“Los presupuestos del Gobierno de Canarias incumplen los derechos sociales de la ciudadanía”. Es la conclusión a la que llega la presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de la comunidad autónoma, Emma Colao, sobre las cuentas canarias. Un informe elaborado por este órgano cuestiona que el Gobierno de CC-PP haya aumentado el número de altos cargos mientras que incumple en materias como vivienda, empleo o sostenibilidad.
El análisis pone el foco en que no se está actuando ante la emergencia social y que se opta por el camino de la privatización en diferentes ámbitos. Asimismo, apunta que “Canarias es la tercera comunidad autónoma con menor uso ético de los presupuestos” y que existe “una relación significativa entre el presupuesto dedicado a altos cargos respecto al PIB y la emergencia estructural general”. “Es decir, a medida que aumenta la dotación presupuestaria a altos cargos, incrementa el deterioro de la calidad de vida de la población”, apunta.
Entre las conclusiones del informe se detalla que las cuentas para 2025 pueden considerar “una ratificación de las de 2024” y que “el Gobierno de Canarias persiste y profundiza en emplear la Sanidad como dique de contención de las políticas de transformación, prevención y cuidado personal”, apunta. E incide en que “Canarias sustituirá durante el ejercicio 2025 el derecho a la vivienda, al empleo y sus cuidados por un tratamiento farmacológico”.
En materia de Bienestar Social, el informe recoge que, para 2025, hay un incremento de 59 millones, pero que si se tiene en cuenta el recorte presupuestario del pasado año, se vuelve a incumplir con la Ley de Servicios Sociales de Canarias. En este sentido, se señala que la intención del Gobierno es pasar a modelo monofásico en el reconocimiento de la dependencia, algo que creen que disparará los reconocimientos de derecho “sin que el incremento presupuestario pueda suponer un impacto en la dotación de derecho efectivo de dichas resoluciones”. Por ello, el análisis determina que “el actual modelo de gestión trasladará el incremento de la demanda a una segunda lista de espera”.
En este sentido, incide en que Canarias es la cuarta comunidad de todo el Estado con mayor “emergencia social de todo el territorio” y que existe “una inversión social insuficiente para hacer frente al problema de la desigualdad económica, de riesgo de pobreza y de exclusión social cronificada”.
Una de las conclusiones del informe es que en materia de Bienestar Social, el error no radica en “cuánto se incrementa el presupuesto” sino en “cómo su modelo de gestión no se adapta al contexto canario”.
Otra de las áreas en las que hace hincapié este análisis del observatorio es en transición ecológica. Apunta que “el Gobierno de Canarias ha hecho una apuesta presupuestaria por la privatización progresiva del desarrollo energético, destinando un tercio de todo el programa al pago de proyectos a cargo de empresas privadas. Es decir, el 36,46% de todo el programa de desarrollo energético se encuentra destinado al pago de empresas privadas.
Asimismo, señala que el programa desarrollo sostenible y cambio climático ha sufrido un recorte de 37 millones de euros respecto a 2024. “No obstante, resulta necesario mencionar que el 53,23% de la totalidad del programa se encuentra a su vez dirigido a subvencionar a empresas privadas de la industria energética”. En este punto, también afea que “en Canarias producimos hasta cinco veces menos energía renovable que en el resto del Estado, cuando existe gran ocupación de patrimonio territorial canario utilizado para tal fin”.
El informe ahonda en que “la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias incumple el derecho social a un desarrollo territorial sostenible, ecológico y eficiente para la población”. También en materia de soberanía energética, el observatorio subraya que “Canarias incrementa su dependencia del exterior para el derecho al alimento mientras el Gobierno mantiene los recortes presupuestarios en el ejercicio 2024 al primer sector”.
La vivienda ocupa uno de los apartados de este informe, donde se señala que “pese al incremento presupuestario aplicado en los presupuestos de 2025, el crecimiento real de la sección no se corresponde como consecuencia de los recortes iniciados en el año anterior, traduciéndose en un incremento estético pero no efectivo”, resume. Una de las cuestiones en las que incide el análisis es en que ha incrementado el número de personas habitando en un mismo domicilio como consecuencia de la imposibilidad para afrontar los precios de la vivienda.
En materia de empleo, señalan que pese al aumento en 6 millones de euros, si se tiene en cuenta su evolución desde 2023, se aprecia un recorte de 23,96 millones. Además, “cabe afirmar que mientras que las partidas destinadas al fomento de empleo sufren un recorte gradual, las partidas correspondientes a la sección de turismo, incrementan interanualmente desde 2023”.
El observatorio afea que “el actual Gobierno de Canarias apuesta presupuestariamente por el incremento de la dependencia exclusiva del sector servicios y la reducción gradual de la diversificación económica y productiva de Canarias. De esta manera, el ejecutivo, conociendo el contexto canario ha adoptado por la decisión política y presupuestaria de incumplir el derecho social al trabajo en condiciones dignas e incrementar gradualmente los costes en políticas sociales asistenciales de urgencia social”.
En Educación, resalta que “aunque se incrementa el presupuesto”, el actual modelo “no garantiza las condiciones materiales de la permanencia de la población en el ámbito escolar”. Y en materia de cultura, expone el recorte de 565.887 con respecto a 2023.