El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este jueves por unanimidad separar de la carrera al magistrado canario José Antonio Martín, ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y actualmente en labores de juez en la Sección Primera de ese órgano jurisdiccional.
El órgano de gobierno de los jueces ha hecho suyas las conclusiones del expediente disciplinario abierto en 2006 instruido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Triviño. En esas conclusiones se da por probado que José Antonio Martín cometió cuatro faltas muy graves por haber asesorado al entorno del narcotraficante Rafael Bornia para que éste accediera a la libertad bajo fianza.
Según ese expediente, el magistrado presionó a sus compañeros de Sala para que acordaran la libertad de Bornia previo pago de una fuerte fianza, asesoró al entorno del narcotraficante y participó en dos consejos de administración de otros tantos consejos de administración de empresas dedicadas al asesoramiento jurídico, algo prohibido a los miembros de la carrera judicial.
Esta decisión del CGPJ contrasta con la absolución acordada en enero pasado por el Tribunal Supremo, que no encontró delictiva la actuación del magistrado, previamente condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por un delito de negociación prohibida a funcionario público.
Tras esa sentencia, Martín se reincorporó a su plaza de magistrado de la Audiencia Provincial, si bien perdió su condición de presidente de este órgano como consecuencia de la suspensión temporal a la que fue sometido al abrírsele diligencias penales. Ese cargo lo ocupa ahora la magistrada Pilar Parejo.
Después de su absolución, Martín tomó posesión de su puesto de magistrado, pero quedó pendiente de la resolución de su expediente disciplinario, congelado a la espera de que concluyera la fase penal. El expediente se reactivó en enero, tras la sentencia del Supremo, y ahora concluye con esta resolución final que aparta al juez de la carrera judicial a tan solo un mes de su jubilación.
Martín pierde de este modo su consideración de juez y todos los derechos y prerrogativas inherentes.