Las personas con discapacidad siguen pasando por un camino largo y tedioso en Canarias para ser valoradas y tener un reconocimiento que les abra la puerta a prestaciones, becas y otros recursos. “Estuve esperando por el reconocimiento de discapacidad dos años, pese que en el caso de los menores tiene que estar en un plazo de seis meses”, explica Jéssica González, madre de Iván, un niño de seis años con autismo. La espera por la resolución de grado de discapacidad o la revisión del mismo es una de las cuestiones que motivan un mayor número de quejas ante la Diputación del Común. “Un año más se evidencia el incumplimiento de los plazos de resolución”, señalaba la memoria del pasado año.
Fayna Martín, del área de Familias, Educación y Atención Temprana de Plena Inclusión en Canarias, resalta que la espera por esta resolución supone “un no reconocimiento de derechos, de ayudas, de recursos vitales para la mejora de la calidad de vida de la persona. Los centros base tienen sobre la mesa una larga lista de espera y esto hace que si una persona no tiene ese documento oficial que acredite una discapacidad, no tendrá acceso a los servicios, prestaciones y ayudas públicas que existen”, subraya.
“Esa larga espera no solo afecta a quien lo solicita por primera vez, sino que también tiene un impacto negativo en quien lo debe renovar, porque en la mayoría de los casos el oficio de renovación no lo inicia la propia administración, sino que lo tiene que solicitar la persona interesada, y te dicen que lo solicites a un mes del vencimiento. La cita para la renovación no suele ser al vencimiento, generando que otras administraciones públicas retiren el derecho a ayudas y prestaciones por tenerlo caducado, aun cuando en la ley aparece que si la persona interesada solicitó su renovación antes del vencimiento, se considera todavía en vigor hasta que la administración emita un nuevo certificado. ¿Qué supone esto?, que las familias tienen que estar reclamando ante esas administraciones, perdiendo mucho tiempo, dinero y desgaste emocional”, remarca Fayna Martín.
La experta incide en que disponer de un certificado de discapacidad con un grado superior o igual al 33% supone tener acceso a ayudas económicas (como la prestación por hijo a cargo, pensión no contributiva, la pensión orfandad...) y beneficios fiscales (por cuidado de familiares, por obras, por familia numerosa, etc.).
Jéssica González subraya que en esos dos años de espera por el certificado de su hijo fue aportando informes médicos, psicológicos, sociales… Acudió también a la Diputación del Común “porque había puesto ya varias reclamaciones en el organismo y seguía sin respuesta”. “Ya después, al cabo de los dos años me dieron cita para la valoración, se la hizo el tribunal médico y pasaron unos meses más hasta obtener ya la resolución de discapacidad”. Explica que carecer de ello le suponía no poder acceder a ningún tipo de ayudas. “Me faltaba tanto para becas, prestaciones, sesiones para el niño…” indica esta madre que recuerda que se puede empezar a trabajar con el menor, pero si no tienes el grado de discapacidad todo se complica, pues es clave “para poder seguir con una vida medianamente normal, que es lo que se intenta”.
La directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce María Gutiérrez González, señala que desde que llegó a su puesto ha trabajado por mejorar la base de datos del área con la utilización de inteligencia artificial y otras herramientas de automatización. “Estamos con un proyecto y varias licitaciones relacionadas con temas tecnológicos, de inteligencia artificial o automatización de datos, para conseguir definir muy bien, limpiar los expedientes que están duplicados, a lo mejor personas fallecidas que siguen apareciendo … cosas que al final entorpecen porque no te hacen tener una visión clara de cuál es la realidad en nuestro mapa y que no nos deja centrar la atención en lo que hay que hacerlo”, resume.
Explica que no puede dar datos con exactitud y que hay que tener en cuenta que en 2020 marcó la pandemia y un cambio de aplicativo, por lo que ha habido “varias paralizaciones”. Incide en que a fecha 29 de octubre “hemos sacado en total 6.800 resoluciones”, pero aclara que son de distintos tipos: grado de reconocimiento de la discapacidad, solicitudes para vivienda, adaptación de puestos… Sí insiste en que cuando se solicita una revisión de grado o una renovación, la tardanza no implica que se le deje de reconocer el derecho. “la no revisión en el plazo acordado en la resolución, no puede perjudicar nunca a la persona con discapacidad”, insiste.
