Canarias pasó en los últimos cinco años de tener una lista de espera en dependencia de casi 9.000 personas a 5.549. Según el XXII dictamen de la Asociación de Gerentes y Directores en Servicios Sociales, esta comunidad ha incorporado cuatro veces más beneficiarios al sistema que la media estatal y empieza a salir del vagón de cola en el que llevaba sumida desde la aprobación de esta norma por el Gobierno de Zapatero en 2007. El último informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (de 31 de julio) detalla que en las Islas hay 38.957 personas con el derecho a la dependencia reconocido y de ellas, 32.796 disponen de Programa de Atención Individualizada (PIA) y prestación de acuerdo a la ley.
Este último informe detalla que en los últimos cinco años se ha pasado de conceder 22.532 prestaciones en 2018 a 43.668 en 2023, aumentando en más de 20.000 las ayudas en el marco de la atención a la dependencia. El documento del Imserso refleja que hace cinco años había 21.638 usuarios con el informe de atención individualizada (realizado por profesionales que valoran el grado de dependencia) y que de esa cifra se ha pasado a 38.957.
En el documento se refleja que se han recibido 59.710 solicitudes, de las cuales en su mayoría se trata de personas mayores de 80 años (25.068) y 13.726 de entre 65 y 79. En el mayor número de los casos se concede el grado dos (15.383 personas), aunque hay también una cifra elevada de personas con el grado tres (el más alto); 14.914. En el mes de julio se produjeron 727 altas en el sistema, aunque también se contabilizaron 446 bajas, en su mayoría por fallecimientos.
La prestaciones que se perciben actualmente
De las 38.957 personas que cuentan con el PIA realizado, la mayoría perciben prestaciones para el cuidado en el entorno familiar (15.614) o prestaciones vinculadas al servicios (13.361). No obstante, también hay 4.811 personas con atención residencial y 5.571 e centros de día o noche.
Entre los retos que Canarias arrastraba de legislaturas anteriores se encontraba desarrollar la teleasistencia, que beneficia en la actualidad a 2.336 personas, aunque debe seguir ampliando la cobertura. También destaca el mayor número de personas que se han incorporado como usuarias de servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal; 1.331 en total. En el área de “ayuda a domicilio”, una prestación que en su mayoría siguen cubriendo los ayuntamientos, aparecen reflejadas en esta tabla 644 personas.
Los retos pendientes
La atención a la dependencia es todo un reto en Canarias, una región con más de dos millones de habitantes y un total de 246.866 personas potencialmente dependientes. Son las mujeres quienes solicitan en mayor medida este derecho (un 59,01% y un total de 29.851) frente al 40,99% de hombres; 20.736.
Un informe del mes de enero de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales reflejaba que el Archipiélago tiene un déficit de 8.700 plazas en residencias. Uno de los principales problemas para que se construyan las 5.000 plazas que Canarias se comprometió en 2017 ha sido la falta de planificación y de ejecución. De hecho, un informe de fiscalización sobre la Consejería de Derechos Sociales instó el pasado año a elaborar un plan de infraestructuras sociosanitarias de acuerdo a la normativa y advertía de que “no consta” (al menos conforme a la normativa) la elaboración de un plan previo a los convenios que se firmaron en 2017 entre el Ejecutivo de Coalición Canaria y los cabildos para construir 4.460 plazas residenciales en un periodo de tres años.
La financiación es otro de los elementos que el informe destaca a mejorar. El promedio de gasto público por persona dependiente en Canarias (5.086,2 euros) se vuelve a alejar de la media nacional (6.131,6 euros) con un diferencial del -17,0%.
La nueva consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario, Candelaria Delgado, subrayó en el acto de toma de posesión de los integrantes de su área que el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales iba a ser su prioridad en este mandato así como mejorar el acceso de la ciudadanía a las prestaciones en tiempo y forma.
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