Una plataforma de docentes y alumnos exige que se invierta un 4% del PIB canario para educación en 2019

La Plataforma 5% para la Educación en Canarias reclama al Gobierno autonómico que sume 245 millones de euros al presupuesto educativo de las islas (respecto al ejercicio anterior) para alcanzar, en 2019, un gasto educativo igual al 4% del Producto Interior Bruto regional. Para esta asociación, que incluye a docentes, padres, alumnos y otros profesionales relacionados con la educación, este incremento es sólo un paso. Eso sí, un salto necesario para cumplir el objetivo de llegar al 5% en 2022. ¿Una utopía? No. Simplemente otra de las previsiones incumplidas de los gestores de la Educación Pública en Canarias en los últimos años.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria marca un suelo que hoy dista mucho del techo alcanzado: “El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto”. El texto no es ninguna declaración de intenciones o un párrafo sacado de algún debate parlamentario  bienintencionado. Es el inciso tres del artículo 72 de la citada Ley. O sea, una obligación para el Ejecutivo regional. Pero la realidad es bien distinta. En 2008 el presupuesto canario de Educación suponía el 4,02% del PIB, en 2013 se redujo al 3,72% y para 2018 quedará, si se cumplen las previsiones, por debajo del 3,6% del PIB.

Miembros de la plataforma entregaron un documento a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, en el que se hace una diagnosis del sistema educativo y se solicita ese esfuerzo presupuestario, algo que consideran, no sólo una necesidad, sino una obligación marcada en la propia Ley.

Esta realidad, que tiene su reflejo más inmediato en una de las tasas más baja de población con estudios universitarios (un 29,6% frente al  49,7 del País Vasco o el 47 de Madrid –la media nacional es de 36%-) o de las más altas en número de habitantes que no fue más allá de la Educación Primaria (45,2% en Canarias frente al 28,8 del País Vasco o el 27,1 de Madrid –la media estatal es del 40%) contrasta con las exenciones fiscales que, según analiza la plataforma, se han venido produciendo de forma habitual en los últimos ejercicios. Las rebajas de impuestos, aseguran, sacaron del sistema público de financiación más de 124 millones de euros. “Solo el descenso del tipo del IGIC de la Telefonía Móvil del 7 al 3% ha supuesto una merma de 40 millones de euros lo que supone, para el usuario, apenas un ahorro de uno o dos euros en cada factura”, señala Bernardino Ruíz, docente jubilado y miembro de esta plataforma que aboga por la defensa de la Educación Pública. “Con ese dinero se pagaría el sueldo de mil maestros”, señala.

Según señaló el docente, “los datos fiscales son demoledores” ya que “aún no se ha recuperado el volumen de ingresos del 2008” pero siguen implementándose medidas que tienden a más rebajas en la recaudación, un extremo que “afecta de manera clara a la calidad de los servicios públicos. La plataforma señala que Canarias está a la cola de España en cuanto a participación de los ingresos fiscales autonómicos en sus cuentas públicas (un 7% frente a la media del 10,10) y eso se nota. 

Para paliar este déficit proponen redefinir la política fiscal para recaudar lo suficiente, sumar las aportaciones del Estado (sólo en materia de infraestructuras se logró una partida de 40 millones en los Presupuestos Generales de 2018) y plantear un gran pacto por la Educación para lograr ese horizonte del 5% del PIB en 2022. “Estamos exigiendo que se cumpla la Ley; todo año que se pierde se traduce en miles de alumnos que se trasvasan a la educación privada y otros muchos que abandonan el sistema. Al final, la falta de recursos para la educación pública se reduce a una especie de competencia entre el modelo público y privado”.