Primero fueron los médicos adjuntos de las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria y, ahora, el resto del servicio. Cerca de 250 trabajadores de diferentes categorías profesionales (personal de enfermería, auxiliares, celadores, informadores...) han firmado un escrito para denunciar ante los órganos de dirección que las carencias estructurales y el volumen de pacientes que deben atender “son incompatibles con las más elementales y básicas condiciones de trabajo y no garantizan los derechos que a los pacientes les asisten”.
Hace unas semanas, 24 de los 28 facultativos de urgencias de este complejo hospitalario remitían una carta en la que describían una “masificación sin precedentes” en el servicio y advertían de que la seguridad clínica de los usuarios estaba “gravemente comprometida”. Posteriormente, esos mismos médicos convocaron una concentración a las puertas del complejo a la que acudieron decenas de trabajadores para reclamar soluciones efectivas y duraderas ante los reiterados episodios de colapso en las urgencias del centro.
El 24 de noviembre, un día antes de esa manifestación, cerca de 250 profesionales del servicio -más del 80% de la plantilla estable, según las fuentes consultadas- habían hecho llegar a la subdirección de Enfermería y a la gerencia del complejo una carta que expresaba el sentir mayoritario del personal. “No podemos tener silencio cómplice ante lo que vemos diariamente y a cómo se vulneran derechos fundamentales de los pacientes”, expone.
“Nos negamos rotundamente a seguir aceptando que hasta 90 pacientes permanezcan ingresados en nuestro servicio” a la espera de ser trasladados a una cama en las plantas de hospitalización o ser derivados a centros concertados o sociosanitarios. Los trabajadores lamentan que algunos pacientes tengan que pasar “varios días” hacinados en camillas enfiladas en los pasillos como “improvisado dormitorio, comedor e, incluso, aseo donde realizar sus necesidades básicas a escasa distancia” de otros usuarios. “Nos pueden pedir que trabajemos mucho, pero no nos pueden pedir que sigamos indefinidamente haciéndolo en condiciones tan deplorables y en las que, como ya manifestaron nuestros facultativos en otro escrito, se compromete la seguridad clínica del paciente”.
Los profesionales parten de la base de que el servicio “nunca debió ser puesto en marcha” con las carencias estructurales que presenta y que son “sobradamente conocidas por todos”. “Lo hacemos constar una vez más y ya son demasiadas desde el año 2011”, cuando entró en funcionamiento. Para los firmantes de la carta, a los déficits históricos de personal y de espacio físico para poder ubicar a los pacientes que llegan a urgencias se le unen los problemas estructurales de camas del complejo, es decir, la falta de plazas a las que derivar a los usuarios que siguen precisando atención hospitalaria una vez concluye la asistencia urgente. Esta circunstancia es el “detonante último” para que se evidencien las limitaciones en el servicio, agregan.
Los trabajadores subrayan que las medias diarias de asistencia a urgencias crecen cada año debido al progresivo envejecimiento de la población y el incremento de la demanda de camas hospitalarias y que ello se traduce en que “numerosos días” el servicio amanece con decenas de pacientes en los pasillos, en una mayor “sobrecarga” de las áreas y “hacinamiento” de los usuarios, “hasta el punto de que ya se asumen como boxes hasta las camillas de sobreocupación”. La solución, precisa el escrito, “no pasa por aprovechar cada hueco libre que queda entre las paredes” del servicio, sino por “adecuar el hospital a la demanda que recibe por parte de la población y que ya era anterior” a la pandemia. El personal insiste: la Covid “ha evidenciado” las carencias, pero “no es la causa”.
“Somos conscientes de que el hospital se ha quedado pequeño y entendemos que otras administraciones deben intervenir para que tantos pacientes que están a la espera de centros sociales puedan liberar las decenas de camas que se encuentran ocupadas por este motivo. Somos conscientes también de las tremendas dificultades que supone la gestión de esta situación, pero es que se siguen tomando decisiones contrarias a nuestros criterios, algunas de las cuales incumplen el pacto de huelga firmado en 2015”, añaden los firmantes.
Los profesionales tienden la mano a los órganos de dirección para “ayudar y adaptarse” a las situaciones que se produzcan en este entorno, pero esperan que se adopten las medidas correctoras oportunas para evitar un problema que “lo está sufriendo la sociedad canaria entera, especialmente nuestros mayores, que quienes con su esfuerzo de juventud ayudaron a crear esta sanidad pública que ahora les paga de esta injusta, indigna e intolerable manera”.
Tal y como manifestó el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia en sede parlamentaria, y como también ha señalado en diversas ocasiones el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, la administración confía la solución a este histórico problema a la ampliación del complejo hospitalario tras la cesión por parte del Cabildo de Gran Canaria de un edificio contiguo que albergaba el Colegio Universitario de Las Palmas.