Un tribunal popular juzgará, previsiblemente, al vigilante forestal imputado como presunto autor del incendio declarado el pasado viernes en Gran Canaria, cuya instrucción tardará como mínimo un año en llevarse a cabo, informó el fiscal de Medio Ambiente Guillermo García Panasco. Asimismo, manifestó que los datos ofrecidos por Greenpeace con respecto a las condenas por incendios llevadas a cabo en Canarias “requiere una verificación”, y añadió que “todos los incendios se investigan” aunque es “especialmente difícl” de esclarecer.
Al vigilante forestal Juan Antonio N.A., de 37 años, en prisión preventiva incomunicada y sin fianza, se le imputan los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente, después de reconocer que había provocado el fuego en el Monte de Pajonales con unas cerillas. El detenido ha manifestado que su intención era que se ampliara el plazo del contrato que le unía al Cabildo Insular como vigilante forestal, pues estaba contratado desde pasado 1 de julio hasta el próximo 30 de septiembre.
El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y con competencias en la provincia de Las Palmas precisó que es difícil hacer una mínima previsión sobre el tiempo que requerirá la investigación por el hecho de tratarse de un incendio, y porque se da la circunstancia que la titular del juzgado competente está de vacaciones y la juez sustituta que lo ha iniciado sólo puede incoar las actuaciones urgentes.
El asunto lo instruye el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arucas, si bien la juez María Auxiliadora Díaz, de Instrucción 1, lo inició como jueza sustituta hasta que se incorpore a mediados de agosto la jueza titular Mónica Oliva, señaló.
Dijo que es posible que la próxima semana se practique alguna diligencia más, pues en estos días se ha procedido a inspeccionar el lugar donde se inició el fuego en el Monte de Pajonales con el vigilante forestal, previa autorización suya y en compañía de su letrado, así como un registro de su casa. Indicó que lo más difícil de calcular es el tiempo de redacción del informe técnico que debe elaborar el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sobre el lugar y comienzo del fuego, su recorrido y demás detalles acerca del mismo.
Informó de que desde la fiscalía se interesará un informe de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para que el servicio de biodiversidad efectúe un balance sobre los daños medioambientales causados en la flora y la fauna y, si se puede, cuantificarlos, así como en los acuíferos. Para averiguar este último punto si fuera necesario se recurriría al Instituto de Geominero de España, agregó.
Además, también hay que llevar a cabo toda la tarea relativa a determinar en qué administraciones o empresa recae la responsabilidad civil de los perjudicados por el fuego, derivada de la relación laboral del imputado, quien mantenía un contrato temporal para desempeñar funciones estrictamente de vigilancia. “No va a ser sencillo”, pero como mínimo un año, cálculo que estimó en función del tiempo que han requerido otros supuestos similares.
Según García Panasco, la fiscalía por ahora no contempla una actuación sobre las responsabilidades civiles derivadas en relación al estado de conservación del monte antes de suceder el incendio.
En cuanto a los test psicológicos que se practicarán a los responsables de los incendios forestales para identificar la tipología y la casuística de los mismos, explicó que, en caso de que lo acepte el vigilante forestal detenido por el incendio de Gran Canaria, sus conclusiones no afectarán al procedimiento en ningún modo: “ni a favor ni en contra”.
Recordó que se trata de una prueba voluntaria a iniciativa de la Fiscalía General del Estado en la que se garantizará la ley de protección de datos, y es una cuestión gubernativa con efectos estadísticos.
El objetivo es valorar si es posible definir un perfil del pirómano, que, de conseguirse, a medio y largo plazo se podría aplicar como medida preventiva, pero aún está en “fase embrionaria”, indicó el fiscal. “No se trata de buscar perfiles de delincuentes”, subrayó García Panasco, pues no implica presunción de inocencia ni afecta a los derechos fundamentales de las personas.
Investigación de incendios
El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Guillermo García Panasco, consideró este viernes que el dato facilitado por Greenpeace de que en Canarias sólo se ha producido una sentencia condenatoria en diez años por delitos de incendios “requiere una verificación”.
García Panasco señaló que proporcionalmente el número de sentencias es inferior al de incendios que se producen en España, pero aseguró que en Canarias “todos los incendios se investigan”, aunque advirtió de que se trata de un hecho “especialmente difícil” de esclarecer.
Las investigaciones de los incendios resultan complejas porque se producen con cierta clandestinidad, donde no hay habitualmente personas que puedan actuar después como testigos de los hechos, entre otras razones, refirió.
“Todos los incendios se investigan y de todos se emite el correspondientes informe técnico”, insistió García Panasco, pero ello no significa que se consiga averiguar su autor. En la inmensa mayoría de los casos se puede decir que detrás de estos fuegos está la mano del hombre, aunque todos no son intencionados, pues pueden ser fortuitos o accidentales.
El número de incendios por causas naturales, como puede ser por el efecto de un rayo o el reflejo del sol en un cristal, es “ínfimo”. En cuanto al incendio ocurrido también en el centro de la isla en julio de 2005 y que arrasó 150 hectáreas, dijo que no se llegó esclarecer la autoría del mismo y que en el informe del atestado elaborado por el Seprona se determinó que fue “claramente provocado” con productos inflamables.