Organizaciones sociales, sindicales, vecinales y asociaciones por la memoria histórica se han vuelto a movilizar este miércoles para exigir la exhumación de la fosa común del cementerio de Las Palmas. Lo han hecho el mismo día en el que se cumplen ochenta años de que los cuerpos de los fusilados de San Lorenzo fueran enterrados en esta fosa.
“Es una vergüenza que ochenta años después, en una democracia europea consolidada aún se pongan obstáculos para recuperar estos restos mortales”, insistió el portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, Paco González.
En dicha fosa se encuentran los cuerpos de Juan Santana Vega, quien fuera alcalde del entonces municipio de San Lorenzo; del sindicalista de la Federación Obrera Francisco González Santana (abuelo del portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo), o del periodista lanzaroteño Manuel Fernández. Todos ellos fueron homenajeados este jueves en el cementerio.
Los actos de conmemoración de este aniversario comenzaron en la Casa Amarilla del barrio de San José, donde se dieron cita distintos colectivos y personas a nivel particular que integran el Comité Popular por la Exhumación de la Fosa Común de Las Palmas. Desde su constitución, no ha cesado de hacer ruido para conseguir su objetivo. Tras su presentación pública, el concejal Sergio Millares ya ha informado de que se encargará un estudio a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para que determine si es viable abrir esta fosa y cómo hacerlo.
Esta decisión se toma después de que dos asociaciones realizaran informes que resultaron contradictorios sobre la exhumación de esta fosa. Por un lado, el informe de la asociación estatal ARDF Desaparecidos, partidario de abrir la fosa y, por otro lado, el del Foro Estatal de la Memoria Histórica, que no opta por esta vía. Tras estudiar ambas conclusiones, el Consejo Asesor de la Memoria Histórica recomendó no exhumar, de momento.
González ha defendido junto a los miembros de este Comité que el Consejo Asesor del Ayuntamiento debió estar formado desde un principio por expertos, además de incluir a familias y asociaciones afectadas. A su juicio, el asunto debió encargarse desde un principio a la ULPGC y que hiciera un estudio imparcial y científico, para que este proceso no se siguiera dilatando, ya que antes de llegar el Gobierno municipal conformado por PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias a Las Palmas de Gran Canaria, otros anteriores ya habían paralizado este proceso.
La entrada del nuevo equipo de gobierno supuso una esperanza para las familias que llevan años luchando por recuperar estos restos morales. En este sentido, recuerdan que Diego González ya tiene más de 90 años y lleva todo este tiempo manteniendo la ilusión de recuperar los restos de su padre, Francisco González. En esta situación se encuentran también otras familias, que ven pasar los años sin que se abra esta fosa.
Además, el Comité opina que “no es excusa” que en la fosa se encuentren restos mortales de personas que no fueron represaliadas. Recuerdan que en la Península ya se han abierto otras que contenían miles de cuerpos y esto no ha supuesto un hándicap, ya que la Ley de memoria histórica les ampara.
Este Comité Popular, que seguirá llevando a cabo diferentes actos para seguir reivindicando lo que creen “de justicia”, pide además de la exhumación, la creación de un banco de ADN, que permita reconocer los cuerpos de todas las víctimas del franquismo. También se mantendrán expectantes ya que no se “fían” de tantas promesas aunque se muestran esperanzados con el último informe encargado a la ULPGC.
El portavoz de la Plataforma de Fusilados de San Lorenzo (autor de distintos libros sobre la memoria histórica como Tormenta en la memoria o Semilla en la memoria, que recogen distintas historias del terror del franquismo en Canarias) celebra que cada vez se añadan más personas a esta causa y se han marcado la meta de seguir informando sobre la importancia de exhumar dicha fosa.