Los water taxis que cubren el trayecto entre Corralejo, en el noreste de Fuerteventura, y Lobos trasladando turistas a esta isla protegida no tienen permisos oficiales, ni ningún tipo de autorización, ni tampoco licencia del Ayuntamiento de La Oliva para desarrollar esa actividad comercial. Así lo confirma el concejal de Medio Ambiente de La Oliva, Óliver González, ante un caso de dudosa legalidad medioambiental que hasta incumple la propia Guardia Civil en esta comarca, contraviniendo sus mismas órdenes.
La Policía Local de La Oliva, respaldada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, se presentó el pasado viernes en la playa del Puertito de Lobos, un islote deshabitado de seis kilómetros cuadrados catalogado como Parque Natural, y levantó acta de lo que allí viene sucediendo a diario este verano, el trasiego de taxis acuáticos a través del canal que separa Fuerteventura de Lobos. Las fuerzas de seguridad notificaron a los patrones de este tipo de embarcaciones que no podían seguir desarrollando la actividad de embarque y desembarque de turistas, en base a lo establecido por la Ley de Costas.
Sin embargo, según pudo comprobar este diario durante el fin de semana, las órdenes han caído en saco roto. A lo largo de todo el sábado y el domingo, la Policía Local no acudió al islote y los water taxis, desoyendo la advertencia de la autoridad municipal, continuaron utilizando la playa del Puertito para desarrollar su actividad comercial.
Solo una de las empresas dedicadas a este negocio cumplió con la advertencia municipal ese fin de semana. Se trata de las zodiacs que forman parte de la compañía que gestiona el Celia Cruz, que toma su nombre de uno de los barcos de línea que históricamente han cubierto este trayecto hasta la aparición de los water taxis. Sus zodiacs desembarcaron a sus pasajeros en el muelle, y no en la playa del Puertito, tal como se les indicó el viernes.
Según fuentes de las empresas de taxis acuáticos, hasta que no reciban una comunicación por escrito del Ayuntamiento de La Oliva para que no entren al Puertito, continuarán haciéndolo. Y el responsable de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de la Oliva pasa la pelota a la Dirección General de Costas: “El Ayuntamiento no les va a notificar nada por escrito, más allá de lo que la Policía les ha comunicado ya”.
“Si a pesar de las advertencias de la Policía hay reincidencia se dará traslado de los informes policiales a la autoridad competente, que en este caso es la Dirección General de Costas, que es la que tiene autoridad para sancionar”, añade el concejal.
“Problema para la seguridad de las vidas”
La solicitud ante el Ayuntamiento de estas empresas de water taxis para que se les balizara una entrada a la playa del Puertito para poder así desarrollar su actividad de forma segura quedó hace poco frustrada ante la negativa de la Demarcación de Costas de conceder el permiso para dicha instalación, dado que la Isla de Lobos es un Parque Natural donde está prohibido por ley hacer ese tipo de actuaciones.
Además, Costas considera, en un informe firmado por el jefe de la Demarcación, Rafael López Orive, que “existe un problema para la seguridad de las vidas humanas en la zona del baño del Puertito” de Lobos.
Además, en el informe de la Demarcación también se destaca que de acuerdo con la Ley de Costas, le corresponde al Ayuntamiento de La Oliva “realizar las acciones necesarias para hacer efectiva la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas”.
Riesgos para el Parque, para navegantes y bañistas
En el Puertito de Lobos, los bañistas y visitantes continúan protestando. El consejero del Cabildo de Podemos, Andrés Briansó, pasó un viernes de finales de julio contabilizando todas las personas que desembarcaron en Lobos, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. ¿El resultado? Más de 1.300 personas y 103 embarcaciones. Unas cifras que superan con mucho el límite de capacidad de carga declarada para esta isla, que es Parque Natural, y que por el momento es de 200 personas presentes de forma simultánea, según el vigente Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Los responsables de la gestión en Lobos se pasan la pelota entre administraciones y consejerías.
