A partir de este lunes los ciudadanos de Tenerife que no han recibido la vacuna contra el coronavirus o han decidido no ponérsela solo podrán acceder a los interiores de restaurantes, teatros, cines y gimnasios si presentan una prueba diagnóstica negativa (PCR o antígenos) realizada en las últimas 72 horas o acreditan haber superado la enfermedad en los últimos seis meses. Canarias se une a la medida de moda que se está expandiendo por Europa, con países como Italia y Francia que ya la han aprobado, y comienza a exigir un certificado de inmunización contra la COVID-19 para ingresar en algunos establecimientos en las islas en nivel 4 de alerta sanitaria, la más restrictiva de todas. Algunos expertos consideran que se podrían estar vulnerando los derechos fundamentales de miles de ciudadanos.
Atendiendo a los datos de la campaña de vacunación se puede realizar una estimación de a cuántas personas afecta esta nueva normativa en la isla de Tenerife, único territorio canario en nivel 4. La mayoría serían jóvenes entre 20 y 39 años, alrededor de unos 180.000; luego irían los que tienen entre 40 y 69 (poco más de 120.000) y por último los mayores de 70 (en torno a 3.500). También hay que añadir el número de personas excluidas del sistema que no han tenido acceso a los pinchazos, como los migrantes que no han regularizado su situación en el Archipiélago. El dato se ha redondeado porque la inoculación de vacunas continúa y es evidente que en los próximos días incrementará el registro de inmunizados.
El Gobierno de Canarias no ha aclarado cuánto tiempo estará en vigor esta restricción (aunque el reglamento de la Unión Europea señala que el pasaporte sanitario tiene un tiempo de usanza de un año desde junio de 2021) y si levantará la medida con el 80/90% de la población inmunizada, cuando en principio debería estar enterrado el riesgo de salud pública por la transmisión del SARS-CoV-2.
Tampoco si habrá excepciones para las personas con razones médicas genuinas por las que no vacunarse, como puede ser haber sufrido reacciones alérgicas graves a algún componente del suero. O cómo se va a realizar la comprobación de los documentos exigidos en locales y establecimientos. ¿Tienen los dueños de pequeños bares la destreza o los mecanismos para verificar si una prueba PCR negativa es veraz? Ya se han reportado casos de falsificaciones en Vigo, Galicia, la única comunidad junto a Canarias que ha puesto en marcha la disposición.
Entre las buenas noticias está que se incentivaría la vacunación, sobre todo entre los más jóvenes, que han demostrado más reticencias al pinchazo, ya que se estaría “premiando” a quien lo hace. También que la economía no tendría que cerrar a cal y canto cada vez que los casos de coronavirus escalan. Pero varios organismos internacionales como la UNESCO, la OMS y la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de Reino Unido han pedido que no caiga en el olvido la posibilidad de estar creando con esta regulación una disrupción social entre vacunados y no vacunados; una sociedad de dos niveles.
“Es crucial que los certificados COVID-19 no dejen a nadie atrás y no creen un privilegio para quienes tienen acceso a vacunas, pruebas y tecnologías digitales. Además, deben abordar de manera responsable las incertidumbres científicas con respecto a la protección que brindan las vacunas y la confiabilidad de los resultados negativos de los test de coronavirus”, ha dicho el profesor Peter-Paul Verbeek, presidente de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO.
Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de Sección de Epidemiología y Prevención, ya mostró reticencias al certificado COVID cuando se implantó a nivel europeo para facilitar la libre circulación de personas. Ahora opina lo mismo. “¿Cómo puedes pedir algo que no es obligatorio?”, pregunta. Para él lo que hay que hacer es seguir convenciendo a la ciudadanía de que las vacunas funcionan, y acelerar las segundas dosis. Que de no ser por los pinchazos de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen las cifras de muertes en Canarias a causa del virus estarían marcando niveles de récord por la quinta ola de contagios. Además, recuerda que España es un país proclive a las vacunas; el movimiento negacionista en este sentido es marginal.
En la misma línea se manifiesta David Larios, presidente de la Asociación de Juristas de la Salud, que alerta de que se estaría estratificando aún más la sociedad con individuos “de primera y de segunda”. Ve la norma como “un tanto precipitada” y muestra preocupación por la pendiente resbaladiza que estaría sentando. Larios recuerda que cuando se lanzó el certificado COVID para viajar ya sobrevolaba la idea de extrapolar su aplicación a otros ámbitos. Y ahora teme que la tendencia se perpetúe, por ejemplo, en el sector privado, con compañías y empresas que obliguen a sus trabajadores a vacunarse, como ya ha ocurrido en Reino Unido, según ha informado The Washington Post.
Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España y miembro del grupo de técnicos que ha participado en la estrategia nacional de vacunación frente a la COVID-19, se hace una pregunta: “¿Tienen los jóvenes la culpa de que no se les haya priorizado?”. El experto no tiene del todo claro que sea ético cerrar la puerta de los interiores a quienes no han tenido la oportunidad de vacunarse y deben pagarse una PCR. No tanto para los que han preferido no recibir la inyección. En esos casos, dice, “no se les puede exigir el mismo trato”. “No hay vulneración de igualdad. Una persona sin vacunar supone un riesgo. No estoy castigándole, sino impidiéndole seguir transmitiendo el virus”.
Montalvo matiza que esto no implica que esté a favor de la obligación de vacunar (al menos por ahora, en una situación de riesgo, agrega, quizá sí). Sigue optando por que sea una decisión personal. Sin embargo, teme que “por la insolidaridad de algunos mayores” se extienda la administración de pinchazos a los más pequeños, los que tienen menos de 12 años, algo que no ve “éticamente correcto”.
¿Otra medida que podría ser ‘tumbada’ por los tribunales?
El Ejecutivo canario ha anunciado el certificado COVID para uso doméstico pocos días después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicitara la necesidad de una base legal para su aprobación. De no estar debidamente justificado, los tribunales podrían revocar la norma, al igual que ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con el toque de queda o el cierre de interiores de restaurantes y bares en niveles altos de alerta sanitaria.
La pregunta de hasta dónde se pueden limitar derechos fundamentales ha ganado fuerza en las últimas semanas sin el paraguas del estado de alarma. “¿Está proporcionada la regulación? Quizá dicen que esto tampoco”, cuestiona Larios. Para Carmen de la Fuente Hontañón, vicepresidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, sí lo está. “Se sabe que el interior de los bares y restaurantes es un nicho de infección. No se suspenden derechos, sino se sujetan. La salud pública debe estar por encima de los individuos”, argumenta.
Francia ha sido uno de los primeros países en aplicar la medida a nivel nacional. Es ahí donde se han dado las primeras reacciones, con manifestaciones por todo el país y el resurgimiento de los Chalecos Amarillos. “Realmente nos ha dejado en la mierda tener que controlar a todos”, ha dicho Charlie Pereniguez, manager de una galería de arte, en declaraciones a The Guardian. “Creo que Macron [presidente de Francia] quería asustar a la gente para que se vacunara, pero sin ordenarles directamente”, opina Azak Atilla, gerente de un bar. “Es un poco dictatorial. Conozco este tipo de comportamiento cuando vivía en Turquía. Nunca pensé que sucedería en Francia”. Ahora llega a Canarias.
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