El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha acusado a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife de no aplicar correctamente la legislación de extranjería vigente en lo relativo a la tramitación de la documentación de los menores inmigrantes no acompañados. En su informe de actuaciones de 2007, presentado el pasado lunes, se queja de que esta falta de corrección está produciendo dificultades en la integración de estos menores.
Durante 2007 se realizaron por parte del Defensor del Pueblo sendas visitas a los DEAMENAC (Dispositivo de emergencia para la acogida de menores extranjeros no acompañados en Canarias) de Tegueste y La Esperanza, en Tenerife.
Según el informe, varias deficiencias son comunes a ambos centros. Al parecer todos los menores que se encontraban en los dos centros, en el momento de la visita, contaban con la correspondiente resolución administrativa de desamparo. “A pesar de ello, la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife no está aplicando de manera correcta la legislación de extranjería vigente en lo referente a la documentación de estos menores”, se puede leer en citado informe, que detecta problemas con el plazo de vigencia de las autorizaciones y de las cédulas de inscripción, la denegación de tarjetas a titulares de autorizaciones, no retroacción de efectos de la autorización de residencia y la no renovación de las autorizaciones al alcanzar la mayoría de edad.
Por otro lado, declaran que los traslados a la península acordados entre el Gobierno central y el autonómico cesaron a finales de mayo de 2007, sin que se les pudiera aclarar el motivo. “Del examen de los expedientes archivados en ambos centros, así como en la visita realizada al centro San José en Zaragoza, se pudo comprobar que algunos de los menores trasladados a otras comunidades autónomas continuaban bajo la tutela de la Comunidad Autónoma canaria, mientras que otros menores, que ya habían sido trasladados a la península, eran tutelados de nuevo por esa comunidad autónoma, sin que en la resolución de desamparo se realizara mención alguna a la anterior tutela ostentada por el Gobierno canario, ni al momento en el que el menor fue puesto por primera vez a disposición de los servicios de protección”.
Para el Defensor del Pueblo, esta última cuestión reviste gran importancia para la situación documental, y consecuentemente para las posibilidades de integración de los menores, mientras permanezcan en nuestro país.
En este sentido destacan que en el transcurso de las visitas se pudo constatar la existencia de expedientes de cada uno de los acogidos en los que se contenían documentos de referencia de carácter médico, gubernativo, así como de las actividades educativas y de formación que se realizan con ellos. “Sin embargo, en la visita realizada al centro San José en Zaragoza, se evidenció que la anterior información no siempre era trasladada en su totalidad desde Canarias, por lo que el grado de descoordinación existente provoca, en algunos supuestos, situaciones tales como que se haya repetido el ciclo de vacunación de algunos menores”, dicen, por lo que plantean de manera urgente que las distintas comunidades autónomas y la Administración General del Estado intensifiquen su colaboración
“Así, resulta preocupante la inexistencia de un reglamento específico de cada centro, así como la carencia de proyecto educativo individualizado del menor y de proyectos educativos de centro, documentos todos ellos exigidos en la normativa vigente de aplicación a los centros de protección de la Comunidad Autónoma canaria”, aunque más tarde. Probablemente tal carencia esté en relación con la propia concepción de los DEAMENAC que, como se ha comentado, no están concebidos para que los menores permanezcan en él, más allá de la acogida inicial, que no parece que debiera demorarse más de tres meses.
Datos positivos
Por otro lado, resaltan como aspecto positivo en ambos centros, la implicación activa y directa de los trabajadores sociales en la realización de todos los trámites necesarios desde el momento de la llegada de los menores para proceder a su documentación como extranjeros tutelados, dotarles de tarjeta sanitaria y escolarizar a los menores de 16 años.
“Sin embargo, esa tarea se veía dificultada por los cambios de criterio de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, que en un primer momento expedía cédulas de inscripción a todos los menores y posteriormente tan solo certificados con el número identificativo de extranjero y, en algunos casos, autorizaciones de residencia y de trabajo con una vigencia inferior a 90 días”, concluyen.