Por otra parte, el desarrollo de la actividad de transporte a cargo de los water taxis está generando constantes situaciones de riesgo, tanto durante la navegación desde Corralejo hasta Lobos a través del Paso de La Orchilla, como dentro de la propia playa del Puertito, donde los bañistas nadan alrededor del las embarcaciones que tratan de embarcar y desembarcar pasajeros sin ningún tipo de medida de seguridad, en un espacio muy reducido, en el que podría suceder un accidente en cualquier momento.
Durante las últimas semanas también ha habido incidentes y situaciones de peligro durante la travesía entre Corralejo y Lobos, con varias denuncias contra alguna de estas empresas de water taxis por haber atropellado a un windsurfista en el agua, que afortunadamente no resultó herido. Hace escasamente una semana, dos turistas que viajaban en una de estas zodiacs de vuelta desde Lobos tuvieron que ser asistidas médicamente, siendo necesario colocarles un collarín ortopédico tras desembarcar en Corralejo.
La quejas se basan sobre todo en que estas embarcaciones navegan a gran velocidad, generando una gran estela, y no respetan los derechos de preferencia de paso de las embarcaciones de vela sobre las de motor.
La Guardia Civil incumple sus propias órdenes
Pero la situación de esta actividad viene si acaso agravada por el hecho de que uno de los patrones de la patrullera de la Guardia Civil con base en Corralejo, el cabo Juan López Vila, es copropietario de una de estas empresas de taxis acuáticos.
En el departamento de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas confirman que este agente es “copropietario de una de las empresas de water taxis”, pero aseguran que no incumple la normativa de incompatibilidades de los funcionarios porque lo consideran como “una inversión particular”.
En todo caso, aseguran desde el Instituto Armado que, en abril de este año, una patrulla de la propia Guardia Civil de Las Palmas se trasladó por sorpresa a Fuerteventura para hacerle una inspección a la citada empresa y “no encontraron ningún tipo de irregularidad en ese momento”.
Entre la población de Corralejo se ha extendido la desconfianza sobre el control real que se haga de esta actividad por parte de la propia Guardia Civil. Además, se da la circunstancia de que el cabo Vila está casado con la concejala de Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Oliva, Evelin Gómez Morera, del Partido Progresista Majorero, fundado por el histórico cacique del norte de Fuerteventura, Domingo González Arroyo, un ex del PP conocido como El Marqués de las Dunas.
Tanto el cabo como su esposa son copropietarios de la empresa Nautic Corralejo Charter, que dispone de varias embarcaciones tipo zodiac dedicadas a esta actividad.
Al menos una de estas zodiacs continuó durante todo el fin de semana pasado realizando traslado de pasajeros a la Isla de Lobos, y embarcando y desembarcando en la playa del Puertito, contraviniendo lo establecido por la propia Guardia Civil y la Policía de La Oliva durante su presencia en Lobos del pasado viernes.
La Ley de Costas regula en su artículo 64 los usos e instalaciones de embarque. “Los embarcaderos, rampas u otros tipos de atraques a utilizar por embarcaciones de líneas regulares de tráfico de pasajeros en régimen de explotación comercial, temporal o permanente no podrán ubicarse fuera de la zona de servicio de los puertos”, señala.
Además, añade que “cuando, por causas debidamente justificadas, las instalaciones a que se refiere el apartado anterior deban situarse fuera de una zona de servicio portuaria existente, deberá estar aprobada, con anterioridad al inicio de las obras, la ampliación de la zona de servicio portuaria, de forma que incluya el dominio público marítimo-terrestre afectado”. “Dichas instalaciones se ubicarán preferentemente fuera de las playas y previa evaluación de sus efectos sobre las condiciones de protección del entorno”, abunda la Ley de Costas.
Por último, subraya que “la autorización del emplazamiento de puntos de atraque, de embarque o desembarque o de aproximación a la costa para embarcaciones destinadas a excursiones marítimas turísticas costeras fuera de la zona de servicio de los puertos corresponderá al Servicio Periférico de Costas y será previa a la que deba emitir el órgano competente del Ministerio de Fomento en materia de Marina Mercante”.