El Consejo Regional de la Construcción, que reúne a las patronales provinciales Fepeco y AECP, ha reclamado que los funcionarios que trabajan desde sus casas en departamentos relacionados con procedimientos o expedientes del sector “se incorporen inmediatamente a sus puestos de trabajo presencialmente”.
“El atasco actual es monumental en la resolución de los expedientes o licencias, con retrasos de varios años”, afirman los constructores en un comunicado en el que acusan al Gobierno de Canarias de aprobar “el decreto del teletrabajo” a pesar de que no hay unanimidad en el ejecutivo y de que es “una seria amenaza” que quiebra el derecho constitucional de acceso a los servicios públicos.
En un comunicado, las patronales afirman que “el teletrabajo no ha servido, las demoras así lo demuestran empíricamente, distorsionando las relaciones normalizadas entre Administración y administrado, que han desaparecido, con el consiguiente retardo de cualquier diligencia”.
Alertan de que mantener el teletrabajo “significaría provocar el cierre de muchas empresas, sobre todo pymes, microempresas o autónomos locales y la perdida de miles de puestos de trabajo, desencadenando la paralización del motor y locomotora de la economía canaria, como es el sector de la construcción”.
“No estamos en contra de su implantación, sino de como se está haciendo, un verdadero fiasco”, matizan en un comunicado, en el que insisten en que “hasta ahora, se ha demostrado que no es eficiente, ya que no cuenta con una cuantificación o medición precisa de la productividad de los funcionarios que se quedan en su casa”.
“La administración pública funciona peor que nunca, lo que revela que el teletrabajo no ha sido ningún aliciente para mejorar, todo lo contrario, si antes estábamos mal, ahora la situación es insostenible”, aseguran los empresarios.
Nadie contesta a los teléfonos o están comunicando, las plataformas digitales “están fuera de servicio o caídas” la mayor parte del tiempo y los edificios de usos múltiples están vacíos, denuncian.
“Los derechos de los trabajadores públicos no pueden estar por encima de los derechos de la ciudadanía y del sistema productivo”, abundan los constructores.
El Consejo Regional quiere que el Gobierno de Canarias aclare cómo se controla la productividad, el horario, la resolución de expedientes, la calidad del trabajo o los plazos de resolución.