El Partido Popular y Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han cambiado de opinión sobre la continuidad de la industria cementera en el puerto de Santa Águeda, en Arguineguín. Así quedó de manifiesto este jueves en un pleno de la Corporación en el que ambas fuerzas políticas rechazaron una moción de Nueva Canarias en la que, a instancias de los trabajadores de esa fábrica, se intentaba reafirmar los acuerdos del pasado mandato, durante el cual todas las fuerzas de la Corporación se mostraron en contra del cambio de uso del muelle de titularidad pública sobre el que opera.
La moción es producto de los últimos anuncios del Gobierno de Canarias, precisamente formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, en el sentido de que se va a dar por caducada la concesión a Ceisa en Arguineguín, para destinar esa infraestructura, de titularidad autonómica, a usos recreativos o turísticos, como establece el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y reclaman asociaciones y organismos empresariales del sector turístico.
Pero en el pasado mandato, bajo la alcaldía de la socialista Conchi Narváez, todas las fuerzas de la Corporación, incluidas el PP y CC, se posicionaron en contra de esa eventualidad alegando que la concesión podía ser ampliada para no detener esa industria en la zona. El pronunciamiento había sido reclamado tanto por los trabajadores de la cementera como por los representantes vecinales de Santa Águeda, que no quieren que la colonización turística de la zona, aunque no rechazan la convivencia entre ambas actividades. Ceisa, a su vez, solicitó al anterior Gobierno una ampliación de la concesión alegando que su actividad está vinculada a una cercana cantera de puzolana, un material necesario para la fabricación de cemento, y que en tal sentido le respaldaría la legalidad.
El consejero de Obras Públicas de Canarias, Pablo Rodríguez, que a su vez preside el organismo público Puertos Canarios, del que depende el recinto de Santa Águeda, se ha mostrado públicamente inflexible y ha hablado incluso de que el siguiente paso del Gobierno será la “ocupación” de ese puerto, es decir, el cese forzoso de la actividad de la cementera, que no tendrá por donde dar entrada a los materiales que necesita para producir cemento ni para dar salida a su producción.
La decisión de Puertos Canarios la situó el consejero a finales de este mes, pero hasta el momento esas amenazas no parecen haberse ejecutado.
En este contexto, los responsables de Ceisa han anunciado que este viernes harán pública su postura.