Más horas dedicadas a los cuidados se traduce en Canarias en más empleos eventuales, parciales y precarios ocupados por mujeres. De las 50.000 personas en ERTE que se beneficiarán próximamente de un complemento salarial por cobrar unas cuantías bajas, CCOO estima que una gran parte irán destinadas a mujeres. 10.000 de esos trabajadores y trabajadoras no alcanzan ni los 500 euros mensuales desde que están en esta situación. “La pandemia ha supuesto para las mujeres destrucción de empleo, pero también que las prestaciones sean mucho más bajas porque ocupan puestos por menos horas de trabajo”, explica la delegada de Igualdad de este sindicato en las Islas, Esther Martín. Los estudios y datos que maneja no son los únicos que muestran esa desigualdad de género, también lo corrobora Cáritas en su memoria institucional publicada en junio. El perfil de las personas atendidas por esta ONG se corresponde en un 63% a mujeres de nacionalidad española (59,7%) y con hijos a cargo (47%).
Tanto Cáritas como Cruz Roja hacen hincapié en ese incremento en las ayudas desde el inicio de la pandemia. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la PCI se han articulado como mecanismos de protección necesarios, aunque insuficientes. En la actualidad, unas 16.000 familias canarias reciben esta última prestación, más de 9.000 son mujeres. La memoria anual de Cáritas sostiene que “de las familias con menores, un 21,7% son monoparentales y están encabezadas, en su mayoría, por mujeres. Para estas familias la pandemia significó un aumento de las dificultades para conciliar y para cubrir sus necesidades más básicas”. La media de edad de estas mujeres se sitúa entre los 40 a 49 años. El 42,6% señala haber estudiado solo hasta la Educación Primaria y encontrarse sin empleo (72,7%).
El Instituto Canario de Igualdad ha publicado recientemente un nuevo portal, Canarias con perspectiva, en el que se pueden analizar datos de diferentes ámbitos desglosados por género. En esas estadísticas se puede comprobar cómo la desigualdad atraviesa desde el empleo, la conciliación o la vulnerabilidad social, al ellas representar una tasa de pobreza del 33,5% y constatarse que en un 55% de los casos no pueden llegar a fin de mes. En esos datos se muestra que un 75% de las excedencias para cuidar a menores o familiares (personas dependientes, con discapacidad, que padezcan una enfermedad…) son solicitadas por mujeres. El dato, según CCOO, se ha incrementado y aún más en esta pandemia hasta superar el 90%, es decir nueve de cada diez excedencias son solicitadas por ellas en los trabajos por este motivo principalmente. Esther Martín explica que en este período muchas residencias o centros de día disminuyeron sus ratios, o cerraron, las familias se vieron con dificultades para acceder a escuelas infantiles de cero a tres años… Son factores que determinan que se incrementen las reducciones de jornada o peticiones de excedencia.
“El 78% de los contratos a tiempo parcial siguen asumiéndolos las mujeres”, remarca Esther Martín, que añade que a ello se suma que siguen afrontando las jornadas a tiempo parcial. Todo ello repercute también en que sean las que más pensiones no contributivas perciben y, por tanto, de más baja cuantía en el futuro. Por ello, insiste en que hay dos tipos de brecha salarial: la directa, y pone como ejemplo la que se producía en el sur de Tenerife en un hotel donde las mujeres cobraban menos que los compañeros hombres por igual trabajo; pero existe otra discriminación indirecta que son esas jornadas a tiempo parcial, reducciones de jornada, excedencias… Pero también el acceder a empleos más precarizados que no cuentan, por ejemplo, con pluses de nocturnidad, entre otros. De hecho, en los datos recogidos en la plataforma del ICI se muestra cómo las mujeres están más empleadas que los hombres entre los 20 y 24 años, pero se mantiene inferior a la tasa de ocupación de ellos a partir de esa edad.
Para la delegada sindical de Igualdad de CCOO se hace fundamental incrementar el salario mínimo interprofesional, ya que las personas más beneficiadas serán precisamente las que se encuentran más precarizadas. “Desde Canarias somos la comunidad autónoma que ha resultado más beneficiada por los incrementos del salario mínimo interprofesional” y añade que “nadie entendería” que no se siga incrementando si aumenta el PIB. Además, apunta que la propia Unión Europea ya lo ha afeado a España. Y es que, “el Salario Mínimo del país ha de ser el 60% del salario medio”. Se trata de una medida que acompañada de otras como políticas activas de empleo, poner a las personas en el centro, potenciar la educación de cero a tres años y los servicios sociales, como recoge el Plan Reactiva Canarias, cree que es fundamental para luchar contra esa desigualdad social y de género.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció recientemente un cheque para fomentar la maternidad en la comunidad autónoma. Se trata de una cuantía de 500 euros para madres menores de 30 años y que lleven diez empadronadas en la comunidad. La cuantía se cubriría desde los cinco meses de embarazo hasta que el menor cumpla dos años. La directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, apunta que para fomentar una ayuda de este tipo primero habría que realizar un estudio de impacto. Aunque cree que las ayudas son positivas, sí insiste en que hay que estudiarlas y en que para luchar contra la desigualdad es necesario fomentar otras políticas de conciliación. Sobre esta ayuda anunciada por Ayuso sí cree que es clasista, racista y que está pensada para solo un modelo determinado de familia. En Canarias, por ejemplo, para cobrar la Prestación Canaria de Inserción, es necesario llevar viviendo un año en el Archipiélago, pero plantear que haya que llevar diez deja sin alternativa a muchas personas, tanto a migrantes como de otras comunidades autónomas. Fumero recuerda que también quedan fuera de la ayuda aquellas familias que deciden adoptar, por ejemplo.
Para Esther Martín, “son políticas más enfocadas a hacer discursos políticos fáciles que realmente a buscar soluciones a los problemas de las mujeres en cuanto a acceso de trabajo o conciliación”. Recuerda que el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la edad media en la que las mujeres son madres por primera vez en los 31 años. Además, el hecho de solicitar diez años de residencia para recibir una ayuda recuerda que excluye incluso a madrileñas que hayan tenido que ir unos años a otra comunidad autónoma a desarrollarse profesionalmente, a estudiar… “¿Y cuando el menor cumpla los dos años, qué ocurre?”, se cuestiona. Por ello, insiste en que es una política insuficiente que no va a la raíz del problema. En Madrid apunta que beneficiará a un 2% de las mujeres, por lo que cree que en Canarias la medida repercutiría aún en menos personas, sería prácticamente irrisoria y beneficiaría a las que tengan probablemente unas condiciones más favorables, mientras que a las precarias “no les serviría de mucho”.
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