El “miedo” a la ley mordaza no calla a las plataformas antidesahucios

La nueva Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Gran Canaria ha presentado este miércoles en la ciudad capitalina sus líneas de actuación, que pasaran por manifestarse frente a las puertas de una vivienda si se diera el caso de un desahucio, a pesar de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Uno de los miembros de la plataforma, Adrián Antúnez, explica a Canarias Ahora que tomarán más precauciones y se asesorarán para “buscar los límites” de la conocida como ley mordaza, que castiga la paralización de desahucios con multas de hasta 30.000 euros.

Antúnez asegura que el abogado del colectivo, conformado por entre 15 y 20 personas de forma permanente, ha explicado fórmulas para evitar las sanciones, como por ejemplo “tumbarnos con la boca tapada y sin decir nada” a modo de protesta.

El portavoz de la PAH Gran Canaria- que se encuentra tutelada por la de Lanzarote hasta cumplir al menos un año- Maximino Chriqui explica que la situación ha empeorado en los últimos meses y señala que el objetivo principal es el derecho a la vivienda, al igual que el de las otras dos plataformas antidesahucios oficiales representadas por la estatal que operan en la isla: PAH Stop Desahucios y PAH Sureste.

La portavoz de Stop Desahucios en Canarias, Elena Suárez, reconoce que la ley mordaza ha causado “miedo” entre algunas personas que forman parte de las organizaciones, lo que deriva en que haya disminuido su presencia en las calles. Sin embargo, añade que el colectivo ha logrado paralizar un gran número de procesos en los juzgados y “seguimos con las negociaciones” durante las cuales los afectados siguen ocupando sus domicilios.

“Todas las PAH son exactamente iguales”, explica Chriqui, sin embargo, cuanto mayor es la ciudad, “el problema es tan grande que se crean varias para poder ayudar mejor a la gente”.

El portavoz afirma que la falta de soluciones por parte de los organismos gubernamentales a las “miles” de personas que pujan por 50 viviendas y a los afectados que sufren un desahucio y se ven obligados a esperar seis meses para recibir una ayuda para pagar un alquiler, ha propiciado que este grupo de voluntarios se unan para dar ayuda legal y psicológica a los ciudadanos.

Sobre ésta última, explica que mucha gente “llega pensando que son malas personas por no pagar, cuando la realidad es que son deudores de buena fe que no pueden afrontar el pago, pero los bancos son muy rastreros algunas veces a la hora de reclamar la deuda”. “Es ilógico que si una persona cobra 400 euros pague 350 de hipoteca, primero hay que comer”, apostilla.

Sobre la situación actual que vive la sociedad canaria, explica que han incrementado los casos de desahucios de alquiler, porque “la misma gente que se había quedado en paro, que hipotecariamente perdió la casa y que a lo mejor consiguió la dación en pago, ven ahora que tampoco pueden pagar el alquiler”. “Es la pescadilla que se muerte la cola”, puntualiza.

En principio, la PAH Gran Canaria aboga por ser “rotativa” y no contará con un local fijo, sino que atenderá a quien lo solicite “dentro de nuestros medios y posibilidades”.

Chriqui confía en que las instituciones tomen consciencia y participen de forma más activa en el conflicto, aunque lamenta que en la actualidad “no creemos que sea una realidad”.

Suárez explica que la problemática sigue existiendo y no rechaza la creación de otros grupos que sean válidos para afrontar la situación. Asimismo, indica que se ha reunido tanto con el Ayuntamiento, como con el Cabildo, que tienen en cartera la creación de una oficina de mediación.

Al respecto, confía en que las instituciones asuman la responsabilidad que tienen con la ciudadanía en materia de vivienda, porque “hay una emergencia habitacional urgente en Canarias”.