Un grupo de organizaciones sociales y sindicales de Canarias han creado la Mesa por la Justicia Social, una plataforma que pretende velar por los derechos de los canarios que se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Según destaca esta plataforma, que se presentó este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, “uno de cada tres residentes en Canarias no tiene recursos para alimentarse, pagar la luz, la vivienda, la sanidad o la educación”.
Se trata, destacan las organizaciones firmantes, de “personas en condiciones precarias” cuyas condiciones de vida “se deterioran día a día”. La Red de Lucha contra la Pobreza(EAPN-Canarias), el Colegio Oficial de Las Palmas, la Red Canaria en Defensa del sistema público de Servicios Sociales(REDESSCAN), Stop Desahucios, la Red Feminista de Gran Canaria, ATACC, CC.OO., UGT, COBAS y Convergencia Sindical Canaria forman parte de esta mesa abierta contra la pobreza..
Para esta organización, “el empobrecimiento no es natural, ni residual”, por lo que los ciudadanos no son responsables sino víctimas del proceso “Canarias ha retrocedido en desigualdad cuatro décadas, daÅ„dose un 25% de aumento en la diferencia entre la riqueza de los más ricos y la pobreza de las más pobres”.
Según los datos presentados por esta plataforma, hay un 38,2% de la población con tasa de riesgo y exclusión. Esto se traduce en 812.425 personas que están bajo el umbral de la pobreza. De ellas, unas 139.600 personas no cobran ningún tipo de prestación.
Ante esta situación, y los recortes en materia social de los gobiernos central y canario, la plataforma plantea una serie de medidas básicas destinadas a garantizar el mínimo existencial de toda la población, entre las que destacan, entre otras, la garantía de una renta mínima, el fortalecimiento de los servicios de asistencia social o el cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Según señala la Mesa Abierta para la Justicia Social, el esfuerzo de las administraciones debería dar como resultado una reducción drástica del porcentaje de personas en situación de riesgo social del 38% actual al 10. para lograr estos objetivos, señalan, sería necesario invertir en servicios sociales un 15% del PIB y llevar a cabo políticas equilibradas de reparto de la riqueza y promoción de la actividad económica.