El Gobierno canario no cumplirá la obligación legal de destinar el 5% del PIB a Educación
Educación es una de las áreas que continúa sufriendo en mayor medida las secuelas de los recortes de la crisis económica. Canarias ha quedado históricamente a la cola en los indicadores que miden la calidad educativa por comunidades autónomas, con mayor ratio de alumnos por aula y peores resultados en el informe PISA, de donde se desprende que el resultado de las pruebas está directamente relacionado con el estatus socioeconómico y cultural de los estudiantes y sus familias, en lo que influye el hecho de que es la comunidad con mayor tasa de personas en riesgo de sufrir exclusión social y pobreza infantil. Por ello, la Ley Canaria de Educación, impulsada en 2014 por el PSOE, recogía que en 2022 el Archipiélago debía cumplir con el objetivo de que el 5% de su PIB se destinara a Educación, un compromiso que, sin embargo, se aleja de las previsiones económicas del actual Gobierno de Canarias (CC).
Si se tiene en cuenta el plan presupuestario publicado en el BOC de la comunidad autónoma el pasado 20 de abril de cara al período 2019-2021, se estima que las partidas para Educación vayan en aumento hasta llegar a 1.800 millones de euros. Sin embargo, la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del Ministerio de Hacienda de las comunidades autónomas para aplicar la evolución del gasto computable es que el PIB se incremente en un 2,4% en 2018; 2,7 en 2019 y 2,8 en 2020 y 2021.
Actualmente, el Producto Interior Bruto de Canarias a precios de mercado es de 44.206 millones de euros, según el ISTAC. Al calcular, de acuerdo con la estimación del Gobierno estatal, cuánto incrementará el PIB de las Islas de aquí al año 2021, daría como resultado un total de 47.791 millones. Si además se extrae de esa cantidad qué proporción se destinará a Educación, se obtiene que el Gobierno regional dedicará un 3,66% de su PIB a esta área, con lo cual estaría incumpliendo con su propia Ley autonómica ya que se aleja del objetivo de destinar un 5% al año siguiente.
Una demanda social
Una plataforma compuesta principalmente por docentes, sindicatos y estudiantes ha desarrollado acciones desde finales del año pasado con el fin de que se cumpla con la ley. Con el lema ¡Por un 4 % para Educación ya! ha defendido que la Educación se recupere del retroceso que ha sufrido en los últimos años en inversión.
Además, el colectivo se ha pronunciado en contra del presupuesto autonómico destinado a esta área para 2018 al considerar que la partida es “insuficiente”. Su reclamación fue trasladada por la oposición al Parlamento de Canarias, donde se instó al Gobierno en minoría de Fernando Clavijo (CC) a que cumpliera con este compromiso y, al menos, este año se incrementara el presupuesto hasta alcanzar el 4% del PIB. Sin embargo, las cuentas subieron con respecto a 2017, pero no con el objetivo reclamado sino destinando un 3,7% del PIB.
El diputado socialista Iñaki Lavandera sostiene que en el documento de las previsiones económicas del Gobierno de Canarias, CC deja claras cuáles son sus prioridades “y es, una vez más, renunciar a tener una Educación y una Sanidad de calidad y estar siempre a la cola en los servicios públicos esenciales cuando nos comparamos por comunidades autónomas”.
A su juicio, una oportunidad perdida en ese sentido y que supuso la ruptura del Gobierno por parte de los socialistas es el destino del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), unas partidas que insiste en que se podrían haber aplicado a políticas sociales, aún más si se tiene en cuenta las necesidades de esta comunidad autónoma, sus tasas de exclusión social, pobreza, falta de recursos públicos…
Lavandera señala que es consciente de que el Gobierno tiene un límite de gasto y debe cumplir con él, pero pone el foco en qué áreas prioriza y no es precisamente en Educación, que considera esencial para lograr mejores niveles de bienestar social y crecimiento. Así mismo, defiende que una buena política pública educativa debería garantizar que el alumnado llegue tan lejos como le permita su capacidad y su esfuerzo, y no la capacidad económica de sus familias. De ahí, la importancia de la Ley Canaria de Educación.
La propia consejera Soledad Monzón admitió, en una entrevista publicada en Canarias Ahora, que alcanzar el 5% del PIB en Educación es un objetivo difícil. “Llevamos un retraso en la consecución de ese objetivo por los años en que el presupuesto no solo no creció, sino que incluso se redujo. Alcanzar ese objetivo está siendo difícil”, vaticinaba entonces.
Las previsiones actuales impedirían que se logre ese objetivo en 2022, aunque no es el único. La Ley Canaria de Educación también recoge, entre otras medidas, el impulso de las escuelas públicas de cero a tres años mediante una red pública de infraestructuras que lo garanticen. Sin embargo, cuatro años después de la entrada en vigor de la norma, las medidas siguen sin cumplirse.
