Más papeleo para la ciudadanía y una atención “empobrecida”: todas las críticas al polémico decreto de dependencia de Canarias

El nuevo decreto con el que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias pretende agilizar la dependencia se ha topado con una lluvia de críticas por parte de los profesionales en el área. Los colegios de Trabajo Social de las dos provincias llevan meses alertando de que esta medida atenta contra la calidad del proceso. En un último comunicado conjunto señalan que esto supondrá en realidad más papeleo para la ciudadanía y una atención “empobrecida”. Una tesis que comparte el personal de la Consejería, que envió el mes pasado un escrito alertando de que se vulneran los derechos de las personas “más vulnerables”.
Los colegios Oficiales de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han expresado reiteradas veces “su profunda preocupación ante la entrada en vigor del polémico decreto de Dependencia” e insisten en que bajo “el argumento de la agilidad y la disminución de las listas de espera, se esconde una mayor burocratización y un empobrecimiento de la atención, al no compensar los problemas estructurales de base que suponen la falta de personal y de gestión de calidad”.
“Lejos de simplificar los trámites para las personas en situación de dependencia, advierten, esta nueva normativa traslada la carga administrativa a la ciudadanía y, en consecuencia, generará el colapso de los servicios sociales municipales”.
Un modelo “más complejo”
Los colegios advierten de que “la complejidad del nuevo modelo de solicitud exige a las personas solicitantes proporcionar una extensa y detallada información económica y social de toda la unidad familiar. Esto incluye datos bancarios, de salud y detalles sobre su entorno familiar, incluso antes de saber si se les reconocerá algún grado de dependencia”.
Para los profesionales del Trabajo Social, pese a ser presentado como una simplificación, el decreto únicamente aligera la carga administrativa para el Gobierno de Canarias y traslada toda la complejidad y responsabilidad a la ciudadanía, que es la que deberá completar un modelo de solicitud que describen como “exhaustivo y difícil de interpretar”.
“Estamos ante una involución de la atención pública ofrecida. Es una burocratización del proceso aún mayor para las personas dependientes y sus familias: un colectivo fragilizado, con una biografía marcada por el esfuerzo, al que la Administración pretende sumar más carga”, insisten. A juicio de los colegios, “esta situación obligará a muchas personas a acudir repetidamente a los servicios sociales municipales en busca de ayuda para completar la solicitud, lo que saturará aún más unos servicios ya sobrecargados”.
Riesgo de tomar decisiones malinformados
El nuevo modelo de solicitud recoge que las familias elijan directamente los servicios o prestaciones que consideran adecuados, “sin la orientación de profesionales especializados”, matizan los colegios, para quienes “esto aumenta el riesgo de decisiones mal informadas que no respondan a las verdaderas necesidades de la persona en situación de dependencia”.
Otra cuestión en la que hacen hincapié es que el modelo solicita autorización para acceder a datos “sanitarios” y sobre “circunstancias familiares y sociales” sin que a su juicio especifique “claramente cuáles son estos datos, lo que plantea serias dudas sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la confidencialidad de la información personal que consultara el Gobierno de Canarias”.
Sustituye el informe social
La eliminación del informe social es otra de las cuestiones criticadas en los últimos meses, desde que se empezó a tramitar el decreto. “A pesar de la inminente entrada en vigor del decreto, no se ha desarrollado un modelo normalizado que garantice una evaluación rigurosa, equitativa y centrada en la persona. Esta carencia no solo compromete la calidad del proceso, sino que contradice abiertamente las directrices del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, detallan los colegios.
Personal de dependencia también ha afeado que se retire el informe social “sustituyéndolo por una figura denominada”Informe del Entorno“, que no está reconocida ni definida en la legislación vigente en materia de Servicios Sociales” ni en la Ley de Dependencia.
Tres meses para hacer uso efectivo del servicio
Los colegios hablan de otra medida “lesiva” y se establece un plazo máximo de tres meses desde el reconocimiento de la situación de dependencia para hacer uso efectivo del servicio o prestación asignada. “En caso de no hacerlo en ese plazo, se perderá el derecho adquirido, salvo que se justifique ante la Administración que la demora no fue imputable a la persona interesada. Sin embargo, no se aclara cómo deberá demostrarse dicha justificación ni qué situaciones se considerarán como causas no imputables, generando más inseguridad y presión sobre quienes ya están en una situación de vulnerabilidad”.