El último informe de la Diputación del Común ya reprochaba que “resulta evidente que los equipos encargados de realizar la valoración y calificación del grado de discapacidad, soportan un volumen de demanda ciudadana muy superior al que pueden gestionar con el número actual de personal destinado a estas tareas y esto provoca unas listas de espera de años, que van más allá de lo aceptable” y añadía que en el supuesto de menores de edad, “como pueden ser los casos de trastornos del espectro autista, la demora en la resolución y revisión del grado de discapacidad causa perjuicios de imposible reparación, o cuanto menos un pérdida de oportunidades, puesto que para el acceso a determinados servicios y terapias de atención temprana se requiere el reconocimiento del grado por la administración, y esos años de espera transcurridos, sin la atención especializada, causan un perjuicio irreversible en muchos casos”.
La lucha por una tarjeta física
Entre las cuestiones que la directora general de Discapacidad afirma que se están impulsando para mejorar la atención a la discapacidad menciona la simplificación del gestor de expedientes, un aumento del personal en trece médicos o la tarjeta acreditativa de la discapacidad, con la que espera contar “pronto”. Una tarjeta que la directora general defiende que permitirá dar un “trato digno”, pues con llevarla en el bolsillo abrirá muchas puertas sin necesidad de que en los trámites las instituciones o empresas tengan que acceder a documentos que son privados. La idea es que también se pueda desarrollar una APP.
Sobre esta tarjeta, Fayna Martín destaca que “ya era hora” ya que Canarias es la única comunidad autónoma que no dispone de la misma. “Actualmente el Dictamen Técnico Facultativo consta de varios folios, que te llegan a tu domicilio familiar y son éstos los que tienes que portar para demostrar tu discapacidad. El disponer de una tarjeta física, que puedas guardar en tu cartera o bolso personal, que no se estropee con la misma facilidad que un folio, facilita el que la puedas llevar contigo de una manera más cómoda”, apunta.
Los retos pendientes en Canarias
Jéssica González es usuaria de la asociación APANATE, que afirma que la ha acompañado desde el principio con su hijo y que fue quien le diagnosticó en un principio. “Si no tienes la discapacidad reconocida, la atención temprana tarda mucho”, destaca. Apunta que si no te dan ningún tipo de beca, las familias tienen que emplear de su bolsillo el gasto en gabinetes e incide en que esta atención es fundamental para que las familias acompañen a los menores y sepan cómo actuar. Con un menor con autismo se requiere además de un conjunto de atenciones como psicología, logopedia, atención temprana, psicomotricidad, terapia ocupacional…
La madre reivindica también más profesionales en la educación pública y más inclusión para que no se derive tanto a aulas enclave sino que se pueda contar con otros recursos como por ejemplo la figura del segundo profesor o docente de refuerzo en la clase. “Que haya una inclusión real dentro del aula porque si careces de profesionales especializados es muy duro”, afirma. Insiste en que es necesaria más formación, también en el ámbito sanitario, donde muchas veces se ha encontrado con falta de empatía.
Para Fayna Martín es crucial “reconocer la atención temprana como un derecho subjetivo de todas las niñas y niños, sin discriminación, garantizando la igualdad en el acceso”. Además, ve necesario incluirla en la cartera común de servicios de salud y servicios sociales y fomentar la colaboración con las entidades sociales de la discapacidad para la coordinación de recursos destinados a la Atención Temprana y al apoyo a las familias.
Así mismo, enumera otras reivindicaciones de las personas con discapacidad como “estrategias de coordinación socio sanitaria autonómicas, equipos especializados y protocolos de acceso prioritario, así como unidades de coordinación de salud mental y organizaciones sociales”. También reivindica más apoyo a la transición a la vida adulta de personas que carecen de apoyos y desarrollo de programas autonómicos de formación, de centros de capacitación y de inserción sociolaboral.
Fayna Martín incide en la importancia de fomentar la participación política de las personas con discapacidad, en un plan de derechos sexuales y reproductivos. También remarca la necesidad de contar con procesos de envejecimiento, de desarrollar la Ley de Servicios Sociales de Canarias, con puesta en marcha del Catálogo de Servicios y Prestaciones y del Concierto Social así como contar con un Ingreso Mínimo Vital complementario a las prestaciones autonómicas hasta llegar al salario mínimo, entre otros.