Una organización que se dedicaba a emitir contratos de trabajo falsos en el sur de Gran Canaria ha sido desarticulada por la Policía Nacional, en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, en una operación en la que han sido detenidas 27 personas.
La organización, que estaba dirigida por un asesor laboral, emitía los contratos tanto a ciudadanos extranjeros, para conseguir la residencia, como a españoles, con el fin de obtener prestaciones por desempleo, según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Los 27 detenciones se repartieron entre Santa Lucía de Tirajana y Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) y, según la nota, los contratos a los inmigrantes les permitía regularizar su situación en España e, incluso, acceder al cobro de las prestaciones por desempleo.
El principal acusado es el asesor laboral J.M.G.R., vecino de Santa Lucía de Tirajana, quien contaba con varios intermediarios para captar a los inmigrantes en diversos locutorios de Vecindario.
El asesor laboral ha sido imputado por delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.
Los agentes realizaron un registro en su domicilio y se incautaron de equipos informáticos, así como de numerosa documentación de interés para la investigación.
El asesor, que está expulsado del Colegio de Graduados Sociales de Las Palmas desde el año 2009, se aprovechaba de que podía utilizar el sistema informático “RED” de la Seguridad Social para dar de alta de manera fraudulenta a trabajadores, en su mayoría de origen magrebí y subsahariano.
El detenido utilizaba la documentación que poseía de las numerosas empresas para las que había trabajado en los últimos años como asesor y realizaba contratos de trabajo falsos sin el consentimiento de sus dueños.
Estos contratos de trabajo, que se vendían por cantidades que oscilaban entre los 800 y los 1.000 euros, permitían la solicitud o la renovación de las autorizaciones de residencia e, incluso, algunos extranjeros consiguieron reagrupar a sus familiares o adquirir la nacionalidad española.
Asimismo, el detenido creó una empresa de construcción que no ejercía actividad alguna, en la que dio de alta en los últimos años a 40 empleados con el fin de que ciudadanos extranjeros pudieran conseguir la autorización o renovación de sus residencias.
Estos contratos permitieron el cobro de prestaciones por desempleo a españoles y provocaron un fraude a la Seguridad Social de 285.897 euros por cuotas impagadas y otro de 169.359 euros por el cobro indebido de prestaciones por desempleo.
La investigación continúa abierta y se esperan nuevas detenciones, así como actuaciones sancionadoras por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.