“No he derribado mi casa porque no tengo otro lugar donde vivir”, asegura Josefa Hernández, una mujer de 62 años condenada a seis meses de prisión por haber fabricado en el Parque Rural de Betancuria, una zona protegida de Fuerteventura. La sexagenaria alega que está preocupada por el futuro de las cinco personas que viven a su cargo, una hija con un 39% de discapacidad, un hijo desempleado y tres nietos menores.
Minutos antes de su embarque a Lanzarote -donde debe cumplir su condena en la prisión de Tahíche- sobre las 14:00 horas de este viernes, la mujer sufrió un desmayo, por lo que fue atendida en primera instancia en el centro de salud de Corralejo, para, posteriormente, trasladarla a urgencias del Hospital General de Fuerteventura. Su hija Minerva Zerpa declaró este viernes a Canarias Ahora que su madre comenzaba a “sentirse mal” y a tener de nuevo “constantes subidas de tensión”. Ya por la tarde, la Abuela Josefa, como comienzan a conocerla en Fuerteventura, abandonó el hospital, con la huelga de hambre que comenzó el pasado miércoles finalizada y dispuesta a entrar en la cárcel en cuanto se lo digan.
“Si por mí fuera, mañana mismo”, ha señalado a Efe Josefa Hernández, de 62 años, a la salida del Hospital General de Fuerteventura, donde ha sido asistida por la subida de tensión y el ataque de ansiedad que sufrió en el puerto de Corralejo.
Esta hija, que la ha acompañado durante estos días en la huelga de hambre, asegura que el hecho de no poder estar cerca de su familia es lo que más preocupa a Josefa Hernández. “Mi madre es quien se hace cargo de mis sobrinos, porque mi hermana no puede por su enfermedad” y añade que “ahora probablemente se los lleven las asistentas sociales”.
Zerpa cuenta que en esta casa su madre, sus hermanos y sobrinos viven con apenas 740 euros al mes; la pensión de su madre que es de 320 euros y la prestación por desempleo de su hermano de 420 euros, “con este dinero es imposible pagar un alquiler” sentencia. Y es que si esta familia tuviera unas mejores condiciones económicas afirma que no vivirían en esta casa, que además no está bien acondicionada. “Mi madre no ha dejado de repetir que si le dieran una vivienda social la aceptaría”, puntualiza.
La madre de Minerva llegó a Fuerteventura hace 23 años y tiene siete hijos, edificó esta casa hace 16 años en un terreno que heredó de sus padres. En 2012, una sentencia firme del Juzgado de lo Penal Número dos de Puerto del Rosario condenaba a esta mujer a pagar 700 euros, demoler la vivienda y cumplir seis meses de prisión. Esta cantidad Josefa ya la ha abonado pero es la negativa de derrumbar la construcción lo que le ha hecho que tenga que cumplir condena en la cárcel.
La hija denuncia además que esta zona se declaró Parque Rural después de que la vivienda hubiese sido construida. Concretamente, el Gobierno de Canarias lo ratificó así en el año 2009.
El caso ha causado una enorme indignación en Fuerteventura, donde se han acercado numerosas personas a brindar su apoyo así como personalidades políticas. Tanto el alcalde del Ayuntamiento de Betancuria, Marcelino Cerdeña, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, así como miembros de Podemos y de organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se dirigían con ellas hace unas horas al Puerto de Corralejo para embarcar hacia Lanzarote, en señal de protesta.
Además, en la plataforma Change.org se han recogido firmas desde el pasado jueves, para luchar por esta causa y ya se superan las 10.000. Los diferentes colectivos piden un indulto para esta vecina de Betancuria y que se le proporcione una vivienda en condiciones en la que pueda vivir con su familia.