Sin plantilla suficiente, muy próxima a la jubilación, oficinas cerradas y con viejas carencias a la hora de pedir cita previa. La Seguridad Social en la provincia de Las Palmas arrastra una serie de problemas desde hace tiempo que complican su adaptación a la “nueva normalidad” y la gestión del Ingreso Mínimo Vital por parte del personal de sus centros de información y atención (CAISS). De momento, los trabajadores se encuentran teletrabajando aún y realizan sobre todo gestiones a través del teléfono, ya que la brecha digital es un hecho que afecta a la hora de realizar trámites, no solo por la falta de dispositivos sino de formación de parte de la ciudadanía ya que muchas de las gestiones no son sencillas. El Gobierno de Canarias ya ha anunciado que prevé que los trabajadores del Estado tramiten esta renta hasta enero para poder después asumirla su propia plantilla, también insuficiente y envejecida. No obstante, se encuentra sobre la mesa la posibilidad de buscar el apoyo de los ayuntamientos y descargar así carga burocrática.
De momento, no hay una fecha fijada de apertura de las oficinas. Los sindicatos UGT y CCOO auguran que se sufrirá un colapso cuando reabran ya que no lo harán en su totalidad. Explican que muchos de los empleados de la Seguridad Social de Las Palmas son personas de riesgo por edad o por patologías, por lo que no está claro cómo será el plan de desescalada a partir del próximo lunes, 15 de junio, día en el que además comienza a tramitarse el Ingreso Mínimo Vital y que en Canarias pretende llegar a casi 50.000 hogares, debido a la elevada tasa de pobreza y exclusión social de las Islas. De hecho, un 36,4% de la población canaria se halla en riesgo de pobreza y exclusión, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Las Islas se habían adelantado al resto del país en el mes de abril con un ingreso de emergencia para ayudar a las familias afectadas por el cese de la economía sumergida y otras situaciones durante el estado de alarma. De 30.000 solicitudes, se han gestionado hasta el momento unas 5.600, para lo que ha sido fundamental la labor de la línea telefónica 012. Desde la Secretaría de Estado para la Seguridad Social y Pensiones, destacan que no existe una estimación de cuántas personas se reincorporarán a sus puestos de trabajo porque “el hecho de contar con una patología no impide acudir al trabajo de forma presencial si es posible efectuar adaptaciones en los puestos de trabajo que minimicen los posibles riesgos de contagio de coronavirus”. Además, aclaran que “la Dirección General de la Seguridad Social ha establecido un plan de refuerzo en todas las direcciones provinciales, no solo en Las Palmas”.
A ello se suma que hay oficinas como la del municipio grancanario de Arucas que no abrirá en el plan de desescalada por no cumplir con requisitos como el de mantener la distancia social, al ser un espacio más pequeño que el de otras oficinas. Los sindicatos aseguran que su cierre provocará que se deje de atender a las mil personas que hacían uso de sus instalaciones al mes y que daba cobertura a la ciudadanía de ese municipio además de a otros cercanos del interior de Gran Canaria como Teror, Moya o Firgas. Gustavo Martín, secretario general de la Federación de empleados de Servicios Públicos de UGT en la isla, señala que estas personas se verán obligadas a desplazarse a otras oficinas, que ya sufrían colapso. No solo aquellas que pretendan tramitar este ingreso querrán acudir a estas instalaciones ya que después de tres meses cerrados habrá ciudadanos que no hayan podido hacer otras gestiones durante la crisis sanitaria y que estén esperando a la atención presencial, como es el caso de las jubilaciones recientes.
No es la primera vez que se anuncia el cierre de esta oficina, por lo que los sindicatos temen que se trate de un “cierre encubierto” e instan a que se busque otro espacio. El alcalde del municipio, Juan Jesús Facundo (PSOE), se ha mostrado en la misma sintonía que los sindicatos y cree es “una solución radical como para tomarla de manera precipitada”. Desde la Seguridad Social explican que el cierre es “temporal” y que el acceso a dicha oficina se realiza por un espacio estrecho donde concurre el personal del centro en la zona de tránsito hacia los aseos y sostienen que carece de una zona de acceso que permita mantener las distancias de seguridad, pues en la misma ubicación concurren las entradas al Centro de Especialidades, al de Atención Primaria y al Servicio de Urgencias. “En las escaleras de acceso son frecuentes las aglomeraciones a primera hora de la mañana, y los funcionarios tienen que sortear a los ciudadanos para acceder”. Por ello, aseguran que ha sido necesario “realizar una reorganización del servicio y buscar unas instalaciones adecuadas tanto para el personal como para la atención al ciudadano”.
