Las cuatro patronales turísticas de Canarias han pedido este miércoles al Gobierno regional, tal y como adelantó este periódico este martes, que instaure la solicitud del certificado COVID para el acceso a todos los espacios públicos, incluidos centros comerciales, deportivos y comerciales, y no solo a los locales turísticos.
Los empresarios apuestan por implantar este sistema de control en espacios de confluencia de personas como medida “razonable en lugar de imponer restricciones horarias y de aforo”, según han señalado las patronales Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL en un comunicado conjunto en el que abogan por garantizar la seguridad sanitaria, pero también la economía, manteniendo los negocios abiertos con medidas de seguridad.
Estas organización apuntan que los establecimientos alojativos han ejercicio el “control responsable” en sus instalaciones en todos estos meses de pandemia al exigir a sus clientes que acreditaran estar libre de la enfermedad, por lo que ahora, ante el aumento de contagios, la responsabilidad de ese control debe hacerse extensiva a todos los sectores de actividad.
Entre ellos citan a comercios, museos, bares, restaurantes, cines, discotecas, estadios de fútbol y pabellones de baloncesto, entre otras instalaciones deportivas, además de a los edificios oficiales donde se presta atención al público.
También consideran que es fundamental la puesta en marcha inminente de una aplicación móvil “ágil” que valide la información que contienen esos certificados de vacunación, a través del código QR, y que esos datos se almacenen en ella el tiempo que legalmente sea necesario.
Los hoteleros destacan “la buena labor” que en materia de vacunación se ha hecho en España y la respuesta mayoritaria de la población frente a otros estados europeos con unos índices más bajos y que ahora sufren situaciones no deseadas con aumentos notables de contagios, como es el caso de Austria −con ese nuevo confinamiento que comenzó este lunes, 22 de noviembre, durante 15 días− o Alemania.
El Gobierno alemán ha anunciado que hará legalmente obligatoria la vacunación para los colectivos sensibles y aprobará nuevas restricciones para los no vacunados, añade la nota.
“Los establecimientos alojativos han sido responsables al solicitar hace más de un año esos controles para el acceso a sus instalaciones, cuando aún no se había implantado el certificado COVID a nivel europeo en los puntos de entrada y salida de pasajeros; fueron también ejemplares con el cumplimiento de los protocolos de seguridad y formaron a su personal, lo que les ha permitido ser espacios seguros, en los que no se han producido brotes reseñables”, subrayan las organizaciones.
De hecho, añaden, han sido las instalaciones hoteleras y extrahoteleras las que durante mucho tiempo han ejercido “un verdadero filtro” ante la enfermedad en la entrada de turistas, con la solicitud de certificado de vacunación o prueba negativa de COVID-19, señala el comunicado.
Las patronales turísticas consideran que esos controles en los aeropuertos y en los establecimientos de pública concurrencia deben ser también obligatorios para los pasajeros nacionales y locales, que a partir del 1 de diciembre estarán sometidos a cribados aleatorios en el caso de los nacionales.
“Los controles deben hacerse de forma obligatoria a todo el mundo que acceda a un establecimiento, sea hotel, bar, restaurante, cine, discoteca, museo, estadio de fútbol, centro comercial… cualquier lugar de pública concurrencia, incluidos los edificios gubernamentales que prestan atención ciudadana”, insisten las patronales.
El sector turístico canario, afirman las organizaciones firmantes, ha tenido claro desde un primer momento que la vacunación masiva era la única forma de tratar de mantener a raya esta pandemia, al tiempo que ha trabajado de forma ardua para recuperar en todo lo posible la actividad económica de los establecimientos alojativos, siempre con los protocolos de seguridad establecidos.
Sin embargo, no siempre han estado de acuerdo con la implantación del certificado COVID. Hace apenas siete meses, el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife y a la Asociación Hostelería Unida Tenerife reclamaron medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por vulneración de derechos fundamentales al considerar que se discriminaba a los ciudadanos vacunados frente a los no vacunados. Y la Sala les dio la razón, paralizando la aplicación de esa medida de control del virus.
La justicia de Canarias, junto a la de Euskadi, es la única que hasta el momento se ha mantenido firme en su negativa a aplicar el certificado COVID. El Gobierno canario ha cambiado los planteamientos legales que fueron rechazados por los tribunales y prepara un nuevo decreto que ya no será recurrido por las patronales hosteleras.