El Ayuntamiento de Mogán ha ignorado un dictamen del Consejo Consultivo para evitar que se pronuncie sobre las presuntas irregularidades en las obras del aparcamiento de Arguineguín. En una junta de gobierno extraordinaria y urgente celebrada el 27 de septiembre, el Consistorio acordó hacer caso omiso a un dictamen del órgano sobre la propuesta de resolución del contrato del edificio de aparcamientos en Arguineguín, para adjudicar a la empresa Proyecon Galicia S.A. las obras después de que la contratista original, Oproler, entrara en quiebra.
En el documento, se insta al Consistorio a retrotraer el procedimiento por incurrir en un “vicio de nulidad” al no haber dado traslado a Oproler los informes que denegaban la opción de la cesión, por la que abogaba la entidad, y optara por un procedimiento de “resolución”, provocándole “indefensión real y efectiva”.
El Ayuntamiento de Mogán justificó esta decisión porque el informe no es vinculante y le llevaría unos dos meses cumplir con las recomendaciones del Consejo Consultivo, lo que retrasaría aún más la tramitación del expediente de la obra. Fue el propio Consistorio quien se vio obligado a elevar la consulta al órgano para que dirimiera ante la disparidad surgida entre la administración pública y la empresa.
En una Junta de gobierno celebrada el 2 de julio, Mogán acordó dar inicio a la resolución del contrato de ejecución a la empresa Proyecon Galicia S.A. Sin embargo, la entidad adjudicataria original se opuso a dicho acuerdo el 10 de julio, pero su petición fue desestimada, efectuándose la adjudicación el 30 de septiembre.
El Consejo Consultivo no entró a valorar “el fondo de la cuestión planteada” porque “los informes del técnico municipal sobre el procedimiento y la legislación aplicable para la cesión del contrato”, además de los documentos que contestaban a las alegaciones de Oproler, “no han sido trasladados a la empresa adjudicataria” original.
Por ello, sostiene que “tal omisión produce indefensión, cuya consecuencia es irremediablemente la nulidad de lo actuado” y, por ende, reclama que se vuelva a redactar una “nueva propuesta de resolución” para emitir el dictamen correspondiente.
En este sentido, Nueva Canarias (NC) y el Partido Popular (PP), en la oposición del Ayuntamiento de Mogán, han presentado un escrito pidiendo al Consistorio que desestime la licitación de la obra por “infringir de manera grosera” la Ley de Contratos del Sector Público, añadiendo que interpondrán “acciones legales para la protección del municipio”.
Ambos partidos estiman que la administración ha incurrido en “tres infracciones no subsanables del ordenamiento jurídico”: “No se ha notificado al anterior contratista la liquidación de las obras”; “ha licitado un expediente de contratación de unas obras sin acreditar la disponibilidad de los terrenos, lo que obliga a efectuar el replanteo del proyecto” y “no se ha cumplido con el trámite previo y preceptivo de la emisión del dictamen que debe emitir el Consejo Consultivo”.
Es decir, considera que realmente el órgano no ha emitido su dictamen sobre la resolución del contrato “porque ha detectado un vicio de nulidad en el expediente”, tras lo cual “sí podrá entrar en el fondo del asunto”. Por lo tanto, PP y NC estiman que el Ayuntamiento de Mogán, al “incumplir de forma consciente y deliberada un paso previo e ineludible que fija la ley, está incurriendo en un posible delito de prevaricación, perjudicando el derecho de terceros y poniendo en serio riesgo el interés general por el que debe velar cualquier gobierno municipal”.
Las obras del aparcamiento de Arguineguín, iniciadas en agosto de 2018, han estado envueltas en la polémica prácticamente desde la colocación de la primera piedra, a la que acudió el entonces presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo (Coalición Canaria) para acompañar a la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca). Desde el inicio, la oposición dudó de la viabilidad del proyecto por la zona elegida, advirtiendo que podría afectar a los usuarios del centro de Salud, del IES de Arguineguín y de las viviendas aledañas.
De hecho, con las obras iniciadas, los vecinos se quejaron de los problemas de accesibilidad al Centro de Salud o de dificultades para salir de su propia vivienda e incluso pidieron la paralización del proyecto. La alcaldesa se limitó a enviar una carta asegurando que el aparcamiento “mejorará la vida social”. La propia empresa encargada de llevar a cabo las obras, reconoció que habían errores que hacían dudar de la viabilidad económica del aparcamiento.
Poco tiempo después, Bueno incrementó el presupuesto de la obra hasta los 10 millones de euros pero, medio año después, Oproler anunció que presentaría un concurso de acreedores al no poder hacer frente a las deudas, lo que provocó la paralización del proyecto y que una de las subcontratas alertara de que esta situación podía provocar incluso riesgos para los edificios del entorno.