El ‘mamotreto’: una obra ilegal paraliza durante años el centro urbano y los presupuestos del municipio más rico de Canarias

Una obra ilegal ha impedido a la Villa de Santa Brígida, el municipio más rico de Canarias con una renta media por habitante de 27.575 euros según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, sacar adelante sus presupuestos en el último lustro, al tener que pagar 20 millones de euros en los últimos años en indemnizaciones a empresas por permitir la construcción en su casco urbano del denominado ‘mamotreto’, y tener que paralizar esa obra por ilegal.

Ahora, 23 años después de la modificación de un anteproyecto que propició ese desastre urbanístico, el grupo de gobierno -formado por cuatro partidos (Partido Popular -que ostenta la alcaldía- Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, Ciudadanos y Plataforma Vecinal por Santa Brígida)- vuelve a la casilla de salida y tiene en sus manos determinar el uso que se dará a ese espacio público. Y el debate vuelve a rondar la misma cuestión que acabó en una obra ilegal y paralizada: cuánto uso comercial se destina a un espacio público en pleno casco urbano del municipio.

Desde hace más de una década, en el centro de Santa Brígida se erigen unos cimientos de hormigón que pretendían convertirse en un centro comercial, con un supermercado bajo rasante, una obra que nunca debió existir porque la normativa no permitía dotar de ese uso al suelo. El escollo se hallaba inicialmente en las Normas Subsidiarias del municipio que estableció que, en los más de 15.000 metros cuadrados que ocupaba su antiguo campo de fútbol, se debían construir aparcamientos subterráneos, una plaza pública, locales comerciales y unos multicines.

Pero las empresas adjudicatarias del concurso, por 9,8 millones de euros, no tuvieron ningún interés en llevar a cabo los multicines, de obligado cumplimiento, y realizaron sucesivas transformaciones del proyecto para enfocarse a su verdadero objetivo: un centro comercial con un supermercado de 2.200 metros cuadrados, el cual ni siquiera estaba contemplado en el proyecto. Y mucho menos en las normativas urbanísticas.

En 2009 se paralizaron las obras y comenzaron batallas judiciales que finalizaron en 2018, tras una sentencia que declaró la nulidad del contrato entre la UTE encabezada por FCC y el ayuntamiento. El fallo devolvía el edificio a manos municipales y ponía fin a un pago de más de 3.000 euros diarios por parte de la administración que habían asumido casi sin rechistar anteriores gobiernos municipales del PP. El juzgado impuso un pago de 5,6 millones de euros de indemnización y supuso un ahorro de 37 millones según el alcalde en ese entonces, José Armengol (de la confluencia Ando Sataute).

Ahora, desde la oposición a pesar de haber sido la fuerza más votada en el municipio, Ando Sataute lamenta que se desestimara una moción de su grupo en la que reclamaba que se facilitara toda la información respecto al estado del edificio, un estudio de las necesidades reales del municipio, que se configurara un grupo de expertos que asesoraran durante el proceso y que se estableciera una metodología que garantizara la participación y el consenso entre los ciudadanos y la totalidad del Consistorio para decidir el futuro uso de esa espacio inerte en el centro del pueblo. “La decisión va a condicionar a Santa Brígida a largo plazo, más allá de 20 años. La ciudadanía ha soportado esto durante mucho tiempo, lo menos que se puede hacer es dejar que manifieste su opinión”, afirma Armengol.

Para el concejal de Presidencia del municipio, José Manuel Rodríguez (PP), el debate sobre la participación “está envenenado” porque considera que se “puede retrasar todo el procedimiento”. A su juicio, “la mayor prioridad que tienen los vecinos es que pongamos esto en marcha; la gente de menos de 25 años lo ha conocido como está ahora y esto es más de una generación”. En cambio, aboga por mantener reuniones con todos los grupos presentes en el ayuntamiento, con todas las asociaciones de vecinos, con empresarios o comerciantes.

Aunque aún no se sabe qué uso tendrá el ‘mamotreto’ pues “se está consensuando y no hay nada decidido”, explica Rodríguez, por ahora ni siquiera se descarta la opción de construir el centro comercial o un supermercado como “Hiperdino o Mercadona”, porque “funciona como polo de atracción para toda la zona central” de la isla.

Pero también valora otras opciones, como llevar a cabo “un espacio polifuncional dedicado a temas culturales, con una sala de exposiciones, por ejemplo”, que a su vez “se combine con una actividad comercial que contribuya al sostén del gasto que se genera de mantenimiento de un espacio como este”. Así, expone la posibilidad de establecer locales y alquilarlos “para obtener un rendimiento”, o de espacios “de coworking, de star-up, de empresas que necesitan compartir espacios”, según Rodríguez.

Pero todo esto “se meterá en una caja y se elaborará un plan de viabilidad” porque lo que no quiere el gobierno del municipio “es equivocarse”, asegura Rodríguez. Lo que sí tiene claro es que ese espacio pueda convertirse en un centro cívico que quede integrado con la zona comercial abierta proyectada para el municipio y que transformará el centro de la Villa: con más peatonalización, eliminando aceras y construyendo plataformas únicas, pero manteniendo el equilibrio con los carriles para los vehículos. También espera que el aparcamiento con 525 plazas abra previsiblemente este 2020, tras años de abandono.

Pero por ahora, los trabajos se centran en limpiar y adecuar los alrededores, cambiando el vallado exterior y “en febrero o marzo” el Ayuntamiento espera aprobar sus primeros presupuestos en cinco años, lo que les permitirá realizar inversiones. En cualquier caso, las actuaciones que se acometerán serán parciales, con intervenciones sectorizadas pues “todo esto no se va a poder ejecutar ni en un año ni en dos, es a largo plazo”, explica Rodríguez.

Armengol asegura que en estos momentos, tras años de litigios judiciales y multas millonarias, la situación es “de preferencia”, pero matiza que se deben meditar muy bien las decisiones que se tomen para evitar volver a una situación de partida. Por ello, aboga por decisiones “sopesadas y con el máximo consenso posible”, ya que estima que “si las cosas se hacen de forma apresurada, quizás son traicioneras”. Como cuando el anteproyecto original de hace 23 años acabó en una obra ilegal y ese ‘mamotreto’.