la gente que peor lo está pasando”, insistió.
La diputada del grupo nacionalista, Cristina Valido, remarcó que “más allá de las discrepancias políticas que podamos tener” es importante agradecer a las personas que trabajan en la Consejería de Derechos Sociales y que hacen posible medidas como esta. Así mismo afeó la tardanza para tramitar la norma e insistió en que su grupo siempre ha apoyado esta norma, como manda el Estatuto de Autonomía. “Esta defensa nos lleva a votar a favor aunque hay cuestiones que no recoge” y que remarcó que seguirá defendiendo. Valido consideró que la PCI que despide Canarias ya dista poco de esta nueva renta. “No hay nada de qué presumir si con la guerra de Ucrania y la pandemia llegamos a 12.000 personas con esta prestación”, dijo. “No negaremos que la renta incluye algunas mejoras”, sin embargo sostuvo que no es la que los dirigentes de la Consejería pedían cuando estaban en la oposición.
Vidina Espino, portavoz del grupo mixto, apuntó que su voto sería afirmativo, pero que espera que esta norma llegue a las personas que más lo necesitan. No obstante, reivindicó algunas de las enmiendas que no entraron en el texto final, como en la que hacía referencia al silencio administrativo. Tanto Espino como Valido hicieron referencia a que Canarias tiene una realidad en la que las personas no pueden pagar una vivienda y viven muchas personas en la misma unidad, y ahí ven el fallo de la renta, que tenga en cuenta los ingresos de la unidad familiar.
Durante la votación se hicieron varias referencias a la diputada socialista y trabajadora social Teresa Cruz Oval, al director de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, la viceconsejera Gemma Martínez, así como a las personas que trabajan en la Consejería y que muchas de ellas se encontraban presentes en la sala.