Frente a los discursos que frivolizan sobre las ayudas y prestaciones a las personas más vulnerables, en Canarias son precisamente las medidas de escudo social las que han permitido frenar en parte las tasas de pobreza y exclusión social y que no lleguen al 50% de la población isleña. La Red Europea de Lucha contra la pobreza (EAPN) daba a conocer esta semana en el Parlamento los datos del último informe y aboga por seguir mejorando políticas como el Ingreso Mínimo Vital, impulsar la Renta Canaria de Ciudadanía o un pacto contra la pobreza.
“Los sucesivos informes elaborados por EAPN-ES han evidenciado que la pobreza se constituye como un problema estructural y sostenido en el tiempo tanto a nivel europeo y estatal como en todas las CCAA. Las políticas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención demostrando que, en materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe margen de retroceso a ningún nivel competencial. Pero no solo eso, erradicar de forma efectiva la pobreza y la exclusión social pasa por impulsar políticas sociales estructurales, que se consoliden como parte de los derechos sociales propios de un estado de bienestar y no solo respondan a situaciones de emergencia”, destaca la red Europea de Lucha contra la pobreza.
El vicepresidente de EAPN-Canarias, Fernando Rodríguez García, ha insistido en que es fundamental que se mejoren los mecanismos territoriales como la Renta Canaria de Ciudadanía, que aún tiene el reto de desarrollar sus diferentes complementos y avanzar en su coexistencia con otras prestaciones estatales como el Ingreso Mínimo Vital. También se debe mejorar el acceso y mantenimiento de vivienda, la prevención o intervención ante las causas provocadas por la crisis ecológica o la mejora de los servicios públicos como la educación en todos los niveles, la sanidad o los servicios sociales.
“Las investigaciones de EAPN-ES han demostrado que apostar por políticas de protección social para afrontar las crisis funciona, pero hay que ser más ambiciosos”, insisten los expertos que hacen este informe. Recuerdan además que la lucha contra la pobreza es un compromiso internacional adquirido por los sucesivos Gobiernos, en el marco del cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030. “Acabar con la desigualdad social y económica existente es una cuestión de garantía de derechos y de voluntad política”, aseguran.
“¿Está sirviendo el papel de la administración pública justamente para esto? Sí, para amortiguar las situaciones de pobreza y no llegar a tener esas cifras escandalosas que podríamos llegar a alcanzar. Lo que sí demandamos desde EAPN, obviamente, es que estas medidas se tienen que convertir en medidas estructurales. No pueden ser solamente medidas para cubrir las situaciones de emergencia o las situaciones de crisis que estamos atravesando y que todavía seguimos sin poder salir de ellas, sino que se conviertan ya en medidas estructurales, sobre todo porque la pobreza y la exclusión social al final es un problema ya estructural”, señala Fernando Rodríguez a este periódico.
El papel de las administraciones del Estado
El XIV Informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022 en Canarias hace una comparativa de los datos de pobreza reales con aquellos que existirían en un mundo sin acción del Estado. “Si no hubiera transferencias del Estado en Canarias, en 2023 la situación de pobreza se ampliaría a más de la mitad de la población (51,0 %). Por otra parte, si solo se incluyeran las pensiones de jubilación y supervivencia y no se realizara ninguna otra transferencia, la tasa de pobreza alcanzaría al 36,1 % de la población canaria”, concluye.
Mientras que mantener las pensiones de jubilación y supervivencia reducen la pobreza en un 38,3% en Canarias, en el ámbito nacional lo hacen en un 29,7%. Sin embargo, si no hubiera ningún tipo de transferencias, la población pobre residente en las Islas aumentaría un 95,4 %, mientras que en toda España el incremento sería del 110,9%.
A su vez, el informe destaca que en Canarias la población en pobreza severa crecería hasta el 30,1 % si no hubiera transferencias de ningún tipo y hasta el 17,5 % si solo se transfirieran las pensiones de jubilación y supervivencia.
El estudio apunta además que si desaparecieran por completo estas transferencias del Estado, la renta media por unidad de consumo se reduciría en Canarias hasta los 12.817 euros, es decir, decrecería un 28,6 % (5.123 €). Si solo se mantuvieran las pensiones por jubilación y supervivencia, esta renta media caería 1.833 euros (un 10,2%), hasta los 16.107 euros de media por unidad de consumo.
750.000 personas en Canarias en riesgo de exclusión
Pese a la ligera mejoría en los datos que presenta Canarias, aún es la segunda comunidad con mayor tasa de pobreza y exclusión social ya que alcanza al 33,8% de su población, es decir, 750.000 personas. Además, un 65% de la población alega tener dificultades para llegar a fin de mes y la vivienda es ya un gran factor de vulnerabilidad.
El estudio recoge que el 11% de la población en Canarias (243.431 personas) se encuentra en situación de privación material y social severa. Se trata de un indicador de vulnerabilidad grave que mide “la capacidad para disponer de 13 elementos de consumo y de relación social considerados necesarios en la sociedad europea para mantener una adecuada calidad de vida”. Entre ellos, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, la capacidad para afrontar gastos imprevistos o permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.