Personal de dependencia del Gobierno canario alerta de los efectos del nuevo decreto: “Afecta a los más vulnerables”

Archivo - Ayuda a domicilio a personas dependientes (imagen de archivo)

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Trabajadores y trabajadoras de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias han alertado este lunes de los efectos del polémico decreto de dependencia. “Este decreto, lejos de reforzar el sistema público de atención a las personas en situación de dependencia, introduce medidas que comprometen seriamente la calidad, equidad y seguridad jurídica del procedimiento, afectando de forma directa a los derechos de las personas más vulnerables”, resumen.

Personal de la Consejería que dirige Candelaria Delgado señala en un escrito que ha entregado a los grupos parlamentarios que entre los aspectos más “graves” del decreto se encuentra “la posibilidad de extinguir el derecho a la prestación si no se accede al servicio en un plazo de tres meses, sin garantizar mecanismos concretos que justifiquen que la causa no sea imputable a la persona usuaria y penalizando situaciones derivadas de problemas estructurales del propio sistema”.

“En primer lugar, la norma impone a la persona beneficiaria la carga de probar que la falta de acceso no le es imputable. Esta inversión de la carga de la prueba resulta desproporcionada, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad, que pueden enfrentar barreras estructurales como listas de espera, carencias de plazas, falta de cobertura territorial de las empresas acreditadas o incidencias administrativas. Estos obstáculos, imputables al propio sistema, no siempre son fácilmente documentables por el usuario”, señalan en el escrito.

“Parece que esta medida, que consideramos tirana, se ha hecho de cara a mejorar los datos estadísticos, ya que al extinguir el derecho, se refleja como un expediente finalizado. El problema es que el ciudadano se queda sin recibir ninguna ayuda del Gobierno, y en la mayoría de las veces por causas ajenas a su propia responsabilidad”, apunta.

Por otro lado, los trabajadores y trabajadoras hacen alusión a que el decreto elimina el Informe Social del procedimiento de dependencia, “sustituyéndolo por una figura denominada ”Informe del Entorno“, que no está reconocida ni definida en la legislación vigente en materia de Servicios Sociales” ni en la Ley de Dependencia.

“La supresión del Informe Social no puede entenderse como una mera simplificación burocrática. Se trata de un instrumento técnico esencial e insustituible, que garantiza una valoración integral y profesional de la situación social del solicitante”, insisten.

Otra cuestión que denuncian es la revisión de valoraciones mediante muestreo, lo “que impide un control técnico riguroso y coherente en todos los casos, no garantizando que todas las valoraciones estén correctas”.

También denuncian “la asignación de funciones técnicas a personal sin formación especializada ni control efectivo, lo que puede dar lugar a decisiones erróneas, arbitrarias o influenciadas por conflictos de interés. No puede ser que una persona que esté valorada por un profesional con el que tiene contacto directo y rutinario, pueda tener mayor posibilidad de una sobrevaloración de su situación, con respecto a aquellas que sean valoradas por personal del servicio central, con el que no haya ningún conflicto de interés”. 

Por otro lado, inciden en que la eliminación del modelo normalizado de Informe de Salud, “genera valoraciones erróneas ya que no se dispondrá de toda la información completa y obligatoria para el desempeño correcto del baremo y pone en riesgo el acceso de los canarios al derecho en igualdad de condiciones”. 

El Gobierno de Canarias aprobó el pasado 21 de abril el polémico decreto de dependencia con el que están en contra los colegios de Trabajo Social de ambas provincias y el personal técnico de la Consejería, que presentaron numerosas alegaciones al mismo. La consejera de Bienestar Social Candelaria Delgado defendió que se recortarán los tiempos para reconocer la dependencia al pasar de un modelo bifásico a otro monofásico. Es decir, solo bastará con una visita al domicilio de la persona usuaria para tramitar el grado de dependencia y el Programa de Atención Individualizada.

Los trabajadores y trabajadoras señalan además en el escrito que entienden que es esencial hacer una simplificación administrativa del procedimiento, y que se tenga en cuenta la posibilidad de realizar solamente una visita, “pero ello, no debe implicar una merma de la calidad técnica ni de la seguridad jurídica del procedimiento. Reivindicamos una atención a la dependencia de calidad, garantista, con criterios técnicos y en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía canaria. Este decreto, tal y como ha sido aprobado, no solo nos aleja de esos objetivos, sino que pone en riesgo la equidad y la dignidad de las personas dependientes”, afirma.

“Entendemos que el Decreto 46/2025 de la Comunidad Autónoma de Canarias introduce disposiciones que contradicen la legislación estatal básica en materia de dependencia” y solicitan a las instituciones que valoren la interposición de un recurso contencioso-administrativo o, en su caso, la adopción de medidas parlamentarias, administrativas o jurídicas “que conduzcan a su modificación urgente”.

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