Los trabajadores y trabajadoras de la empresa Grupo de Cementos Especiales de las Islas (CEISA) se han manifestado este jueves frente al edificio de Usos Múltiples del Gobierno de Canarias en protesta por la reunión que allí mantenían el Consejo de Administración de Puertos Canarios, de la que es presidente el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo Regional, Pablo Rodríguez. El objetivo del encuentro era, entre otros, tratar el futuro del expediente sobre la nueva concesión de uso industrial para que la cementera pueda seguir operando en el puerto de Santa Águeda, ubicado en El Pajar (San Bartolomé de Tirajana).
Lo que se decida con dicho expediente, determinará el futuro laboral de estos trabajadores y del Puerto de Santa Águeda. “Especulador Pablo Rodríguez”, “Por nuestros derechos” o “Puerto industrial”, fueron algunos de los lemas que corearon este jueves.
En septiembre, el Gobierno de CC- PP manifestó su intención de no renovar la concesión a esta empresa. El coordinador general de la cementera, Claudio Piernavieja, confesó a finales del mes pasado estar “atónito” ante el anuncio porque asegura que CEISA tiene derecho a operar y que les ampara el procedimiento reglado y un expediente “muy armado”.
La empresa CEISA ha sostenido que la concesión minera para la explotación de la cantera tiene vigencia hasta 2046, prorrogable 30 años más, y que esa concesión minera está vinculada a la del puerto.
“No nos moverán de El Puerto del Pajar”, insistieron los trabajadores y trabajadoras con fuerza este jueves durante la protesta en la que recordaron que más de 600 familias se quedarían en la calle si se consuma esta intención del Gobierno de Canarias.
Los últimos vaivenes con la cementera
El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, anunció hace unas semanas que el organismo autonómico Puertos de Canarias no renovará la concesión que permite a Ceisa explotar el puerto de Santa Águeda e insistió en que ya está vencida porque se va a dar a ese muelle el uso turístico y deportivo que le reserva desde hace años el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
Además, el Partido Popular y Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han cambiado de opinión sobre la continuidad de la industria cementera. Así quedó de manifiesto este jueves en un pleno de la Corporación en el que ambas fuerzas políticas rechazaron una moción de Nueva Canarias en la que, a instancias de los trabajadores de esa fábrica, se intentaba reafirmar los acuerdos del pasado mandato, durante el cual todas las fuerzas de la Corporación se mostraron en contra del cambio de uso del muelle de titularidad pública sobre el que opera.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, acusó hace unas semanas a Coalición Canaria (CC) en el Parlamento de “entregarse” a ciertos intereses empresariales turísticos, tras el reciente anuncio de proponer a Puertos Canarios un nuevo uso turístico deportivo en Santa Águeda y no renovar con ello de forma temporal hasta que se produzca el traslado definitivo de la cementera a otra parte de la isla.