La Consejería de Derechos Sociales anunciaba en los últimos días que en solo un mes se había logrado incorporar al sistema de atención a la dependencia a 890 personas. Se trata de un hito histórico, ya que durante el mandato de Patricia Hernández (PSOE) al frente del área había logrado incorporar en el mismo período unas 500 resoluciones. En el pasado mes de febrero también se produjo una buena cifra, con 634 altas. No obstante, llegar a toda la población que requiere de alguna de las prestaciones que se recogen en la Ley de 2007 es todavía un reto. Según los últimos datos publicados por el Imserso, marzo cerró con 10.191 personas con el derecho reconocido pero a la espera de la ayuda. Es decir, de las 37.257 que deben ser beneficiarias, 27.736 cuentan con el Programa Individual de Atención.
Entre las últimas medidas anunciadas para reducir esta lista de espera destaca el encargo a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, entidad pública dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, para la elaboración de informes sociales, trámites de consulta y propuestas de Programa Individual de Atención, con el objetivo de disminuir la lista de espera de las personas solicitantes a las que se ha reconocido grado de dependencia pero no están siendo atendidas. Una iniciativa para la que se han destinado 647.487,60 euros. Además, la actual directora del área, Marta Arrocha explicó a mediados de marzo que se ha optado por contratar a un total de 18 trabajadores sociales y 6 auxiliares administrativos que trabajarán en la reducción del número de expedientes.
Hay prestaciones que durante años quedaron desiertas en esta estadística del IMSERSO como teleasistencia o ayuda a domicilio (esta última promovida especialmente por los ayuntamientos al margen del reconocimiento de grado de dependencia). Actualmente, Canarias cuenta con 27.736 personas con el programa individualizado de atención. De ellas, 10.535 reciben una prestación económica para cuidados familiares; 8.750, una prestación vinculada al servicio; 4.101 personas reciben atención residencial y otras 4.613 se encuentran en centros de día o de noche. Además, 1.096 se encuentran en el programa de teleasistencia (durante años no implantado) y 245 aparecen como beneficiaros de la ayuda a domicilio y 677 en los programas de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.
Claves del plan firmado en julio
El 29 de julio del pasado año, el entonces director general de Dependencia, Miguel Montero, suscribió el Plan de Acción para la mejora de los tiempos de tramitación del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones del Sistema. Se trata de un documento en el que se reflejaba como prioridad número uno, la implantación de la dirección por objetivos, lo que permite desde entonces contar con una planificación más rigurosa y que “requiere la participación activa de todo el personal fundamentándose en la definición de las metas de la organización y planificación”.
El segundo de los objetivos para reducir esta lista de espera es el de implementar un gestor de expedientes que sea capaz de agilizar las solicitudes. Su ausencia es “es una de las mayores dificultades a la que se enfrenta la Dependencia en Canarias. Miles de expedientes deben ser gestionados manualmente con herramientas rudimentarias (como hojas de excel), lo que hace que la gestión sea lenta, tediosa, engorrosa e inoperativa”, señalaba el documento. Todos los datos y documentos deben ser mecanizados a mano y volcados en sistema de atención a la dependencia, por lo que se hacía necesario contar con un gestor que permitiera una tramitación eficaz. En 2019, parte del equipo de la Consejería liderada por Podemos se desplazó a distintas comunidades autónomas para conocer su tecnología en este sentido, se concluyó que el sistema de información de Extremadura es el más eficaz y ya se encuentra adjudicado.
Otro de los puntos clave para desatascar esta ley es el de incrementar la interoperabilidad en el acceso de la documentación. El plan ratificado detalla que en 2020, tras varias solicitudes desde esta Dirección General de Dependencia se cuenta con acceso a la última modificación del padrón del solicitante. Esto ha supuesto “un gran avance” al no tener que requerir este documento al ciudadano cuando se confirma que ha residido en territorio español los cinco años anteriores a la fecha de registro de solicitud. No obstante, esa interoperabilidad es necesaria en otros ámbitos, como en el de la salud, ya que en ocasiones las personas que acuden a los domicilios a hacer las valoraciones se encuentran con que los solicitantes de la ayuda tienen un estado de salud más deteriorado, pero la gran mayoría de las veces no consta en el expediente documentación médica que confirme o acredite este agravamiento. Por ello, se ponía de manifiesto la necesidad de recabar dicha documentación para cerrar la valoración, por ejemplo, teniendo acceso al sistema Drago (accederse al historial clínico completo del solicitante).
Para agilizar la ayuda a la dependencia, se hace necesario también promover que los ayuntamientos realicen los informes sociales. La Consejería ha insistido mucho en este punto y el Ministerio aprobó una partida en 2020 para este fin. La Dirección General detallaba en ese plan que se seguirán manteniendo reuniones con los diversos Ayuntamientos que aún no colaboran en esta tarea para tratar de llegar a acuerdos que materialicen la emisión de estos informes por los técnicos municipales. Por otro lado, se avanzaba la necesidad de contar con la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social.
Plan de Infraestructuras
Ese documento suscrito en julio hablaba también de prorrogar los convenios con los cabildos para la gestión de la cartera de servicios y que se materialice el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias (que preveía unas 5.000 plazas residenciales más). Sin embargo, el Gobierno de Canarias deberá redactar ahora un plan de infraestructuras sociosanitarias de acuerdo a los requisitos que marca un real decreto de 2008. Así lo manda un informe de fiscalización sobre la Consejería de Derechos Sociales del ejercicio pasado, en el que se recoge que “no consta” (al menos conforme a la normativa) la elaboración de un plan previo a los convenios que se firmaron en 2017 entre el Ejecutivo de Coalición Canaria y los cabildos para construir 4.460 plazas residenciales en un periodo de tres años. Unas obras de las que, al menos en 2020, se habían ejecutado tan solo un tercio de ellas y cuya construcción se ha prorrogado hasta 2024 por el actual equipo de Gobierno.
Otros retos
El Gobierno de Canarias deberá además impulsar el programa Canarias te cuida, para lo que utilizará fondos europeos. Viviendas compartidas, pisos intergeneracionales, residencias más pequeñas o hasta 12.000 viviendas en las que la domótica hará más accesible la vida a personas dependientes. Un proyecto del que se espera empezar a obtener resultados el próximo año.
El documento de julio también hacía alusión a la histórica falta de personal. El pasado año se anunció la incorporación de 101 personas para dependencia y discapacidad, pero de ellas se cuenta con 58 trabajadores y trabajadoras entre ambas provincias. Así mismo, se aprobó la ampliación del contrato programa en un total de 48 efectivos. En el documento se establece también la necesidad de incrementar la RPT.