Sobre este punto incidió en un escrito el pasado 5 de mayo trabajadores de la Consejería, que advirtieron de que entre los aspectos más “graves” del decreto se encuentra “la posibilidad de extinguir el derecho a la prestación si no se accede al servicio en un plazo de tres meses, sin garantizar mecanismos concretos que justifiquen que la causa no sea imputable a la persona usuaria y penalizando situaciones derivadas de problemas estructurales del propio sistema”.
“En primer lugar, la norma impone a la persona beneficiaria la carga de probar que la falta de acceso no le es imputable. Esta inversión de la carga de la prueba resulta desproporcionada, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad, que pueden enfrentar barreras estructurales como listas de espera, carencias de plazas, falta de cobertura territorial de las empresas acreditadas o incidencias administrativas. Estos obstáculos, imputables al propio sistema, no siempre son fácilmente documentables por el usuario”, señalan en el escrito los trabajadores y trabajadoras.
“Una vez más, este decreto hace responsables del dictamen–propuesta a profesionales que ya de por sí están saturados y que, en muchas ocasiones, no cuentan con el tiempo necesario ni con los instrumentos de valoración adecuados”. “Este nuevo decreto pone en evidencia una desconexión profunda entre la administración autonómica y la realidad de las personas en situación de dependencia y de los equipos que las atienden. No se puede hablar de mejora cuando lo que se ofrece es un procedimiento farragoso e inaccesible”, añaden los colegios, que insisten en que “no serán cómplices”.
Otras críticas del personal de la Consejería
“Este decreto, lejos de reforzar el sistema público de atención a las personas en situación de dependencia, introduce medidas que comprometen seriamente la calidad, equidad y seguridad jurídica del procedimiento, afectando de forma directa a los derechos de las personas más vulnerables”, resumieron en un escrito trabajadores y trabajadoras de la Consejería.
Otra cuestión que denuncian los trabajadores y trabajadoras es la revisión de valoraciones mediante muestreo, lo “que impide un control técnico riguroso y coherente en todos los casos, no garantizando que todas las valoraciones estén correctas”.
También denuncian “la asignación de funciones técnicas a personal sin formación especializada ni control efectivo, lo que puede dar lugar a decisiones erróneas, arbitrarias o influenciadas por conflictos de interés. No puede ser que una persona que esté valorada por un profesional con el que tiene contacto directo y rutinario, pueda tener mayor posibilidad de una sobrevaloración de su situación, con respecto a aquellas que sean valoradas por personal del servicio central, con el que no haya ningún conflicto de interés”.
Asimismo, inciden en que la eliminación del modelo normalizado de Informe de Salud, “genera valoraciones erróneas, ya que no se dispondrá de toda la información completa y obligatoria para el desempeño correcto del baremo y pone en riesgo el acceso de los canarios al derecho en igualdad de condiciones”.
Un decreto defendido por el Gobierno
El Gobierno de Canarias aprobó el pasado 21 de abril el polémico decreto de dependencia con el que están en contra los colegios de Trabajo Social de ambas provincias y el personal técnico de la Consejería, que presentaron numerosas alegaciones al mismo. Críticas que también han realizado partidos como el PSOE, Nueva Canarias o Podemos.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, defendió en la presentación del mismo que se recortarán los tiempos para reconocer la dependencia al pasar de un modelo bifásico a otro monofásico. Es decir, solo bastará con una visita al domicilio de la persona usuaria para tramitar el grado de dependencia y el Programa de Atención Individualizada. Además, aseguró que se han estado actualizando los aplicativos informáticos y que se impartirá formación al personal de la Consejería.
La Consejería está siendo objeto de numerosas críticas, especialmente después de que se inflaran los datos de dependencia en 12.000 prestaciones, que fueron eliminadas del sistema por el Imserso. A ello se ha sumado las críticas en discapacidad, el área que más quejas acumula en la Diputación del común o en el área de menores, donde los trabajadores y trabajadoras piden mejoras para que no se repitan las vulneraciones de derechos en los centros y también de cara a un personal que está sobrecargado.
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