El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, insiste en que el dinero que debe aportar esta institución para el mantenimiento de las organizaciones de discapacitados de la Isla “está” y el que le corresponde al Ejecutivo canario “no está”. En total el Gobierno canario debe aportar “210.000 euros”, y en cuanto “los ingrese” se solucionará el problema.
Quevedo explica que “no puedo liberar una cantidad sin que esté la otra parte”, que a día de hoy, insiste, “no está”.
Con estas palabras responde a los usuarios, familiares y trabajadores de nueve centros de la Isla que por segundo martes consecutivo se han concentrado ante la Casa Palacio, en Las Palmas de Gran Canaria, para reivindicar el pago de unos 350.000 euros que según ellos les debe el Cabildo, y que los aboca al cierre de todos los centros en el plazo máximo de un mes.
El consejero se pregunta “por qué no creen en la posición del Cabildo de Gran Canaria, demostrada con papeles”, en una comparecencia de prensa celebrada el pasado viernes en la capital grancanaria, “y dan más peso a los argumentos del Gobierno canario” que “no ha mostrado ni un papel”. Quevedo critica también que hasta ahora el Ejecutivo ha ofrecido tres respuestas diferentes a este conflicto. La primera, “que han enviado el dinero al Cabildo y este no ha pagado”; la segunda, “que el Cabildo lo ponga todo y luego ellos su parte”, y por último, que la institución insular “no ha firmado una adenda”. El consejero asegura que esto último es “absolutamente falso”.
Las concentraciones únicamente ante la sede insular son una muestra de “incoherencia”, según Quevedo, para quien estos actos tienen “una voluntad clara de perjudicar al Cabildo”. Por ello, añade que “no alcanzo a saber lo que pretenden”.
Por último, recuerda que el Gobierno canario ha sido muy criticado por la aplicación de la Ley de Dependencia, que muestra, según Quevedo, “que no respeta las políticas sociales” y esta situación con los colectivos de discapacitados “es más de lo mismo”.