Conocer el número real de personas en lista de espera para realizar trámites en la Seguridad Social ha sido un dato difícil de obtener para los representantes sindicales de las oficinas de Las Palmas, ya que el mensaje que antes de que se produjera la crisis del coronavirus solía aparecer a los usuarios era el de: “No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio seleccionado”. Y es que, a diferencia de otros organismos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que suele facilitar hora para recibir atención presencial aunque sea para dentro de dos semanas, en la Seguridad Social esto no se produce porque el calendario de petición de citas está restringido y normalmente se concede de un día para otro o con muy poca antelación. Intentar entrar en la página web de madrugada para comprobar si alguien se había dado de baja y estaba menos saturado el sistema era una de las prácticas más habituales que comentaban usuarios a este periódico antes del estado de alarma. El año pasado esta situación se intentó remediar trayendo personal de Madrid para agilizar esta lista de espera, pero los sindicatos consideran que no fue suficiente.
Gustavo Martín señala que la ciudadanía puede presentar reclamaciones en la Delegación del Gobierno para que quede constancia del mal funcionamiento ya que no hay forma de demostrar esa lista de espera de la que se quejan los usuarios. De hecho, el año pasado la provincia de Las Palmas fue la que segunda que más quejas registró por este motivo. El miembro de UGT subraya que este “caos organizativo” ha sido puesto en conocimiento de la dirección general en sus actas y lamenta que se desconozca cuántas personas son atendidas por teléfono o correo electrónico y cuántas piden ser atendidas y no se les atiende. “Muchas personas se quedan en el camino”, advierte.
UGT y CCOO han solicitado por escrito que se convoque la Comisión Ejecutiva Provincial, de la que forman parte estos sindicatos así como la patronal, para conocer datos estadísticos y exponer los problemas con los que se encuentra este organismo, principalmente en las tres islas orientales de la provincia de Las Palmas. Antes del estado de alarma, se convocaba cada mes esta comisión donde se conocían los datos de gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social, una información que ahora asegura que desconocen ya que el último correo recibido en marzo hacía alusión a que estas mesas debían ser pospuestas debido al coronavirus. No obstante, según explica Martín, en otras provincias ya se han celebrado por videoconferencia. Sin estas reuniones es muy difícil que puedan llevar a cabo su labor como representantes sindicales, afirman también desde CCOO. De manera conjunta, han escrito a la directora del INSS en Las Palmas pero no han recibido aún una respuesta. Sí han recibido recientemente un informe con datos pero señalan que muchos están en blanco y demandan más información. Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, al ser cuestionada por este asunto, explican que “la situación de emergencia sanitaria y la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión en circunstancias muy complicadas, unida a los preparativos para el reconocimiento de una nueva prestación (Ingreso Mínimo Vital) han justificado la no celebración de Comisiones Ejecutivas durante este tiempo”.
Además de la incertidumbre de cómo será esta vuelta a las oficinas y el temor por el colapso de los servicios, temen que se opte por la privatización de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Desde UGT se ha advertido en el ámbito nacional de que la solución no pasa por planes de intensificación (horas extra) ni por realizar encargo “a la empresa Tragsatec con los ya limitados presupuestos de la Seguridad Social”, para lo cual el sindicato ya ha señalado que se mantendrá vigilante “para que se ocupe de tareas de mero trámite y que no supongan el ejercicio de potestades públicas”.
Entre las soluciones que plantea el sindicato destaca el de incrementar el número de empleados públicos, aprobando una OPE extraordinaria y adicional para el refuerzo de estas prestaciones, así como la reordenación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT). También considera que se deben gestionar de forma adecuada los recursos humanos, mejorar la red de oficinas y modernizar equipos y sistemas. Gustavo Martín además añade que lo ideal es que exista una redistribución efectiva a través de la “Agencia Única de la Seguridad Social”, un proyecto que agilizaría los trámites y que, sin embargo, ha quedado en el olvido.
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